El futuro del INI

Por David Cilia Olmos

Como hongos después de la lluvia aparecieron luego de la insurrección indígena en Chiapas los discursos gubernamentales de nueva relación del Estado con los pueblos indios. Sin embargo, a casi 3 años es difícil precisar una propuesta oficial concreta, aunque sectores del gobierno y la llamada clase política han dejado clara su intencionalidad de destruir al Instituto Nacional Indigenista.

En la lectura que hizo el presidente Zedillo de la Consulta Nacional Sobre Derechos y Participación Indígena el 22 de mayo del 96 retoma la idea de que el Instituto Nacional Indigenista debe ser entregado a los gobiernos de los estados de la federación donde actualmente opera. Este planteamiento es esencialmente distinto a lo que el INI, entre 1988 y 1994, consideró una de sus tres líneas estratégicas: la transferencia de funciones y recursos a las comunidades y organizaciones indígenas.

El planteamiento presidencial parece responder más al reclamo de gobernadores, presidentes municipales y políticos locales, y dirigentes oficialistas, en cuanto que los programas del INI se ejecutan sin que ellos tengan injerencia, que a la demanda de transferencia que surge de las comunidades.

Son los acuerdos de Larrainzar entre el EZLN y el Gobierno Federal, los que resumen en buena medida el reclamo de transferencia que se hace desde los pueblos indios. En estos acuerdos se habla en primer lugar del reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, del derecho de asociarse para coordinar sus acciones como pueblos indios para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen y, para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles1.

Pero el plantemiento presidencial del 22 de mayo no habló de fortalecer la participación indigena sino de fortalecer al gobierno estatal frente a los indígenas.




¿El fin del indigenismo?

¿De qué indigenismo?

Otros discursos, desde el punto de vista de la academia, nos hablan del fin del indigenismo, del agotamiento del paradigma indigenista y por tanto, de la desaparición del INI. De una manera ligera se identifica el indigenismo gubernamental de los años 40´s con el indigenismo que -con todo y sus deficiencias- se venía practicando en los últimos años por el INI. Los tímidos intentos por hacer una caracterización contemporánea de la política del INI se ven apabullados, para los enterradores del indigenismo no existe el indigenismo de participación, ni hay diferencia entre el indigenismo culturalista y el indigenismo productivista, todo el indigenismo es integracionista al estilo de los 40´s y por tanto tiene que morir.

Confunden el indigenismo, que no es más que la política del estado con respecto a los pueblos indios, con una determinada ideología, doctrina o teoría. Confunde la política de Estado, toda, con respecto a los pueblos indios, con lo que el INI hace o deja de hacer, como si el Estado sólo expresara su política a partir del INI y no de todas las instituciones gubernamentales que -particularmente con sus omisiones y descuidos- expresan a gritos cual es la actitud del Estado hacia los pueblos indios. Pareciera ser que el tiempo no hubiera pasado y no notan que una de las matrices de los modernos planteamientos de la nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indios, es de manera importante, la experiencia que los trabajadores indigenistas han tenido al cumplir sus tareas.

Sin embargo, los enterradores oficiales y semioficiales no han logrado hacer la autopsia del indigenismo que van a sepultar y tampoco han precisado cuál es ese nuevo paradigma cuyo nacimiento anuncian, y esto se lo deben más que nada a un desconocimiento de la problemática indígena y de la experiencia y accionar del INI.




¿ES POSIBLE UN NUEVO INI?

La nueva relación Estado-Pueblos indios sólo puede ser un proceso de construcción de políticas y acciones que parta del reconocimiento autocrítico del papel que ha jugado el Instituto Nacional Indigenista, pero también y sobre todo, el Estado como tal.

Ciertamente los anteriores planteamiento de integración de los indigenas a "la nación" (Cardenas), al "desarrollo" (Luis Echeverria) y en el sexenio anterior a "la mentalidad empresarial" (Salinas de Gortari), han demostrado su incapacidad para enfrentar la problemática social indígena que crece en todas las regiones y adquiere razgos de explosividad en algunos.

El movimiento social indígena sigue en ascenso desde la conmemoración del 5º centenario del llamado descubrimiento de América , sus reivindicaciones inmediatas han ido perdiendo su particularismo y se acuerpan. La demanda pulverizada, local, especifica, se convierte cada vez más en un sistema de problema ante los ojos indígenas, que tiene que ver escencialmente con el despojo que estos han sufrido en la toma de sus propias determinaciones. Y ante tal sistema de problemas, por distintas vias, los pueblos indios arribaron y siguen arribando conceptualmente a un sistema de soluciones que tiene como piedra clave la demanda de autonomía.

Al interior del Instituto Nacional Indigenista en su momento no se terminó de entender el planteamiento de transferencia de funciones y recursos a las organizaciones y comunidades indígenas propuesto en la época de el doctor Warman y éste planteamiento quedó como una más de las muchas acciones que los técnicos del INI tenían que realizar, como llevar víveres a los albergues, llenar formatos burocráticos de proyectos, realizar censos penitenciario y de todo tipo, en fin, una más de las "múltiples tareas" que se tiene que cumplir milagrosamente junto a los bomberazos de costumbre.

El planteamiento aún vigente de Descentralización y Federalismo de abril del 96 (Nueva relación, aspectos institucionales) nace en el INI, sin una evaluación colectiva del proceso de transferencia iniciada en 1988, y sin espacios para un debate que involucre a los que de alguna manera tienen algo que decir.

Afortunadamente al interior del INI ha quedado claro que la nueva relación del Estado con los pueblos indios, sólo puede nacer del reconocimiento de que son los pueblos indios los que construirán su propio desarrollo, su propia historia y que la vía para lograrlo es -necesariamente- la autonomía.

Pero aún falta mucho, pareciera que, todavía, en la acción real, la autonomía es la antípoda de la acción institucional, cuando en realidad no es sino la consecución histórica de un planteamiento original de transferencia, que también tuvo una matriz, entre muchas otras, en el INI.







El INI y la organización social indígena

Durante un tiempo al interior del Instituto Nacional Indigenista la autonomía indígena fue considerada como la antípoda de la acción institucional, esta actitud todavía se reflejó en uno de los documentos de trabajo de la Dirección General, de la primavera del 95 "Hacia la definición de una política indigenista de Estado" donde textualmente se afirma "Se requiere instrumentar a la brevedad posible los mecanismos para la elaboración de la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional. Para el éxito de esta propuesta se contempla: ... b) Salir al paso de las visiones "autonomistas" que han surgido a partir del conflicto de Chiapas".

Una afirmación de esta naturaleza bastaba para inhibir al interior del INI cualquier debate a profundidad sobre la nueva relación del Estado con los pueblos indios, sobre todo para los trabajadores-investigadores que al interior del Instituto tienen la convicción profunda de que la problemática social indígena, con toda su carga histórica, solo puede ser solucionada por los propios pueblos indios y esto solo puede lograrse si estos se reconocen y constituyen en entidad colectiva para si misma y con derechos plenos.

A muchos personas al interior del INI les costó, y a algunas aún les cuesta, trabajo entender que la autonomía de los pueblos indígenas solo es la conclusión lógica, la consecusión (de conseguir, o de consecuencia) histórica de un planteamiento originalmente institucional de transferencia de funciones y recursos planteada como una linea estratégica desde 1988.

No es dificil descubrir que tranferencia de funciones y recursos a las comunidades y organizaciones indígenas es un insumo de la autonomía, incompleto si, pues no se hacía explícito el reconocimiento a los pueblos indios, pero avanzado en relación a 1988 en el que pocos imaginamos un escenario como el actual donde los pueblos indios se les reconoce -o se lo toman- un papel protagónico en la vida nacional.

La búsqueda unilateral de los caminos de la transferencia de funciones al interior del INI, tuvo que ver con la búsqueda del "sujeto social", del "interlocutor válido" ¿o a quién se le van a entregar las cosas? se preguntaban los trabajadores indigenistas por ahí por el 92. Así, gran parte del esfuerzo se dió en identificar y organizar al sujeto social, capacitarlo para las funciones que se le iban a entregar. Los Fondos Regionales de Solidaridad, fueron considerados como el mejor pretexto para desencadenar el proceso organizativo y al mismo tiempo era una expresión real de transferencia de recursos y funciones en el terreno económico y productivo.

Pero el primero de enero de 1994 sorprendió al INI buscando al "sujeto social". Una parte del sujeto social planteaba ya -mediante una insurrección armada- la demanda (entre otras) de autonomía. La simple noticia sobre la insurrección armada contribuyó decisivamente al resquebrajamiento de una parte de la estructura de dominación ideológica y corporativa sobre los pueblos indios y, en todas las regiones se desató el debate, y más tarde la demanda, de autonomía.

Pero el INI siguió empeñado en su búsqueda de un sujeto social políticamente puro (o sea: 100% apolítico, ni pri-corporativo, ni de oposición radical), mientras su sujeto social se brincaba todas las trancas, todos los recipientes organizativos institucionalizados y se erigían nuevos actores, nuevas demandas, nuevas concepciones.

Así, la poco afortunada respuesta "...se requiere salir al paso de las visiones autonomistas que han surgido a partir del conflicto de Chiapas". poco sirvió para poner al INI a la altura de los acontecimientos históricos. De esta manera el INI fue rebasado por el ascenso social indígena, y mientras definía a quién le va a trasferir, qué y cómo, otros ya estaban pidiendo su cabeza.

Paradójicamente una buena parte de los llamados a desaparecer el INI, sobre todo los encubiertos, se hacen desde las órbitas oficiales, por funcionarios federales que poco saben de la problemática indígena, por políticos locales vinculados a organizaciones corporativas y caciquiles, y no para entregar a los pueblos indios lo que les pertenece, el derecho a sus recursos y a los recursos nacionales para plantearse SU desarrollo, el derecho a tomar SUS determinaciones, el derecho a tomar el futuro en sus propias manos, sino para dejar sus restos en manos de caciques locales en los distintos niveles de gobierno.

Ciertamente se necesita un nuevo INI, uno que entienda que su campo de acción no son las parcelas sociales (y en algunos casos macetas sociales) de organizaciones creadas por él mismo, sino todo el universo indígena y que reconozca que no puede ser parte del proceso social indígena sin abrirse a una discusión franca sobre autonomía con todas las corrientes indias. Pero no es destruyendo éste como va a aparecer mágicamente el otro. David Cilia Olmos










La nueva institución indigenista.

Hoy ha quedado claro el desfase que había entre lo que estaba entendiendo el INI como la transferencia de funciones a las organizaciones y comunidades indígenas planteada desde 1988 y la -hasta ese momento naciente- demanda de autonomía de los pueblos indios. Todavía en 1995 se entendía al interior del INI que las funciones y recursos a transferir a los pueblos indios eran simple y llanamente dinero (ramo XXVI del presupuesto de la federación), módulos de apoyo a los Fondos Regionales de Solidaridad -sin lugar a dudas el principal programa a cargo del INI- y los albergues escolares. Aunque hubo quien afirmó al interior del INI que a 6 años de iniciado el proceso la transferencia aún era un buen deseo.






Se requiere una institución indigenista que articule las demandas de autonomía hechas por los pueblos indios con una transferencia ordenada completa, equitativa y justa de las funciones de gobierno y los recursos que les corresponden a los pueblos indios. No se trata desde las filas del gobierno federal continuar con el planteamiento: "ahora te traigo este programa", "ahora de voy a dar este recurso" que ha sido siempre el planteamiento unilateral del gobierno que en su versión más moderna se traduce en "a ver, pues, que cosa quieres", "¿cómo pues quieres que aplique en tu comunidad este nuevo programa o este dinero que me voy a gastar en ti?".




La nueva institución indigenista tiene que ser la expresión orgánica del nuevo planteamiento en el que la sociedad nacional hace cuentas de la parte que corresponde a los pueblos indios y los entrega a sus instancias propias de gobierno. No es el planteamiento "de tengo tanto $$$ para tí y tanto otro para tí", sino en el reconocimiento bilateral de las necesidades específicas, del aporte acumulado que han hecho a la economía nacional los pueblos indios y de la necesidad de un desarrollo nacional más justo y equilibrado.




Estamos hablando de una institución que no tenga como pretexto recurrente ante las demandas indígenas la ya ancestral falta de recursos, sino que se comprometa con el planteamiento de desarrollo que hacen los pueblos indios, que instrumente por el lado gubernamental los compromisos que el gobierno federal firmó en el camino de la paz con el EZLN, los compromisos suscritos en el ámbito internacional -Convenio 169 de la OIT- y los que de por si el Estado tiene con todos y cada uno de los habitantes de este país y particularmente con los más desposeídos.




¿Habrá que formar una nueva institución para lograrlo? -yo creo que no. Las instituciones creadas al vapor en sexenios pasados, con el prurito real o demagógico de atender a los pueblos indios, han quedado en monumentales -o discretos- elefantes blancos y en un olímpico desperdicio de recursos financieros, sin que se haya podido avanzar en la dirección de solucionar injusticias y carencias. Coplamar, Pider, Huicot, CNJSDPI han tocado las zonas indígenas, han dejado una gran derrama económica entre profesionistas y empresas mestizas, han creado uno que otro neo-cacique o cacique-institucional, han cubierto de gloria algunas páginas, no de la realidad, sino de los informes presidenciales y, nada más.







La institución más próxima a cumplir con una nueva relación entre el Estado y los pueblos indios y las tareas que se desprenden, es el Instituto Nacional Indigenista, que pese a las políticas que sexenalmente predominan y más por el duro contacto con la realidad ha logrado establecer el mayor equipaje de conocimiento actual de la situación de los pueblos indios.




Ciertamente no el INI actual, que si bien nació con la tarea de estudiar la problemática de los pueblos indios para proponer soluciones al ejecutivo federal, por obra y gracia de la cultura del funcionario público que padecemos, en la actualidad el mandato de la ley que le da origen ha sido invertido en su contrario: esperar, adivinar, interpretar, especular, estudiar, que es lo que le gustaría "al señor presidente" y a otras instancias de gobierno.




No obstante, aún con eso, el INI es una dependencia atípica del gobierno federal, si bien muchas iniciativas y proyectos que nacen del contacto de investigadores y trabajadores operativos del INI con la comunidad indígena, son congeladas, ignoradas o rechazadas a niveles más altos de la estructura, algunas de estas iniciativas y esfuerzos tienen éxito y se puede decir que las políticas que nacen a la inversa, en contra del sentido de la ley, como mandato vertical desde las altas esferas, siempre pueden ser atemperadas por los técnicos operativos para hacerlas más viables o en última instancia, menos nocivas en sus efectos.




La nueva institución indigenista, debe rescatar el planteamiento original del INI de que la solución a la problemática indígena no puede nacer de escritorios de funcionarios, ni del gabinete de investigadores, ni de comisiones de diputados y senadores a quienes circunstancialmente, les toca la tarea de conocer de asuntos indígenas, sino del estudio profundo, en campo, de la situación y de las alternativas. Todo esto con un agregado que la ley de creación del INI en 1948 no tenía: el estudio sólo puede ser fruto de la autorreflexión, del autodiagnóstico, de la investigación-acción y de la planeación participativa de los pueblos y comunidades indígenas. Poner el INI nuevamente de pie en cuanto a sus funciones, regresarlo a ser como originalmente estuvo planteado como una direccionalidad en las orientaciones "de abajo para arriba" como puente de la comunidad con el Estado y no como "correa de transmisión" del ejecutivo con la comunidad.




Pero no sólo eso, un ejercicio que aún no se hace con respecto al INI es explicarse en qué -exactamente- está su fracaso y en qué sus aportes o sus posibilidades de potenciar una nueva relación, esto es, que en el indigenismo del INI hay que liquidar. Porque es evidente que la política del Estado con respecto a los pueblos indios ha fracasado, pero de ahí a pasarle la factura de las fallas de todo el aparato del Estado y del sistema político y económico al INI hay mucha diferencia y permite que los enemigos de la justicia para los pueblos indios crucifiquen con el menor esfuerzo a la institución que proporcionalmente menos se lo ha ganado, para poner a salvo los intereses y el "prestigio" de un sistema político caciquil, etnocéntrico y rapaz.




Llevar al INI al cadalso, convertirlo en chivo expiatorio de la ineficiencia, abandono y rapacidad del Estado nacional, puede calmar los ánimos y exigencias de algunos diputados, senadores y frustrados líderes indígenas pero el resultado puede ser lo contrario de lo que declarativamente se busca. Las prisas por liquidar al INI sin analizar su papel y sus aportaciones, por enterrarlo sin autopsia, en el fondo sólo esconde la jugada histórica con la que el ya obsoleto aparato político gobierno-partido oficial pretende resarcirse del retroceso que le significa la inminente aprobación de las modificaciones constitucionales y con estas el planteamiento de autonomía para los pueblos indios. David Cilia Olmos













La estratifcación social indígena y la nueva institución indigenista




La nueva institución indigenista debe reconocer que la organización social india de nuestros días refleja una estratificación sorprendente que en mayor o menor medida reproduce en su propio seno las desigualdades de la sociedad occidental.




Un pueblo indio no es una entidad socioeconómica, sino varias que se enfrentan o toleran entre sí; es una sociedad decantada en donde algunos, los que tuvieron la oportunidad de aprender a hablar en castellano y conocen el modo de accionar de la sociedad mestiza y de su gobierno se convierten en los representantes de la comunidad y hablan por lo que no tienen posibilidad.




Hasta la fecha la deriva de la acción de las agencias gubernamentales es preferir interlocutores indígenas que hablen español, que tengan tiempo y recursos económicos para asistir a las juntas y gestiones, que tengan una casa localizable, que pueden leer y escribir, que a indígenas monolingües que andan al día económicamente, viven en lugares intrincados y no saben ni poner el tachesito de su firma.




Este es un factor de impacto social que acelera el tránsito que se está dando o terminando de dar en las comunidades indígenas en que el gobierno de los ancianos, de los mayores, pasa a manos de los gestores indios, de los comisariados, de los activistas políticos.




El sector que prefieren las instituciones gubernamentales forma parte de las capas altas e intermedias de la sociedad indígena y un mayor contacto con las instituciones le posibilita -a mediano plazo- una mayor diferenciación económica y social con las capas más pobres y marginadas de la sociedad indígena.




Esta diferenciación crece debido a la forma en que las instituciones gubernamentales buscan o fabrican a "sus interlocutores". Lo poco útil que les ha sido a las comunidades entrar en contacto con las instituciones gubernamentales contrasta con los beneficios que personalmente algunos interlocutores indios del gobierno han podido obtener, desde el hecho de tener empleo, hasta ser promovido a puestos de representación popular. De ahí la aceptación por parte de los indígenas a los programas gubernamentales, pero con una baja y poco entusiasta participación comunitaria.




Mientras tanto las capas bajas de la sociedad indígena, los que generalmente no viven en la cabecera comunitaria ni en los principales localidades o anexos, los que sólo pueden llegar o salir caminando de sus hogares pues la carretera no pasa por ahí, los que ni en sueños piensan tener jamás agua potable entubada, luz eléctrica, los que tienen hijos que a lo más que pueden aspirar es a estudiar la primaria, los que mantienen el uso de su propio idioma con mayor incidencia, viven prácticamente al margen de la acción gubernamental.




Luego entonces, la acción gubernamental y sus omisiones agudizan la diferenciación económica al interior de las comunidades y por tanto rompe las finas estructuras sociales que les ha permitido sobrevivir como colectivo social. Porque hay que recordar que una vez que con la guerra de independencia la comunidad indígena dejó de ser la base social de la explotación de la colonia sobre los pueblos indios, ningún poder se ocupó de ella, y los indígenas, ocupados en sobrevivir, no se preocuparon por la generación de excedentes antes exigidos como tributo y en muchos casos se mantuvieron al margen de la economía del México independiente.




Todo esto trajo consigo una especie de homologación de las condiciones socioeconómicas de los miembros de la comunidad, que tiene su base en la similitud de los medios de producción que disponen y de relaciones sociales de producción más equitativas entre los miembros de la comunidad.




Ha sido la penetración de la explotación de los recursos naturales de los pueblos indios, la introducción del comercio metropolitano, la penetración de la explotación del voto electoral, más tarde de la acción gubernamental, lo que ha venido estableciendo y reproduciendo las diferencias socioeconómicas cada vez mayores en la sociedad indígena.




La desigualdad al interior de las comunidades indígenas ya es un hecho de por si grave como para que la nueva institución indigenista no lo tome en cuenta, estudios recientes en localidades indígenas de Durango (Estudios de Base en San Francisco de Lajas) nos arrojan datos como el que 382 personas miembros de 144 familias de disponen de 144 cabezas de ganado mayor, mientras 54 personas de la misma localidad miembros de 8 familias disponen de 215 cabeza de ganado, una persona del segmento "pobre" dispone sólo del 10 % de lo tiene una del estamento alto. Dicho de otro modo: una persona del estamento alto tiene 9.7 veces más valores en reses que una persona del estamento bajo.




Desigualdades similares hay en todas las ramas de producción indígena, incluso en la producción de maíz donde encontramos diferencias de rendimiento por hectárea entre localidad y localidad dentro de una misma comunidad que van desde los 229 kilogramos por hectárea, hasta los 1199 kgs. por Ha. (Diagnostico del Área de atención del Centro Operativo de San Bernardino de Milpillas Chico) y que nos arrojan una diferenciación en cuanto a las posibilidades de consumo diario de localidad a localidad, que va de 67 gramos de maíz en unas, contra 428 gramos en otras, esto es, 6.4 veces más.




Esta diferencia productiva en localidades de la misma comunidad necesariamente establece una diferenciación socioeconómica y una notable diferencia de oportunidades.




La sociedad indígena no es homogénea sino estamentada, decantada, la nueva institución indigenista debe reflejar esta realidad en sus planes y programas. El no reconocer programáticamente estas diferencias permite que la acción gubernamental cotidianamente siga beneficiando a los mismos sectores y desatendiendo a los sectores indígenas que más lo requieren. David Cilia Olmos










El futuro del INI y de los Fondos Regionales de Solidaridad










A pesar de ser una de las más grandes organizaciones indígenas del país y de tener presencia en casi todas las regiones indias, las organizaciones de Fondos Regionales de Solidaridad no juegan un papel importante en la discusión nacional sobre la nueva relación entre el Estado y los pueblos indios, ni en la definición de la nueva institución y programas que de ésta resulten.




En la actualidad existen 147 Fondos Regionales para el Desarrollo de los Pueblos Indios, también conocidos como Fondos Regionales de Solidaridad (FRS), a nivel nacional, en los que participan 6 mil 527 organizaciones, en mil 218 municipios, con participación de 9 mil 472 localidades y un total de un millón 332 mil 803 socios representados por un total de 10 mil 533 delegados y 1 mil 202 miembros de Consejos Directivos.




Con 1.3 millones de indígenas organizados, no existe un tipo de organización indígena de mayor tamaño a nivel nacional.




Sin embargo, de seguir como van las cosas, otras representaciones indígenas con mucho menor peso y muchas veces más apartadas de la realidad comunitaria, tendrían -por obra y magia de las ya famosas "Consultas a los pueblos indios" una participación más relevante en la definición de lo que será la nueva institución indigenista.




A las organizaciones indígenas que componen los FRS les ha quedado claro que el futuro del INI está relacionado con lo que pueda pasar más adelante con sus comunidades indígenas. Para algunas "desaparecer el INI es coartar el indigenismo en México" 2, reconocen el papel jugado por el INI, sin dejar de ser críticos: "Queremos al INI, pero con participación indígena".




Ante los anuncios de desaparecer el INI y crear una nueva institución algunas organizaciones de Fondos Regionales de Solidaridad han concluido que "nuevamente se está definiendo una política para los indígenas, sin tomar en cuenta a los indígenas". "No tenemos inconveniente en la formación de una nueva institución, pero que se tome en cuenta la participación indígena". "Actualmente el INI tiene una práctica discriminatoria porque sólo atiende a una minoría de la población indígena, debido a sus limitaciones presupuestales, por lo que es necesario fortalecerlo, no desaparecerlo".




Desde este punto de vista, la eventual desaparición del INI o su debilitamiento se traducirá necesariamente en el debilitamiento de las organizaciones que éste apoya y no existen garantías para que otras dependencias gubernamentales puedan asumir las funciones del Instituto. No obstante reconocen que independientemente de lo que suceda con el INI, ellos tienen que consolidarse como organización y seguir trabajando por el desarrollo de sus comunidades.




Para ellos, la nueva institución indigenista, o el nuevo INI, debe apoyar de una manera más amplia a las comunidades, tanto con programas como con recursos, esto es, garantizar la atención institucional a toda la población indígena; contar con la participación de los indígenas en la definición de sus políticas y programas y en la composición del personal directivo y operativo; contar con un consejo nacional de representantes indígenas en su estructura orgánica de dirección; contar con personal que hable "el mismo idioma"; y -por último- su director debe ser propuesto por las organizaciones representativas indígenas y no por imposición del ejecutivo federal. David Cilia Olmos







La importancia de los Fondos Regionales de Solidaridad para el desarrollo de los pueblos indios.




En 1989 el INI se planteó la promoción del libre desarrollo de las culturas indígenas, la corrección de la desigualdad que lo frena o inhibe y -junto con esto- tres principios generales de acción:




·

La participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planificación y ejecución de los programas de la institución.

·

El traspaso de funciones institucionales a organizaciones y colectividades indigena, como culminación del punto anterior, y

·

La coordinación con las instituciones federales, estatales municipales y de la sociedad.













El traspaso de funciones debería darse en cuanto existiera una organización y una base económica propia de las comunidades y pueblos indígenas.




Como en la mayoría de los casos esas condiciones no existían, su creación fue considerada una prioridad institucional y para eso se crearon los llamados en ese entonces Fondos Comunitarios. La creación o fortalecimiento de esta base económica se contempló como el mejor mecanismo de evaluación de la acción del INI durante el periodo 1989-1994.










La intención de los Fondos Comunitarios, antecedentes directos de los actuales FRS era la inversión en proyectos productivos y la recuperación de la inversión a partir de la cual las comunidades y organizaciones indígenas podrían financiar sus propios proyectos con autonomía, aunque bajo la supervisión inicial del Instituto.




Bajo esta concepción original surgieron los FRS.




Para 1994 (19 de septiembre, Ejido La Lima, SLP) existían ya 140 Fondos Regionales de Solidaridad en los que participaban 4900 organizaciones indígenas, y se habían financiado 6800 proyectos con una inversión de mil 44 millones de nuevos pesos, en 1814 comunidades con 1 263 900 campesinos e indígenas afiliados y con recursos destinados a actividades agrícolas (40%), pecuarias 27%, agroindustriales 3%, artesanales 4%, servicios 5%, forestales 1%.3







El recuento que se hizo en 1994, decía que con los FRS las comunidades "han rebasado las imposiciones... toman sus decisiones en asamblea... discierne entre lo que quieren y lo que realmente necesitan... diferencían entre el crédito tradicional y la corresponsabilidad del trabajo... han roto cacicazgos de muchas décadas y con el paternalismo... permiten la participación de la mujer -y- tienen una mayor relación con los tres niveles de gobierno... han logrado abrirse paso para conseguir más fuentes de financiamiento ante otras instancias".




Aunque se reconoce que "todavía existen limitaciones, ya que el algunos casos no se ha entendido completamente el programa... -y- hace falta una mayor difusión hacia las comunidades más alejadas. Por otro lado ha sido dificil atender a más comunidades con tan pocos recursos... el grado de marginación aun es alto. Todavía se presentan formas de paternalismo y caciquismo".




En ese entonces se llegó a plantear "Los FRS nos han servido para cambiar y seguir organizados incluso sin la ayuda del gobierno... Luchamos y aprendimos ha hacer proyectos rentables, productivos y de servicios...Existen proyectos financiados sin asesoria técnica por parte de las instituciones, surgieron por propia iniciativa de la organización de FRS (Morelos)... Si desapareciera el INI si podríamos manejar nosotros el FRS (Ocozocuatla, Chis.)... El avance no sólo ha sido cuantitativo sino también de calidad, esto se nota en la creación de sectores para la comercialización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes..." Claro que FRS no es la piedra filosofal para obtener oro de las piedras, tenía -y tiene- junto con sus aciertos sus fallas. No obstante se puede decir que el impacto real en las comunidades tocadas por el programa ha sido benéfico.




El programa de Fondos Regionales debe mantenerse. La iniciativa de modificación constitucional que daría -de aprobarse por el congreso- personalidad jurídica a la comunidad indígena posibilitará preferenciar los proyectos de índole comunitaria sobre los destinados a grupos de beneficiarios particulares. El ascenso político del movimiento indígena sienta ya las bases para la posibilidad de un intercambio más justo sociedad-mestiza/región indígena y la construcción de mercados regionales y micro-regionales indígenas para enfrentar en condiciones menos desventajosas al mercado nacional en una lógica de desarrollo sustentable.

Pero hay que reconocer que la principal observación que puede hacerse a FRS es que no llega a muchas comunidades donde no hay camino, monolingües, más depauperadas. En la distribución del recurso intervienen muchos factores subjetivos de los operadores y funcionarios. La nueva institución indigenista tiene que adoptar criterios uniformes, transparentes, auditables, con una visión nacional de la problemática indígena, que no estén sujetos a buenas o malas voluntades o a simpatías de tipo político-partidarias y sobre todo, esta distribución de los recursos nacionales ya no lo deberá hacer unilateralmente el gobierno en sus oficinas del INI, SEDESOL y Secretaría de Hacienda, sino bilateralmente Estado-pueblos indios.










Porque actualmente es de estudiarse la proporcionalidad de la derrama de FRS que llega a las comunidades y organizaciones indígenas que componen una región, y de las regiones indígenas que atiende el INI en todo el país. ¿Qué pasa cuando en una región indígena no se ha hecho promoción del programa FRS, o debido a rivalidades políticas, posibilidades de comunicación, etc. estas se encuentran al margen del Consejo Directivo o del INI? En este caso lo más seguro es que el recurso siga llegando a las comunidades donde ya hay FRS y/o, que están entre las prioridades de las personas que componen el Consejo Directivo. Si ha esto agregamos el filtro real que constituye las unidades operativas del INI, la capacidad operativa y la calidad diferenciada de trabajo de CCI a CCI, nos encontramos con un esquema de distribución en mucho arbitrario que no resiste una prueba de proporcionalidad.




Y uno de los criterios que se deben adoptar en la renovación de los FRS es el de etnicidad, no se trata de hacer una discriminación que implique apoyar a los pueblos y comunidades que hayan resistido más a la trasculturación, pero ocurre que existe una relación directa y proporcional entre identidad étnica y marginación. FRS debe iniciar un proceso de redefinir en cada región las localidades prioritarias, en función del criterio de etnicidad, marginación. proporcionalidad, integración de mercados regionales y microregionales indígenas, gestión-social comunitaria y social-regional de los proyectos productivos, con un fin: contribuir a la base material de la autonomía indígena.






II




Del nacimiento de Fondos Regionales de Solidaridad a la fecha, podemos encontrar una diferenciación entre el tipo de proyectos que se han venido fianciando. Pareciera que durante la primera etapa predominaron proyectos muy de localidad, de dimensiones pequeñas, módulos ganaderos, tiendas y/o pequeñas empresas comunitarias. Por el contrario, en la etapa posterior predominan o tienden a predominar proyectos de mayor envergadura, en lugar de pequeños hatos ganaderos, centros regionales de acopio y comercialización de ganado, en lugar de (o además de) pequeños proyectos forestales, aserraderos y verdaderas empresas forestales; en lugar de pequeños centros de abasto local, centros de acopio y comercialización regional. La esencia misma del programa lleva esta tendencia, articular un mercado regional y concebir la producción como algo integral y por lo tanto regional.




Dos aspectos de política indigenista pueden ayudar a hacer de FRS un verdadero pivote de desarrollo: El fin de la simulación y el engaño en cuanto a la transferencia real de funciones y recursos a las comunidades y, el reconocimiento constitucional de la comunidad con personalidad jurídica propia.




La determinación del presente régimen de transferir el 100% de los recursos del ramo XXVI a los municipios, y por tanto los FRS como parte de este ramo presupuestal, debe reconocer el hecho de que el programa de FRS ha sido la avanzada de la tendencia a descentralizar y poner en contacto directo a la población con el recurso y las determinaciones. En el caso de que FRS se entregará a los gobiernos municipales -o estatales en el peor de los casos- y no como actualmente se hace, a las comunidades, no significaría un avance, sino un retroceso en esta tendencia. David Cilia Olmos.








El futuro de la radio indigenista




El nuevo INI deberá entregar a los pueblos indios las radiodifusoras en cumplimiento de la Plenaria Resolutiva del tema I sobre Derechos y Cultura Indígena, que dice:




"...Por lo que se refiere a los medios de comunicación, la delegación del EZLN considera necesario que se garantice el acceso a información veraz, oportuna y suficiente sobre las actividades del gobierno, así como el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes, y que se garantice el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación (radiodifusión, televisión, teléfono, prensa escrita, fax, radios de comunicación, computadoras y acceso a satélite)..."



Y del Documento 2, "Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional"4, que dice:




A fin de propiciar un diálogo intercultural desde el nivel comunitario hasta el nacional, que permita una nueva y positiva relación entre los pueblos indígenas y entre estos y el resto de la sociedad, es indispensable dotar a estos pueblos de sus propios medios de comunicación, los cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de sus culturas. Por tanto se propondrá a las instancias nacionales respectivas, la elaboración de una nueva ley de comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propio medios de comunicación.

Los gobiernos Federal y Estatal promoverán que los medios de comunicación indigenista se conviertan en medios de comunicación indigena, a demanda de las comunidades y pueblos indigenas.

El Gobierno Federal recomendará a las instancias respectivas que las 17 radiodifusoras del INI sean entregadas a las comunidades indígenas de sus respectivas regiones, con la transferencia de permisos, infraestructura y recursos, cuando exista solicitud expresa de las comunidades indígenas en este sentido..."




El control de las radiodifusoras indígenas es uno de los puntos en los que se definirá con relativa facilidad la verdadera esencia de la nueva relación a la que el gobierno federal está dispuesto a llegar. Hay que recordar que durante enero de 1994, mientras las radiodifusoras de todo el mundo el incluso las de todo el país -aun en contra de sus costumbres- daban cuenta del levantamiento indígena armado en Chiapas, las UNICAS que jamas mencionaron una palabra al respecto fueron precisamente las radiodifusoras indigenistas.




Hay que recordar también la autocensura a la que tienen que someterse los técnicos indigenistas de la radio, quienes no pueden tocar puntos "sensibles" al gobernador del estado si no quieren verse metidos en problemas y esta intocabilidad se extiende en muchos casos a los poderes caciquiles que de facto imperan en las regiones y que coincidentemente tienen intereses conjuntos y lealtades recíprocas con el gobernador.




Lógicamente, aunque no en todos los casos, al pasar a manos de los pueblos indios y representar verdaderamente sus intereses, esta autocensura institucionalizada tan negativa para avanzar en el desarrollo regional indígena, quedaría fuera de posibilidades.




Hay acuerdos explícitos de entregar a los pueblos indios las 17 radiodifusoras del INI y estos deben respetarse. El temor gubernamental al papel "subversivo" que puede jugar la radio sólo refleja esa prepotencia de la sociedad anti-india nacional, de considerar peligrosos a los indios informados, comunicados entre sí y preparados.




La radio es un instrumento fundamental en el desarrollo de los pueblos indios, y si hasta el momento no se han visto cumplidas al 100% las expectativas de la magia multiplicadora de organización y capacitación de estos, es fundamentalmente porque para lograr que la radio sea un instrumento cabal para salir de la marginación y la miseria, se necesita que sea de ellos y que la puedan manejar con autonomía.




No entenderlo así significa tener clavadas en el corazón de las regiones indígenas un instrumento de comunicación de un órgano que los indígenas ven -en el mejor de los casos- como ajeno: el gobierno federal.




No basta que los indígenas reciban mensajes gubernamentales en su idioma, el desarrollo regional, está condicionado por el fin de la sangría que representa el que los indígenas se encuentran por separado con la sociedad nacional y el los hechos se desconoce por todos su derecho a ser pueblo. La radio es un factor con un enorme potencial articulador regional, pero esta capacidad solo puede usarse si es de ellos. David Cilia Olmos











1(Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional, página 7, punto 5.2.)


2Unión de Comunidades Indígenas, reunión del 18 de julio de 1996, apuntes.


3 Fuente: 5a. Semana de Solidaridad, Memoria


4Punto 1.4 de las "Reglas de procedimiento", página 9, punto 8.