CNDH y guerra sucia en México

11 AÑOS DE SIMULACIÓN Y DE ENGAÑO

Por David Cilia Olmos

Parte 1

La Guerra sucia en México

La madrugada del 23 de septiembre de 1965 se inició en México un movimiento armado que se proponía un cambio en el sistema político dominante. A partir de esta fecha, en distintos momentos y lugares más de 10 mil ciudadanos se dieron a la tarea de organizarse para acabar con la dictadura política que prevalecía en el país.

Las montañas, las zonas selváticas, las ciudades, fueron el escenario donde a lo largo de dos décadas, en distintos momentos oleadas de ciudadanos, principalmente jóvenes, se plantearon una lucha por la transformación política del país mediante la vía revolucionaria.

No había otra vía para alcanzar los objetivos que estos jóvenes perceptivos de la realidad que vivía su pueblo, se habían propuesto.

En la memoria de toda la sociedad se mantenía aún el trago amargo que significó la "solución" gubernamental a las demandas de los campesinos Jaramillistas, de los ferrocarrileros, del movimiento de médicos, maestros, copreros y de los mineros, cuando llegó el movimiento estudiantil del 68 y con este la nueva matanza, los nuevos encarcelamientos y desapariciones, la misma persecución de toda la vida.

En este país simplemente no se podía disentir del gobierno, solicitar dentro de los marcos legales y de manera respetuosa el más leve de los derechos podía terminar en una masacre. El 10 de junio de 1971, dejó, para los que todavía tenían dudas una clara lección.

Otras estrategias que tenían 50 años de ser pregonadas como la vía del cambio ya habían demostrado plenamente su agotamiento, su infiltración y en cierto sentido su complicidad con el viejo régimen.

Largas discusiones se dieron en los momentos previos a la decisión, una profunda reflexión y análisis marcó esos momentos, pero una vez que se decidió por la vía armada, los, y las, jóvenes rebeldes la llevaron hasta sus últimas consecuencias.

Así, jóvenes integrantes de varias generaciones de los 60´s para acá, estuvieron en una guerra que no inventaron, que no pidieron pero que no tuvieron otra alternativa más que enfrentarla. A la salvaje guerra del gobierno contra el pueblo respondieron con la rebelión. Los campos, montañas, calles, fábricas y casas de nuestro país fueron salpicadas por la sangre de los más abnegados y resueltos. Las cárceles se llenaron de gente digna, muchos ahí mismo fueron desaparecidos o asesinados alevosa, cobarde y hasta la fecha impunemente.

El Estado mexicano no tardó mucho en confirmarse como la más grande y poderosa organización criminal, hizo de los primeros juicios a los jóvenes que cayeron una burla a las leyes y a los más elementales rasgos de humanidad. "Querían tierra, pues échenle hasta que se atasquen" dijo un gobernador de Chihuahua en 1965, "el que no quiere ver fantasmas que no salga de noche" dijo un procurador Morales Lechuga en 1990.

Los métodos de investigación y de recopilación de pruebas fueron embruteciéndose cada vez más, hasta hacer obsoleto todo juicio legal ¿de qué le servía al Estado arrancar confesiones "legales" a punta de picana, si los revolucionarios presos ya no llegaban vivos ante el juez? Entonces, olvidémonos del juez, fue la respuesta presidencial. De esta manera el Estado mexicano generalizó, al margen de la ley, el secuestro, la tortura, la incomunicación de personas, como el mecanismo operativo para enfrentar a los disidentes.

Pero esta política no fue una invención propia, sino la aplicación en México de las "tácticas de constra insurgencia" impuestas por el gobierno de Estados Unidos a las dictaduras de América Latina. Oleadas de militares y policías latinoamericanos fueron entrenados por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, con el objeto de capacitarlos en este moderno procedimiento que el gobierno fascista de Estados Unidos había desarrollado en su lucha contra el pueblo vietnamita.

La desaparición forzada de personas, uno de los legados tácticos que Francia heredó a Estados Unidos en Indiochina, resultó ser un arma eficaz contra los luchadores por la libertad en todas las latitudes, desde la Patagonia, hasta los mismos Estados Unidos de América, donde en estos días, si, hoy, hoy, hoy, hay más de 1200 desaparecidos por motivos políticos.

Al desparecer a una persona, los gobiernos fascistas no sólo eliminan a un oponente político, sino que aterran permanentemente, mantienen en la incertidumbre y en la inacción a sus familiares y a sus compañeros.

Un desaparecido no puede ser liberado mediante el copamiento de una cárcel, no puede ser canjeado o intercambiado por otros rehenes, no se le puede hacer una tumba, pero siempre está presente para mantener en la incertidumbre operativa a su organización y el filo del limbo emocional a su familia.

En México, los hombres de la CIA entrenaron desde temprana hora a la Dirección Federal de Seguridad y el gobierno mexicano ordenó se institucionalizara la desaparición de personas como procedimiento para enfrentar la lucha opositora. Primero como una respuesta pragmática del presidente Gustavo Diaz Ordaz que tenía que ver con la eliminación de las evidencias -cuerpos - de las grandes masacres como las de 2 de octubre, pero luego, con planeación estratégica gubernamental a nivel presidencial y todo el peso del Estado.

Por órdenes de Luis Echeverría Álvarez el Ejército se convirtió en el principal instrumento de la guerra sucia, hasta que demostró su total incompetencia para acabar con la lucha guerrillera en el país y particularmente en las montañas de Guerrero, no obstante los centenares de campesinos que desaparecía mensualmente. La propaganda revolucionaria, la realización de acciones políticas o político militares continuaba, el peso fundamental del movimiento revolucionario de los 70´s se encontraba en las ciudades, en las fábricas, colonias, escuelas, en los campos agrícolas y en los ejidos y pese al inmenso cerco militar en las montañas de Guerrero y las terribles acciones de contrainsurgencia, este movimiento se incrementaba y perfeccionaba día con día.

Por tal motivo se constituyó la Brigada Especial en el seno del Ejército con la participación de la Dirección Federal de Seguridad, Dirección para la prevención de la delincuencia, Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Estado de México.

La Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, por órdenes del presidente José López Portillo (1976 1982) dispuso de los cuarteles del ejército como cárceles clandestinas, trasladaba a los prisioneros en aviones de la Fuerza Aérea, podía abrir y retirar documentación oficial de todas las escuelas del país, tenía en los hechos autoridad para que un ministerio público liberara de manera inmediata a un presunto responsable de delitos, con el objeto de desaparecerlo, o podía impedir que el Ministerio Público levantara un acta o iniciara una averiguación previa por homicidio, secuestro, torturas o robo, cuando uno de sus integrantes era acusado.

La masacre paramilitar y el manejo de los medios de comunicación para presentar la represión gubernamental como "pugnas" entre guerrilleros, fueron componentes fundamentales de esta "nueva" forma de responder a la rebelión que cundía entre los jóvenes de distintas ciudades del país.

A pesar de que en las elecciones de ese periodo la parte mayoritaria de la sociedad refrendó con su voto de repudio al engaño electoral, su convalidación o simpatía hacia la lucha que estos jóvenes desarrollaban, la mayoría de ellos se encuentran hoy muertos o desaparecidos, o se han retirado a la vida privada luego de pasar años en los infiernos de las cárceles de México.

Sin embargo, podemos decir que a pesar del desagarrador balance en vidas humanas y muy a pesar de los "análisis" hechos por encargo por intelectuales orgánicos, y políticos: esa guerra no la perdieron los jóvenes rebeldes. Y esto, tan es así, que por eso hoy, el presidente del PAN acusa a la sociedad de que ha convertido la crítica al presidente de la República en un "deporte nacional". Esto no sería posible en los tiempos de Díaz Ordaz, por algo menos que una crítica seria, la gente amanecía muerta por una sobredosis de plomo o de picana Y eso no nos lo regaló Fox o Zedillo, eso es fruto directo de la lucha que dieron nuestros compañeros desde la década de los 60 para acá

Pero los crímenes de Estado siguen ahí, para estigma de nuestra moderna sociedad y se prepara ya una nueva burla: El informe gubernamental sobre los "presuntos" desaparecidos. ¿Será que la guerra sucia no acabará nunca en nuestro país?

Segunda parte

En medio de la guerra sucia

El 9 de noviembre de 1981Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés, dos jóvenes estudiantes de 18 años de edad, militantes de Liga Comunista 23 de Septiembre llegaron a la casa situada en el número 232 de la calle Marina Nacional en el fraccionamiento Villa de las Flores, Ecatepec Estado de México. Cuando los jóvenes llegaron al domicilio, la policía había establecido un operativo de gran envergadura, y ahí fueron detenidos y hasta la fecha se encuentran desaparecidos.

El Diario de México de los días siguientes da cuenta de la magnitud del operativo y los nombres de los que comandaron la operación de detención desaparición, se trata del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, así como el Comandante Dámaso Tostado, de la Policía Judicial del Estado de México.

En septiembre de 1990 la CNDH conoció de estas y otras desapariciones. En enero de 1991 Jorge Carpizo Mac Gregor tuvo en sus manos un documento de queja que identifica a los comandantes que habían ejecutado el secuestro de los 2 jóvenes.

A principios de marzo de 1991 la CNDH no había recopilado aún los nombres de Sergio Villanueva y Dámaso Tostado, de donde se le había señalado se encontraba. Tampoco habían orientado a la familia de Jesús Abel y Eduardo Echeverría a fin de que éstos pudieran iniciar una demanda penal en contra de estos, como se les había sugerido, a pesar que esta línea de investigación era muy importante, porque la desaparición de Eduardo y Jesús y otras 11 personas en la ciudad de México, Hermosillo y Guaymas durante 1981 y 1982 no era una suma de sucesos aislados, sino una serie de hechos secuenciales cometidos por un mismo cuerpo policiaco y que la clave para desentrañar los trece casos era la declaración de los dos comandantes que habían sido ubicados ya como participantes en el operativo de secuestro-desaparición de Villa de la Flores.

En días posteriores el mayor Sergio Villanueva fue interrogado por la CNDH ante la cual reconoció que había participado en el operativo de Villa de las Flores, pero "sólo cercando el área". En la foja 276 del expediente de Teresa Gutiérrez Hernández ante la CNDH se asienta en lo que debe ser el borrador de la declaración de Sergio Villanueva en el que este señala que:

"Al mando del grupo Jaguar que asaltó la casa de Villa de las Flores, fue uno de los hombres de confianza de Sahagún Vaca, le decían (a) "Rudi", Rodolfo Reséndiz, (quien) estuvo en la Brigada Blanca entre 1978-1976 (sic), fue (del grupo) Jaguar y pasó después a la DIPD, era del grupo de Durazo, Sahagún Baca, Cisneros, Acosta Chaparro, Rudi era coronel.

"En esa época en Tlalnepantla (el primer comandante) era el comandante Zendejas, licenciado que vive en Satélite, actualmente litiga en penales."

"El jefe de grupos políticos era Roberto Lara y otro que le decían "El Gordo"... "El comandante Silva Macedo estuvo en Tultitlán (estado de México) 15 años... El Director General de la Policía Judicial del Estado de México era el General Andrés Puentes Vargas, el Subdirector Juan José Hernández Castillo, el comandante que dirigió fue Marcelino Espinoza (es) actualmente delegado de policía y tránsito en Naucalpan, El subprocurador Regional Marcial Flores Reyes, Dámaso tostado tenía un mes de tomado el puesto. Puentes Vargas falleció en (ilegible que podría entenderse como Ensenada, Canadá o Cerrada)"

Dicha foja, al parecer hasta la fecha ilegible para los funcionarios de la CNDH, refleja los datos que aportó Sergio Villanueva el 14 de marzo de 1991. A pesar de lo certero del deslinde, por lo demás interesado de Sergio Villanueva, la CNDH no siguió con las indagaciones con los funcionarios mencionados, y si continuó, ni siquiera los apuntes de las entrevistas posteriores se conservan en los expedientes, tampoco vertió ante la sociedad los respectivos informes. La CNDH también recibió la versión de que el otro comandante identificado, Dámaso Tostado, había muerto en un accidente de aviación y que al parecer estaba vinculado al narcotráfico.

Una comisión de visitadores de la CNDH se trasladó en la primavera o verano del 91 al domicilio de los padres de Jesús Abel Uriarte Borboa y con la hermana de Eduardo Echeverría en Sinaloa. La CNDH absurdamente pretendía, que los familiares de los dos estudiantes desaparecidos dijeran que les constaban los hechos que habían sucedido en Villa de la Flores 10 años antes, esta era la forma con la que pretendían deshacerse de la denuncia que tenían en sus manos y que involucraba directamente a todavía altos funcionarios de la DFS, de la DIPD y de la policía judicial del Estado de México. Lógicamente a los familiares no podía constarles un hecho que sucedió a más de mil kilómetros de distancia y que por su propia naturaleza y de clandestinidad no estaban en condiciones de conocer.

La CNDH tenía en sus manos el hilo de la madeja para esclarecer el paradero de 13 desaparecidos, puesto que Sergio Villanueva había declarado su participación en el operativo de secuestro de los dos estudiantes e identificó a los otros partícipes, y señaló incluso que Jesús y a Eduardo habían sido trasladados, luego del operativo al cuartel general de la DIPD en Tlaxcoaque, en pleno centro de la Ciudad de México. Sin embargo, jamás volvió a tocar esta línea de investigación, ni informó a los familiares de manera oficial de estas indagaciones, ni Carpizo las incluyó en sus famosos 4 informes, ni están contempladas en acta de entrega recepción alguna.

En el verano del 91 se descubrió que al menos uno de los integrantes de la Comisión Visitadora de la de la CNDH había sido uno de los participantes en el secuestro y desaparición temporal de dos hermanas y el padre de Teresa Gutiérrez Hernández, cuando bajo las órdenes del General Sosa, intentó la captura de esta dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Se trataba del llamado "comandante Pato", de la DFS, quién era por cierto el que mostraba mayor iniciativa al seno de esa comisión. Desde entonces la CNDH-Programa de Presuntos Desaparecido no sólo no contestó al escrito de denuncia, sino que ha mantenido un silencio oficial sobre la declaración del Mayor Sergio Villanueva y la indagación que se hiciera acerca del Comandante Dámaso Tostado.

Otros datos relevantes, como la testimonial que demuestra la participación directa del entonces comandante de la DFS Alberto Estrella en la desaparición de Rubén Hernández Padrón, tampoco fueron tomadas en cuenta, y hoy sabemos por declaraciones del exdiputado Ignacio Suárez Huape¹, que en el programa de presuntos desaparecidos también trabajó el comandante de la DFS José Luis Reyes, implicado en la desaparición de Alicia de los Ríos Merino.

Parte tercera

La complicidad de Carpizo en la desaparición de personas

La CNDH se creó el 6 de junio de 1990 como el órgano responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional de respeto y defensa de los derechos humanos, de instrumentar los mecanismos necesarios de prevención, atención y coordinación que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. Carpizo Mac Gregor fue su primer titular. En septiembre de 1990 se comenzó en la CNDH el Programa de Presuntos Desaparecidos.

En septiembre también la CNDH la CNDH recibió el oficio en el que se denuncia la desaparición de 18 ciudadanos mexicanos, la ejecución extrajudicial de otros tres, la detención arbitraria y secuestro de 4 militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre y decenas de sus familiares el 4 de abril de 1990, en total se denuncian más de 74 violaciones a los derechos humanos.

Lejos de salvaguardar, como marcaba su función, los derechos humanos de estas personas, el entonces titular de la CNDH no dio respuesta oficial alguna, por el contrario, el documento se "perdió" y hasta la fecha no aparece, a pesar de que Carpizo lo tuvo personalmente en sus manos.

Carpizo ahora pretende no tener ninguna responsabilidad en este hecho, el sólo se asume como el titular de la CNDH, nada más. ¿Qué iba a saber él de lo que hiciera o dejara de hacer la CNDH? ¿qué iba a saber en quién había delegado la delicada tarea de contribuir a la solución del problema de los desaparecidos políticos en México?, ¿Qué se iba él a preocupar por los que la Coordinación de presuntos desaparecidos hicieran o a quien contrataban?, él estaba para hablar de los derechos humanos en abstracto. Hablar de ellos en concreto, más aún hacer algo en concreto, al parecer no estaba a la altura de su elevada investidura.

Carpizo afirma que él no contrató al torturador Fabián Carlos Reyes Domínguez conocido como "comandante Pato" de la DFS. Pongamos que es cierta su versión. Entonces ¿si no laboraba en la CNDH, en calidad de qué asistía a las actuaciones oficiales de la comisión visitadora del Programa de Presuntos desaparecidos de la CNDH?, ¿En calidad de qué dirigía en los hechos los interrogatorios que esta comisión de la CNDH hacía? ¿Acaso era un tipo de "madrina" derechohumanista? ¿Acaso las actuaciones oficiales de la CNDH sobre los desaparecidos las hacía bajo la supervisión directa de la DFS con la presencia in situ de sus agentes?

Carpizo cita: "La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó oficialmente que Fabián Carlos Reyes Domínguez, un ex agente de la Dirección Federal de Seguridad, trabajó en el Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH entre 1° de noviembre de 1993 y el 31 de enero de 1997... El señor Reyes ingresó a la CNDH en la época del licenciado Jorge Madrazo Cuellar y cuando el Programa de Presuntos Desaparecidos era encabezado por Enrique Sánchez Bringas...."²

Con lo que pretende deducir que no trabajó en la CNDH durante su período.

Independientemente de la connotación estrictamente jurídica de la palabra "contratación", Fabián Carlos Reyes Domínguez, trabajó durante la gestión de Jorge Carpizo Mac Gregor como titular de la CNDH, en apoyo, colaboración, asistencia y operación con la Comisión de Presuntos Desaparecidos y hasta un vehículo oficial le fue asignado. Si fue la CNDH, o administrativamente la Secretaría de Gobernación --de la cual dependió esta-- quien lo contrató como personal de base, de honorarios, de confianza, por obra determinada, o si lo hacía de manera oficiosa, como un "madrina" derechohumanista, eso no niega esencialmente el hecho. Bastaría tomar declaración al señor Ignacio Cabrera, en su momento Coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, para confirmarlo.

Carpizo podrá asegurar que durante su periodo no laboró el "comandante Pato", pero bastaría citar sus propias palabras para refutarlo: "He preguntado a personas que estuvieron colaborando conmigo y... el comandante Carlos Reyes estuvo en el programa de presuntos desaparecidos. No hay la mínima duda de que estuvo"³ Carpizo dijo.

Sin embargo, la responsabilidad oficial de la participación de un comandante de la DFS desaparecedor de personas en el programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH alcanza, además de a Carpizo, a otros titulares de la misma, quienes lo tuvieron ahí hasta el 31 de enero de 1997, hace apenas 4 años.

El Centro de Derechos Humanos Yaxkin, A.C. organismo no gubernamental que investigaba el secuestro-desaparición y posterior ejecución extrajudicial del campesino chiapaneco Reyes Penagos Martínez en diciembre de 1995, documentó la presencia de Fabián Carlos Reyes Domínguez, como integrante de la Comisión Para los Altos de Chiapas y logró filmar una entrevista en video, en el que este ex comandante de la DFS reconoce su adscripción a la CNDH. Posteriormente, el periódico "La Jornada" publica una carta de denuncia al hostigamiento policiaco que realiza personal de la CNDH a mujeres indígenas víctimas de violación por elementos gubernamentales, en esta se responsabiliza directamente a Fabián Carlos Reyes Domínguez, todo esto en la época en que otro Jorge, Madrazo, era presidente de la CNDH.

Yaxkin A.C. documentó también la responsabilidad de la CNDH en la desaparición que derivo en el asesinato extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, detenido el 18 de diciembre de 1995, mismo día en que fue reportado a la Comisión de los Altos de Chiapas. En este caso, el personal de la CNDH no actuó hasta que el campesino ya había sido ejecutado extrajudicialmente días después de su detención. Al hacerse la denuncia en los diarios de circulación nacional Jorge Madrazo, pidió a sus subalternos que se deslindaran las responsabilidades y prometiendo investigar a fondo, esta promesa se reflejó en la recomendación 61/96, pero nunca se supo en que paró el deslinde de las responsabilidades al interior de la CNDH, por lo que el Centro de Derechos Humanos Yaxkin A.C. mantuvo su afirmación: Si la CNDH hubiera cumplido su papel, Reyes Penagos Martínez habría aparecido con vida.

Por eso, no sólo Carpizo, sino todo el proceso de 10 años de la CNDH debe ser auditado a profundidad, para saber cuanto ha gastado el pueblo mexicano en sostenerla, los trabajos realizados, los resultados obtenidos, así como la congruencia entre la misión que se les había encomendado y las acciones, estrategias y líneas de investigación aplicadas.

En asuntos de crímenes de lesa humanidad la omisión y la pasividad también es un crimen.

Parte cinco

Ni olvido ni perdón

Muchos espíritus sensibles afirman que el debate sobre la comisión de la verdad, la guerra sucia, los desaparecidos se debe ya detener y "debe haber un acuerdo entre todos los sectores interesados que permitan jurídica y moralmente cerrar esas cicatrices". Pero habría que preguntar:

¿Si debe haber un acuerdo entonces para qué sirven las leyes?, ¿No acaso las Leyes reflejan el acuerdo al que ha llegado la sociedad para regir su vida y la relación entre las partes? ¿Qué acuerdo están proponiendo entre las partes, una de las cuales, torturó y mantiene desaparecidos a cientos de personas? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Que nos demos todos un abrazo como si no hubiera pasado nada? ¿Y los jóvenes que siguen desaparecidos aún ahora, qué?

Es claro que teniendo como misión el respeto a los derechos humanos, y particularmente resolver la peor forma de violación a éstos, que es la desaparición forzada de personas, la CNDH en su momento no tomó las decisiones que tenía que tomar, usó una metodología de trabajo que tenía por fin no encontrar a los desaparecidos y menos si este encuentro pasaba por descubrir a los funcionarios del Estado que ordenaron y ejecutaron la desaparición.

Para poder esclarecer lo que fue --y en muchos aspectos sigue siendo-- la guerra sucia en México es necesario que se establezca una comisión de la verdad. Contra esta posibilidad se han pronunciado desde el Secretario de Gobernación Santiago Creel y el Procurador General de Justicia Macedo de la Concha, hasta Rosario Ibarra y Teresa Jardí.

Una de las principales objeciones a esta comisión es que podría prestarse a un "ajuste de cuentas", aunque cuando lo dice Tere Jardí es claro que se refiere a la connotación mafiosa del "ajuste de cuentas", es evidente que esencialmente es la misma propuesta política de Santiago Creel; aunque para este último las preocupaciones que lo mueven tiene como base mantener el fino equilibrio de fuerzas que se ha obtenido en base a una complicada red de mutuas complicidades entre el PRI y el PAN.

Seguramente hay sectores del poder, y grupos oligárquicos, que resultarían beneficiados si el grupo de los Hank-Barllett-Salinas, fuera golpeado, política o jurídicamente, y que mejor para ellos que fueran sectores de la sociedad civil, los que se encargarán de ello, sin tener que desembolsar un quinto.

Por ese motivo ¿habría que callar sus crímenes?

Otros personajes, más vinculados a los cuerpos represivos, chantajean a la sociedad advirtiendo que una Comisión de la Verdad debería analizar no sólo las "desapariciones y ejecuciones del Ejército, la DFS, la DIPD, la Brigada, el Grupo Jaguar, el CISEN y la PGR, sino también los crímenes realizadas por los guerrilleros".

Nada más pueril que esa afirmación, durante décadas todo el peso del Estado se ha dedicado a investigar estos supuestos crímenes, y no sólo los que se cometieron, sino también los que probablemente se cometerían, se ha sancionado por ellos, no sólo a los guerrilleros, sino también a sus padres, hermanos, hijos, amigos, conocidos, no se les ha aplicado la pena máxima, sino penas que superan con creces cualquiera de las planteadas por el código penal, la pena más benévola para cualquier militante de una organización guerrillera es --desde el punto de vista de ellos mismos-- el fusilamiento, porque las demás penas que han sufrido en manos del Estado, van desde los toques eléctricos, la violación, la mutilación, la castración, la sumersión en líquidos hasta casi la asfixia, el precipitarlos vivos desde aviones a gran altura, hasta el extremo de hacer esto mismo pero con los bebés, las esposas o los padres en frente del prisionero.

Una revisión sucinta del monto de lo robado en asaltos bancarios y e instituciones de otro tipo por los grupos guerrilleros de 1965 a l990, no llegaría a ser ni la millonésima parte del botín de una sola de las cuentas, encontradas en Suiza a uno sólo de los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, a nombre, pero si por supuesto, de su hermano mayor.

La pandilla de delincuentes que tenía en sus manos el Estado mexicano, desde Díaz Ordaz, hasta Zedillo ha robado a manos llenas, ha tomado los bienes del país por asalto y los ha rematado al mejor postor, desde los bancos, hasta las siderúrgicas, pasando por las emisoras de televisión y la empresa de telefonía que un día fue de la nación. Con el FOBAPROA ha saqueado las arcas de la nación para entregársela a los banqueros en premio a su incompetencia empresarial y en pago a los ilícitos que cometieron para llevar a la quiebra a sus bancos, empresas y socios. Todos ellos se encuentran libres y son considerados como los actuales pro-hombres de la patria. Por eso, nosotros decimos, si tener una Comisión de la Verdad en México implica necesariamente analizar los asaltos bancarios, los robos a empresas, las expropiaciones "revolucionarias" institucionales o no, etc. ¡Adelante!

Y no sólo estamos hablando de robos, también entran en esta situación los asesinatos. Contemos las lamentables muertes de los policías y soldados caídos en enfrentamiento con la guerrilla y, si no han sido juzgadas penalmente y sancionados los culpables, hagámoslo ahora. Junto con esto, revisemos los homicidios cometidos por el gobierno Mexicano, desde la masacre de Rubén Jaramillo y su familia, pasando por las matanzas de copreros, la de Iguala de 1962, la de Atoyac de 1965, el asesinato de estudiantes en Morelia, Culiacán, y más tarde en el DF en 1968, 10 de junio del 71, y así hasta Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y el reciente homicidio de Digna Ochoa. Contemos los años de cárcel o desaparición que se han dado a los guerrilleros, a sus familiares o a gente que no tenía nada que ver y comparemos esta cifra con los años de cárcel que han compurgado los actores materiales, intelectuales de los crímenes gubernamentales, la proporción es mayor a un millón a cero.

Porque en México, por los crímenes adjudicados a la guerrilla, por lo menos mil personas han purgado condenas en prisión que van de 4 a 20 años, por lo menos mil 200 personas han estado desaparecidas entre 20 y 30 años, y al menos mil personas han sido asesinadas estando presas o indefensas, sin juicio alguno. Tenemos entonces como resultado respectivamente 8 mil años de cárcel, 30 mil años de desaparición forzada y mil condenas de muerte ejecutadas. Mientras hoy, los asesinos identificados de Aguas Blancas, y Acteal, dos de las últimas masacres gubernamentales, ya pasean por las calles, luego de ser "juzgados". Por ese motivo, seguimos insistiendo en el establecimiento de la Comisión de la Verdad.

Parte 6

¿Habrá justicia en México?

Ciertamente el 2 de julio hubo un cambio de régimen en este país. Al principio del régimen de Fox no se sabía si él nuevo presidente iba a contribuir o a obstaculizar el esclarecimiento de las desapariciones forzadas en México, no sé sabía si con él iba a llegar el inicio de un verdadero cambio democrático, o si por el contrario quedaría ante la historia como un encubridor más. Por tal motivo, en cuanto al asunto de los desaparecidos, había que concederle el beneficio de la duda.

Sin embargo, Fox cada día se perfila más como un solapador de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que como el promotor del cambio que prometió y que forma parte de los cambios que requiere México. A pesar de las señales ambiguas, o contradictorias, la dialéctica foxiana, (hoy digo una cosa, mañana lo contrario, cambio es igual a todo sigue igual, etc,) no ha logrado esconder la alianza de Fox, con los grupos de poder asociados a la guerra sucia en México. El tema de la Comisión de la Verdad es una muestra de ello, por un lados Fox coquetea con la propuesta, y por otro se pondera a los funcionarios y grupos de poder que se oponen. Por un lado, ni ve ni oye las graves injusticias que conllevan la prisión de Erika Zamora, general Gallardo, y otros prisioneros políticos, mientras por el otro da el pésame por la ejecución de Digna Ochoa y apresuradamente libera a los dos campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, para que no se asocie este cobarde asesinato con un crimen de Estado.

El cambio prometido por Fox se limita entonces a la esfera de las apariencias y el maquillaje y en los hechos se establece una nueva alianza con los grupos asociados a la guerra sucia e incluso con sus operadores.

Se ha dicho que las instituciones de la "República" (que bonito se oye) son bastas y suficientes para esclarecer los crímenes del pasado y del Estado, hay quien se pregunta luego de conocer la actuación de la CNDH en el esclarecimiento de casos de desaparecidos políticos: ¿Será?

No sólo estamos hablando del encubrimiento a torturadores y la burla soez que hizo Carpizo a las madres de los desaparecidos, sino también del refrendo de esta que hicieron sus sucesores, al mantener bajo la nómina a policías y al no abordar las líneas de investigación planteadas y los datos proporcionados. Es un hecho que por donde sea que se le quiera ver, la CNDH ya no reúne las mínimas características de confianza de la sociedad para realizar las indagaciones correspondientes y plantear opciones de justicia.

Y de las otras "instituciones de la República" solo nos queda la Procuraduría de General Justicia de la República, la PGR. Aún si ignoráramos el hecho irrefutable que la PGR está involucrada en desaparición de personas, como la del profesor Gregorio Alvarado, esta institución no sería apta para el esclarecimiento de la desaparición de personas, por varios motivos.

El primero, que el cambio de gobierno de Zedillo a Fox ciertamente implicó un cambio de titular, pero más del 90% del personal de la PGR, sigue siendo personal que viene desde el régimen anterior. La antigüedad de algunos comandantes y mandos medios, los ubica dentro el apogeo de la guerra sucia.

El segundo es que el mismo titular de la PGR ha sido señalado , cuando ocupaba el cargo de Procurador Militar, en el caso de la detención de un militante del EPR que se encuentra actualmente desaparecido.

El tercero es que mandos medios que actualmente ocupan, o hasta hace poco ocupaban, posiciones relevantes en la PGR tales como la titularidad del "Centro para la Recuperación de la Confianza", están directamente involucrados con la queja que se ha presentado contra los desaparecedores de personas, contra la CNDH y contra Jorge Carpizo Mac Gregor. Uno de ellos es Ignacio Cabrera, a quien ya he mencionado en capítulos anteriores, y otro es Luis Raúl González Pérez.

Las cualidades investigadoras de Luis Raúl González Pérez ya fueron conocidas por gran parte de la sociedad, cuando cerro el caso del homicidio de Colosio con la tesis del asesino "solitario", con la que exculpaba a cualquier grupo de poder o personaje, tales como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Recientemente Luis Raúl González Pérez fue nombrado titular del Centro para la recuperación de la Confianza de la PGR en sustitución de nada menos que Ignacio Cabrera. Desconozco que nueva posición habrá tomado este último en la estructura de la PGR o si ha tomado otro puesto en otra institución, pero ¿cómo va uno a recuperar la confianza en la PGR, cuando el encargado de esta misión, es una persona que cuando le tocó investigar el paradero de los desaparecidos se dirigía a los desaparecedores y torturadores en los términos de "distinguido señor comandante"?

En efecto, como parte de sus funciones Luis Raúl González Pérez se dirige en estos términos a uno de los mayores desaparecedores de personas en México:

"Distinguido Comandante (Alberto Estrella):

"En virtud de su desempeño dentro de las fuerzas de Seguridad Pública (DFS) del país, que le permitió conocer sobre operativos y acciones que el gobierno aplicó frente a las actividades de grupos armados que se produjeron durante la década de los años 70´s y parte de los 80´s, su colaboración resulta de especial importancia para el cumplimiento de las metas que en esta materia (desaparecidos) tiene la Comisión (CNDH)... "Por lo anterior se le convoca para que se sirva entrevistar con personal de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de poder recabar la información que usted dispone sobre los hechos mencionados. Atentamente El Segundo Visitador, Luis Raúl González Pérez".⁴

Dirigirse a un asesino gubernamental, en los términos de "distinguido comandante", cuando esto sentencia definitiva emitida por un juez que lo reconocía penalmente como culpable del homicidio del periodista Manuel Buendía, había dejado de serlo, para "convocarlo a efecto de recabar información" sobre acciones "que el gobierno aplicó" --así, en general y en abstracto-- en la desaparición de personas, es todo, menos lo necesario para esclarecer los casos de desaparición forzada en México.

En el caso de Alberto Estrella, la CNDH tenía información que lo señalaba como el responsable operativo de la detención-desaparición de Rubén Hernández Padrón.

Nada más elocuente que la respuesta de Alberto Estrella:

"Que no entiende las causas de la entrevista, que se considera una víctima política del sistema, que no está dispuesto ha hacer declaración alguna, que la CNDH puede averiguar (el paradero de los desaparecidos) si lo desea, entrevistando a quienes fueron Secretarios de Gobernación, y que en todo caso, esa comisión debe consultar los expedientes de la entonces DFS, que ahora obran dentro de los archivos de Seguridad Nacional. Que sirvió durante 25 años al sistema y que ahora que se encuentra en desgracia con una sentencia de 30 años de privación de su libertad, no cambia sus principios, que él piensa que ha sido leal al sistema y que seguirá siéndolo, que por tales motivos no está dispuesto a declarar en absoluto."⁵

Sorprende el nivel de perspicacia, inteligencia, audacia y metodología de investigación del licenciado Luis Raúl González Pérez, si funcionarios como él se van a encargar en la PGR de esclarecer la verdad de los crímenes de Estado en este país, ya podemos irnos despidiendo en definitiva de esta.

Una respuesta semejante obtuvo este funcionario de José Zorrilla Pérez:

"...Que a partir de la ayuda que se le brinde (resolver favorablemente al amparo solicitado en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía) estará dispuesto a declarar respecto de los desaparecidos de la señora Rosario Ibarra, mientras se niega a manifestar cualquier asunto relacionado con su gestión en la DFS".⁶

Respuesta más cínica sólo es posible encontrarla en la declaración de Miguel Nassar Haro contenida en las fojas 306 y 307 del expediente de Teresa Gutiérrez Hernández en la CNDH.

Si estos son los funcionarios de la PGR, es difícil creer que esa institución sea apta para esclarecer los crímenes del Estado mexicano.

Por eso a la pregunta: ¿Habrá justicia en México para los desaparecidos y sus familias? Yo puedo contestar con toda seguridad: Si la habrá, los desaparecidos marcharán de nuevo por las alamedas de la libertad, y serán reconocidos por sus justas aportaciones a la democratización de nuestro país. Pero lo más seguro es que esto se logre no gracias al actual gobierno, ni gracias a la CNDH, PGR y otras "instituciones de la República" sino a pesar de sus omisiones, ambigüedades y contradicciones, y en cierta medida de su complicidad funcional con la casta de desaparecedores de personas.

La reciente localización de Aleida Gallangos Vargas, quien luego de 26 años pudo reunificarse con su familia biológica, permiten afirmar que seguramente a esta batalla por los desaparecidos también la ganará la sociedad.

David Cilia Olmos, 12 de noviembre de 2001

1 Maciel Calvo Elmer, "Como un crimen de estado...", en La Jornada de Oriente, sábado 17 de noviembre del 2001, página 4.

2 Ibid, página 8

3 Periódico Reforma, entrevista de Roberto Zamarripa, 2 y 3 de agosto del 2001.

4 Luis Raúl González Pérez, oficio 300/93, 30 de agosto de 1993.

5 CNDH, Acta circunstanciada de la actuación con Alberto Estrella, foja 305, expediente de Teresa Gutiérrez Hernández

6 Manuel Zorrilla Pérez, declaración ante la CNDH, 17 de octubre de 1997 foja 308 del expediente de Teresa Gutiérrez Hernández.