2001. El Informe de la CNDH Sobre los Desaparecidos

El Informe de la CNDH sobre los Desaparecidos
El 21 de septiembre de 1990 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México inició una investigación sobre el paradero de más de 500 ciudadanos que habían sido detenidos por el Ejército, la DFS, la DIPD y otras corporaciones policiacas. 11 años después la CNDH presentó ante la sociedad el informe correspondiente.
En este desataca que conforme a los datos obtenidos existen 275 casos de personas que se puede concluir fueron víctimas de detención, interrogatorio, y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos. La CNDH confirma que, como lo hemos venido diciendo por décadas: "la respuesta gubernamental ... no se basó en atribuciones conferidas a esos servidores públicos por el marco jurídico para enfrentar dichas acciones dentro de los límites de la ley". Y destaca también que en otros 257 casos no se puede concluir, jurídicamente hablando, la existencia de desaparición forzada , pero tampoco puede descartarse esta posibilidad.




Ante este informe, familiares, amigos y compañeros de lucha de desaparecidos políticos en México, estamos convocando a las personas honestas y sensibles de nuestro país, a la realización del ENCUENTRO POR LA PRESENTACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, el cual tiene entro entre otros objetivos realizar un análisis, emitir una posición al respecto del informe y construir una propuesta de coordinación de nuestros esfuerzos para avanzar más en la lucha por la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos de nuestro país.




Hemos estudiado en términos generales tanto el informe general, como expedientes específicos de familiares y amigos cuyos casos conocemos bien los convocantes y de manera preliminar hemos observado lo siguiente:




1.- Si bien la CNDH tardó 11 años, 2 meses y 6 días (4081 días naturales), la parte sustancial y relevante de la información recabada fue obtenida en el periodo del 6 de agosto de 2001, al 21 de septiembre del mismo año (46 días naturales). Esto es, en el 1 (uno) por ciento del tiempo de operación.




2.- De la lectura del informe se destacan con claridad dos periodos, el que va del 21 de septiembre de 1990 al 5 de agosto de 2001, y el que va del 6 de agosto de 2001 a la fecha del informe. El primer periodo se caracteriza por que el principal "trabajo" de "investigación" de la CNDH consistió en dirigir oficios a diversas autoridades federales y locales entre 18 mil y 29 mil oficios/desaparecido, para encontrar "elementos de convicción que permitiera establecer la intervención de alguna autoridad en la desaparición de las personas buscadas. La respuesta de las más de 30 instituciones interrogadas de esta manera, a las que la CNDH prácticamente preguntaba "si no de casualidad tenían por ahí a algún desaparecido", determinó que el principal descubrimiento de la CNDH fue que en este país existen varias personas que se llaman de la misma manera, esto es que son homónimos. De ahí, que el principal trabajo de campo de la CNDH hasta el año 2001 fuera buscar a los homónimos que esas instituciones le reportaban, para después de varios años de "investigación", comprobar que el homónimo, además de no estar desaparecido, no era la persona que buscaban.




Si no fuera por que estamos hablando de la vida y la suerte de más de 500 personas desaparecidas, esta actuación de la CNDH sería el guión para la película más tonta que se pudiera filmar.




3.- Toda esta "investigación" de la CNDH se hacía mientras la práctica de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial seguían cometiéndose por el gobierno durante los regímenes de Carlos Salinas de Gortari, y Ernesto Zedillo Ponce de León, sin que la CNDH pusiera remedio. Más grave este hecho, aún cuando su participación fue pudo ser determinante para detener casos concretos de desaparición de personas, pero no intervino como en el caso de Reyes Penagos Martínez, miembro de la UCPFV, frente al cual la CNDH no realizó ninguna acción sino hasta que esta después de que esta persona fue ejecutada extrajudicialmente por sus captores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.




4.- Durante el periodo comprendido del 6 de agosto al 12 de septiembre del año 2001, esto es durante 37 días naturales, visitadores de la CNDH practicaron la consulta de 532 fichas individuales de un total de 80 millones de tarjetas personales, que se encontraban en el CISEN, esto es, se dejaron de consultar 79 millones, 999 mil, 468 fichas, el 99.99% del total, hubo por lo tanto 6.6 fichas consultadas, por cada millón de fichas existentes.




5.- En 37 días se consultaron 150 expedientes de la DFS que suman 41 mil 200 páginas, esto es mil 113 páginas por día, y en el Archivo General de la Nación en el periodo del 7 al 21 de septiembre, 14 días naturales, se analizó un catálogo de 3 mil 308 cajas de las cuales fueron consultadas 182 cajas, 13 cajas por día natural, por lo tanto, quedaron sin consultar 3 mil 126 cajas, "nada más" el 94.5%




6.- El trabajo que se presenta como producto de la revisión de los archivos del CISEN y del archivo general de la nación, no puede en estricto sentido llamarse "investigación" metodológicamente hablando, ya que se limitó a transcribir de estos archivos las partes que demuestran documentalmente la responsabilidad del gobierno en la desaparición de 275 personas, sin realizar propiamente una conexión y relación en términos lógicos de los mismos datos obtenidos y de estos, con otros datos aportados por la sociedad, esto provocó que por diversos casos de desaparición forzada no fueran acreditados por la CNDH, como por ejemplo, en el caso de Hortensia García Zavala, de quien teniendo la CNDH la evidencia documental de la DFS de que dos personas fueron detenidas en una misma casa, como había sido denunciado durante años por los familiares, sólo acredita la desaparición de una, por que de la otra no se sabía si se llamaba Hortensia, y porque investigó los casos de manera separada a pesar de ser esposos, y ser detenidos en el mismo lugar y fecha.




7.- Que aún en estas circunstancias, y auto limitaciones, el equipo recopilador de información de la CNDH no haya escamoteado los datos existentes que demuestran la responsabilidad del Estado en la desaparición de 275 personas, como lo han hecho con ellos y todos los demás las autoridades a lo largo ya de 30 años mediante formulismos legales y de procedimientos institucionales, es un hecho inédito en la vida política nacional.




8.- El que se acredite la desaparición de estos 275 ciudadanos y que con ello aparezcan las evidencias documentales de la responsabilidad de funcionarios públicos en su desaparición y que por tanto se abra el camino para llegar a establecer su paradero, implica necesariamente una responsabilidad criminal de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que mantuvieron oculta estos expedientes y toda la información gubernamental referida a los desaparecidos, lo cual los convierte automáticamente en cómplices y encubridores de los autores materiales de las atrocidades que hoy se han documentado. Pensamos que contra ellos se tiene que iniciar una acción penal por los delitos de desaparición forzada de personas en su papel de copartícipes de esta guerra sucia. Porque aunque estos -en su momento presidentes- protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y las demás leyes por el bien y prosperidad de la nación, no lo hicieron y dejaron que millares de ciudadanos siguieran, bajo su mandato, en calidad de desaparecidos al no ordenar en su momento, se abrieran estos expedientes para que terminara este suplicio para la nación. Esto, además de la responsabilidad penal que resulte por los desaparecidos de su periodo.




9.- Igualmente el informe documenta la complicidad y encubrimiento en delitos de lesa humanidad de los Secretarios de Gobernación, en el mismo periodo, porque estando esta información bajo su resguardo en última instancia, no hicieron nada por otorgarla para la solución de un problema político nacional del que ellos hacían un seguimiento diario y meticuloso y el cual la ley les facultaba y ordenaba resolver. Esto, además de la responsabilidad penal que resulte por los desaparecidos de su periodo.




10.- También los anteriores presidentes de la CNDH tienen responsabilidad, aunque ellos podrían argumentar que no estaba en sus manos avanzar en el esclarecimiento de la verdad, puesto que no tuvieron acceso a estos archivos, sin embargo es un hecho que nunca recomendaron al ejecutivo federal correspondiente, o a los secretarios de gobernación o a los directores de la DFS, DSN, CISEN, DIPD, SEDENA que esta información se les entregara para proseguir con sus investigaciones, y en caso de que lo hubieran hecho y, como era de esperarse su recomendación fuera incumplida, nunca la hicieron pública ante la sociedad, tal y como lo marca su normatividad.




11.- A nuestro parecer, una de las partes más relevantes del informe no se encuentra en lo que este contiene, sino en lo que deja de contener. En México no hay 275 ni 532 desaparecidos, organizaciones como AFADEM han documentado la existencia de 600 tan sólo en el Estado de Guerrero. Por otro lado, el informe de la CNDH cita mutilados archivos del CISEN, sobre todo en las partes que involucra a otros detenidos desaparecidos. Sostenemos que si esta mutilación no se hubiera dado, y se hubiera citado el documento fuente de manera completa, a estas alturas los familiares y compañeros de lucha de los desaparecidos ya habríamos coadyuvado a aumentar significativamente el número de 275 desapariciones acreditadas por la CNDH. Es precisamente lo que falta lo que más resalta, ya que el caso de desaparecidos durante los sexenios de Salinas y Zedillo, a pesar de que tienen un expediente abierto en la CNDH, de estos no se informan, como el caso del Profesor Gregorio Alfonso Alvarado López en cuya desaparición, el ex procurador Lozano Gracia, militante del Partido Acción Nacional, actualmente en el poder, es parte de los actores que se investigan.




12.- Pero sin lugar a dudas, la parte que nos causa la mayor preocupación del informe de la CNDH, es en la referida los criterios de acreditación de la desaparición de personas específicas, que observamos se basó casi exclusivamente en los archivos del CISEN, parece que para que se acredite una desaparición la CNDH debería tropezarse con un documento que gritara "aquí hay un desaparecido", falta por indagar el 99.99% de las fichas del CISEN, el 94.5% de las Cajas vinculadas a la guerra sucia del Archivo General de la Nación, vincular los datos entre sí, y no descartar, como lo ha hecho la CNDH, dos fuentes principales: los datos aportados por testigos, señalando responsables directos, y lugares de reclusión, los cuales no fueron investigados y; las declaraciones de personas involucradas en desapariciones, como el caso de la declaración verbal de Sergio Villanueva, comandante del grupo Jaguar de la DIPD, cuyos apuntes no sólo no fueron tomadas en cuenta en la "investigación", sino que ni siquiera se transcriben en el expediente que se entrega a la sociedad, a pesar de que están contenidos en la foja 276 del expediente completo de Teresa Gutiérrez Hernández y que es determinante para esclarecer el paradero de 13 ciudadanos secuestrados en 1981 y 1982.




13.- El informe de la CNDH, deja ver que a partir del año 1980 los archivos de la DFS fueron mutilados casi en su totalidad, o no se presentan, al menos en el rubro de detenciones. Era fundamental que la CNDH hiciera esta denuncia, porque de esto se desprende que las autoridades correspondientes no acataron la orden gubernamental de abrir todos los archivos de los órganos de "seguridad" del Estado que tuvieron que ver con la guerra sucia y por que demuestra, que por encima de la autoridad del presidente de la república y las instituciones, subsiste un sindicato de torturadores y desaparecedores de personas que siguen ocupando puestos claves y siguen actuando de manera organizada en perjuicio de la sociedad.




14.- Es evidente que el informe señala, además de la responsabilidad de servidores públicos, la responsabilidad de instituciones del Estado en la desaparición de personas. Soberanes mismo declara: "Es irrefutable que muchas de las respuestas por parte de las FUERZAS PÚBLICAS fueron realizadas fuera del marco jurídico", "La respuesta GUBERNAMENTAL ... no se basó en atribuciones conferidas a esos servidores públicos..." etc., por lo que no dejamos de notar una incongruencia entre lo que concluye el informe de la CNDH y lo planteado por Fox en su acuerdo presidencial correspondiente, en el sentido de deslindar a las "instituciones" de toda responsabilidad, sin sustento alguno en el conocimiento de los hechos y prejuzgando de antemano.







Por todo lo anterior, convocamos a los familiares de desaparecidos, ejecutados y prisioneros políticos y a la sociedad en general al ENCUENTRO POR LA PRESENTACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y POR LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, en donde de manera relevante analizaremos el Informe de la CNDH y tomaremos acuerdos que nos permitan contribuir a continuar y acrecentar de mejor manera la lucha por la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos en México.

Comisión Organizadora del Encuentro Por la Presentación de los Desaparecidos, el fin de la impunidad y la libertad a los presos políticos.

México, D.F., a 8 de diciembre del 2001.

ENCUENTRO POR LA PRESENTACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS




PROPUESTA DE

CONCLUSIONES Y ACUERDOS AL RESPECTO DEL INFORME DE LA CNDH SOBRE LOS DESAPARECIDOS




Los familiares, compañeros de lucha y ciudadanos que abajo firmamos luego de analizar tanto el informe general, de la CNDH sobre desaparecidos, como los expedientes específicos en el ENCUENTRO POR LA PRESENTACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, hemos llegado a las siguientes conclusiones y acuerdos.





Solicitar a la Contraloría de la Federación realice una auditoría metodológica, operativa y financiera, al programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH y a sus titulares, Jorge Carpizo Mac Gregor, Jorge Madrazo y Mirele Rocatti, ya que lejos de cumplir con la misión que se les había conferido al respecto de salvaguardar los derechos humanos de más de 500 desaparecidos que tenían reportados, realizaron una serie de acciones aparentemente idiotas pero que tenían como fin dar largas al asunto de los desaparecidos e impedir que se conociera la verdad.





Exigir a la CNDH un deslinde preciso de los resultados obtenidos en la búsqueda de los desaparecidos por cada uno de los titulares mencionados de la CNDH a fin de que la sociedad pueda valorar que hizo cada cual y cuanto dinero del pueblo se gastó en esos resultados.





Exigir que la CNDH complete su informe a la década de los 90´s y hasta la fecha, pues no es esta institución la que puede decidir arbitrariamente y de manera previa donde termina la Guerra Sucia. Sobre todo, cuando esta se mantuvo y agudizó durante los regímenes de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.





Solicitar a la CNDH incluya en esta investigación los casos de ejecución extrajudicial y matanzas colectivas, y supla, por tratarse de delitos graves y de lesa humanidad que deben perseguirse de oficio, la queja de familiares o afectados.





Solicitar a los familiares de personas que hayan sido ejecutadas extrajudicialmente, en aparentes enfrentamientos con la policía o el Ejército, o en matanzas cometidas por fuerzas del gobierno o paramilitares, que hagan la denuncia correspondiente.





Hacer una invitación abierta a abogados democráticos y jóvenes pasantes de derecho o de cualquier otra área de investigación para que apoyen a la Comisión Organizadora del presente encuentro a fin de poder asesorar la presentación de las denuncias que de este tipo se generen, además de las que aún falta por integrar o actualizar en el caso de los desaparecidos políticos





Solicitar al presidente de la República Vicente Fox Quezada, que ordene que no en un plazo de 90 días, sino desde ya, los familiares tengan acceso directo de manera inmediata a los legajos COMPLETOS que la CNDH cita en su informe de los archivos del CISEN y del Archivo General de la Nación.





Hacer la misma solicitud a la CNDH, ya que en virtud del trabajo realizado es evidente que cuentan con copias de cada uno de los legajos citados en su informe.





Solicitar al Archivo General de la Nación acepte tener una reunión con los familiares de desaparecidos y activistas de los derechos humanos a fin de que exhiba y explique el catálogo de 3 mil 308 cajas que fueron consultadas por la CNDH, de las cuales sólo se consultaron el 5%





Solicitar a la CNDH informe de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, o uso excesivo de fuerza que redundó en muerte de algún ciudadano, encontrados en los archivos que consultó y que no incluyó en su informe por no existir la denuncia de los familiares, como el caso de "Juana" relacionada con el caso de Ramón Cardona Medel.





Exigir a las autoridades correspondientes se inicie un proceso penal en contra de los señores Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que mantuvieron ocultos durante su mandato los expedientes que cita la CNDH en su informe y toda la información gubernamental referida a los desaparecidos. Eso los convierte en encubridores de los autores materiales de la desaparición de personas. Lo anterior además de la responsabilidad penal que resulte por los desaparecidos de su periodo.





Exigir se inicie acción penal en contra de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo por los mismos delitos, además de la responsabilidad penal que resulte por los desaparecidos de su periodo.





Igualmente exigimos se inicie acción penal por la complicidad y encubrimiento en delitos de lesa humanidad por parte de los Secretarios de Gobernación, y directores del CISEN, DSN y DFS en el mismo periodo, porque estando esta información bajo su resguardo en última instancia, no hicieron nada por otorgarla para la solución de un problema político nacional que la ley les facultaba y ordenaba resolver. Esto, además de la responsabilidad penal que resulte por los desaparecidos de su periodo.





Exigimos también se inicie la acción correspondiente a los anteriores presidentes de la CNDH ya que nunca recomendaron al ejecutivo federal, secretarios de gobernación, o a los directores de la DFS, DSN, CISEN, DIPD, SEDENA que esta información se les entregara para proseguir con sus investigaciones o nunca la hicieron pública ante la sociedad, tal y como lo marca su normatividad.





Reconocer que no obstante los datos valiosos que el informe de la CNDH presenta, no podemos decir que esta institución haya realizado una investigación para el esclarecimiento de la verdad, por lo que esta investigación sigue pendiente en México.





Desmentir al presidente de México Vicente Fox Quezada en su afirmación de que del informe de la CNDH se desprende que fueron exclusivamente individuos y no instituciones los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se documentan, cuando propiamente las investigaciones penales ni siquiera se han iniciado, ni el informe de la CNDH puede fundar una afirmación de esa naturaleza.





Exigir a la CNDH que las testimoniales y otros datos aportados por los familiares señalando a funcionarios directos en la desaparición de personas también sean integrados en los expedientes correspondientes, la CNDH no puede arbitrariamente desechar datos. Todos ellos deben exhibirse.





Exigir al secretario de Gobernación que inicie una investigación conducente a la localización inmediata de los archivos de la DFS y DSN que particularmente a partir de 1980 no fueron localizados o entregados a la CNDH para la elaboración de su informe.





Exigir a las autoridades correspondientes inicie acción penal en contra de los funcionarios públicos que además de desaparecer personas, desaparecieron los archivos de las operaciones de seguimiento, secuestro, interrogatorio, cerco, aniquilación, y confinamiento de luchadores sociales, particularmente los archivos de la DFS, PJF, DSN, DIPD, Grupo Jaguar, a partir de 1980.




Nos sentimos profundamente consternados por la burla que el gobierno ha realizado durante más de 10 años durante su supuesta búsqueda de nuestros familiares y compañeros desaparecidos, ese estigma jamás desaparecerá, pero es el interés superior de encontrar a nuestros desaparecidos lo que nos lleva a continuar nuestra lucha ante instituciones que por su felonía y criminalidad repudiamos. Lo ideal para nosotros, el sueño al que aspiramos es que en México existiera un Estado de derecho y las autoridades actuarán con lógica, probidad y determinación de resolver el problema de los desaparecidos, a eso aspiramos. Si el actual gobierno puede escuchar estas conclusiones encaminadas al esclarecimiento de la verdad, que bueno. Si no lo puede hacer, nosotros seguiremos en nuestra lucha, porque sabemos que finalmente las voces que intentaron apagar al desaparecer a nuestro familiares y compañeros serán tan potentes que terminarán de tirar las barreras de ignominia que subsisten en nuestro país.




Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 10 de Diciembre de 2001
















LA GUERRA SUCIA EN MÉXICO NO TERMINÓ EN 1985




Respecto al acuerdo presidencial sobre los desaparecidos




Al término de la lectura del Informe de la CNDH sobre los desaparecidos, el secretario de Gobernación leyó el acuerdo presidencial que entra en vigor a partir del siguiente día. Al respecto es necesario aclarar:




En el esclarecimiento de los crímenes del pasado la historia se repite, se crea una instancia de gobierno para averiguar los crímenes del mismo contra la sociedad, en este caso una fiscalía especial designada por el general Macedo de la Concha señalado por violar los derechos humanos de un prisionero político, el General Gallardo, y titular de la PGR, dependencia que ha sido señalada reiteradamente por la violación a los derechos humanos y la desaparición de personas.




Con la creación del Comité de Apoyo se repite la exclusión total de la sociedad. Será el procurador Macedo de la Concha quien conforme --por invitación-- un comité de apoyo cuyo objeto sea aportar al fiscal especial los elementos históricos, sociales, jurídicos y demás necesarios. Nosotros preguntamos ¿sobre qué criterio el señor Macedo de la Concha va a realizar estas invitaciones? ¿en dónde entra la participación de la sociedad en la búsqueda de la verdad en los hechos que la han agraviado? ¿en donde entran los familiares de los desaparecidos y de los asesinados por las fuerzas gubernamentales? ¿Nuevamente vamos a esperar otros 11 años a que nos den un informe de 50 minutos?




Será el Secretario de Gobernación Santiago Creel quién conformará un Comité interdisciplinario para la reparación administrativa de los agravios de la guerra sucia, el comité será conformado sólo por funcionarios gubernamentales y siempre, previa invitación. Nuevamente el estado por encima de la sociedad. La sociedad deberá --según la lógica del acuerdo presidencial-- observar cómo el gobierno acuerda y decide repararle el daño.




Es limitado también el alcance del acuerdo presidencial en cuanto a la búsqueda de la verdad y la sanción a los miembros del Ejército Mexicano que participaron en la desaparición de personas y las ejecuciones extrajudiciales, ya que sólo se pone a disposición de la fiscalía especial los archivos y documentos de la Procuraduría General de Justicia Militar, cuando no era esta dependencia del Ejército la que se dedicaba de manera principal a las labores de guerra sucia (sin decir con esto que no incurría en ella), sino la llamada "Sección Segunda" dependencia en la que se formó la Brigada Blanca, y los más altos mandos del Ejército incluyendo su comandante en jefe, el presidente en turno de la República. Por tal motivo, no sólo los archivos de la Procuraduría General de Justicia Militar deberían estar al alcance de una comisión investigadora de la verdad y fiscalizadora de delitos cometidos contra participantes en movimientos políticos y sociales, sino TODOS LOS ARCHIVOS de la Secretaría de la Defensa Nacional, y incluyendo la Fuerza Aérea que incurrió en el traslado de desaparecidos y la Secretaría de Marina que en noviembre de 1981 participó en el Puerto de Guaymas, Sonora en la campaña de cerco en contra de militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que posteriormente serían desaparecidos.




Pero la parte más grave de la nueva disposición presidencial es que acota en términos operacionales las indagaciones sobre el pasado al año de 1985, cuando es un hecho que la guerra sucia se extendió a los regímenes de Salinas de Gortari, y Ernesto Zedillo, y así lo demuestran el asesinato de más de 500 perredistas, las ejecuciones extrajudiciales de zapatistas a partir de 1994 y el secuestro, desaparición y posterior ejecución de campesinos de la Unión Campesina Popular Francisco Villa en Nueva Palestina Chiapas, las masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y Acteal.




Esta acotación operacional de las indagaciones sobre la guerra sucia se expresa en que hasta antes del año 1985 la documentación estará en el Archivo general de la Nación, al alcance de "cualquier interesado", del 85 para acá sólo estarán a disposición de la PGR, CNDH y otras dependencias "competentes".




Pero además esta nueva disposición presidencial deja en estado de total indefensión el caso del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, y su familia, a pesar de que se presentó desde la fecha de su desaparición en 1996, toda la información y pruebas del acoso que sufrió desde antes de su desaparición por parte de la PGR. En este caso es la PGR la que tendría que ser investigada y no investigar. Y por otro lado los archivos gubernamentales no estarán a disposición de los familiares e investigadores no gubernamentales por haber sucedido su detención-desaparición en fecha posterior a 1985 .




Por todo lo anterior sigue vigente la exigencia del establecimiento de una Comisión de la Verdad, cuyo titular sea un ciudadano independiente del Ejecutivo en lo que se refiere a las líneas de investigación, elegido por el Congreso de la Unión con todas las facultades legales otorgadas a la Fiscalía Especial señalada en el acuerdo presidencial del día de hoy, más otras que le son necesarias, en la que también participe en sus distintas instancias ejecutivas, consultivas, asesoras, operativas, la sociedad civil y particularmente la parte de la sociedad que ha sido agraviada por la guerra sucia, que son los familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.




Y si el principal argumento es que el presidente Fox no tiene facultades para formar una comisión de esta naturaleza, hay que recordar que el Estado mexicano está conformado por tres poderes, no por uno, y que la formación de una comisión de la verdad si es una facultad del poder legislativo.




En cuanto esto sucede, exigimos que la información de las violaciones a los derechos humanos cometidos contra participantes en movimientos sociales o políticos de 1968 al 2001, y no hasta 1985 como se plantea en el acuerdo presidencial, y se pongan los expedientes, sin obstáculo alguno, a disposición de los familiares y agraviados y de las organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes que estos señalen.




Atentamente:

David Cilia Olmos

Centro de Derechos Humanos Yax Kin A.C




Irma Chavez Baeza

Frente Popular Revolucionario




Oscar Banda González

Coordinadora de Organizaciones de residentes Indígenas en la Cd. De México




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