David Cilia Olmos

Carpizo,

la CNDH

la otra cara de la guerra sucia

Centro de Derechos Humanos Yax´kin A.C.

México, diciembre de 2001

Una edición del Centro de Derechos Humanos Yax´kin A.C., Programa de investigación y documentación contra la impunidad en México.

Yax´kin AC: Cerrajería 13 Colonia Azteca, Delegación Venustiano Carranza, México D.F., C.P. 15320. Teléfono 26 16 15 79 Correo Electrónico yaxkin@prodigy.net.mx.

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A Aleida Gallangos Vargas o Luz Elba Gorostiola Torís

A todos los que desde la clandestinidad obligada cayeron en la lucha por un mundo mejor

...y esto no es un suicidio,

conviene aclararlo de una vez por todas, la revolución no es jamás un suicidio, la revolución ni siquiera es la muerte, la revolución es la vida más que cualquier otra cosa...

Mario Benedetti,

"El cumpleaños de Juan Angel

Prologo

En septiembre de 1990 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México inició una investigación sobre el paradero de más de 500 ciudadanos que habían sido detenidos por el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección para la Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD) y otras corporaciones policiacas.

Durante 11 años el trabajo de la CNDH consistió en enviar oficios a distintas instituciones preguntando si no tenían por ahí a algún desaparecido. Derivado de esta metodología de "investigación", el principal trabajo de campo de la CNDH, fue buscar a los homónimos que las instituciones le reportaban en sus oficios de respuesta, para después de varios años de "investigación", comprobar que el homónimo, además de no estar desaparecido, no era la persona que buscaban.

Si no fuera por que estamos hablando de la vida y la suerte de más de 500 personas, esta actuación de la CNDH sería el guión para la película más tonta que se pudiera filmar.

Más grave que esta imbecilidad metodológica de investigación, fue descubrir que resto del trabajo de "investigación" lo realizaban 14 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y al menos un comandante policiaco --el comandante "Pato"-- que había pertenecido a la DFS y que se había destacado en el secuestro, tortura y desaparición de los detenidos que ahora pretendía "encontrar" como parte de la CNDH.

Fue una década de simulación y engaño en la que la CNDH hizo todo lo posible por no encontrar a los detenidos desaparecidos, mientras la práctica de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial seguían cometiéndose por las fuerzas gubernamentales en nuestro país.

Esta burla que el Estado mexicano hizo a los familiares de desaparecidos, fue documentada y denunciada penalmente, en julio de 2001 por el autor. La primera parte de este libro es la historia de cómo Jorge Carpizo Mac Gregor, en su momento presidente de la CNDH e infatigable y desmemoriado escudero del "comandante Pato" pretende eludir sus responsabilidades y revertir la acción de la justicia.

La forma sucia mediante la cual el Estado Mexicano por medio de la CNDH intentó ocultar sus propios crímenes no termina sin embargo en la gestión de Jorge Carpizo. El reciente informe de la CNDH ha arrojado luz sobre todo un periodo en el que el órgano encargado de la defensa de los derechos humanos no hizo sino encubrir y solapar estos crímenes y aparentar ante la sociedad un estado de derecho que en realidad no existe todavía

Por eso no es aventurado decir que en realidad la llamada "guerra sucia" definida esta como la represión gubernamental, fuera de los marcos legales, brutal y

sanguinaria, a opositores políticos y personas cercanas a estos, no se limita a desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, sino también al encubrimiento que desde diversos órganos del Estado se les proporcionó a las corporaciones militares y policiacas desaparecedoras, siendo, por acción u omisión, la CNDH hasta hace relativamente poco tiempo parte de este encubrimiento.

El 27 de noviembre del 2001, en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, el Estado reconoce por primera vez su responsabilidad en desaparición y ejecución de personas por motivos políticos. Sin embargo, a la par con este reconocimiento, Diego Fernández de Cevallos de la mano de Manuel Barlett Díaz, apresuradamente logran imponer en el Senado de la República una serie de acuerdos que, vistos de conjunto, representan el equivalente una ley de punto final al dotar a torturadores, desaparecedores y asesinos gubernamentales de un blindaje jurídico que pretende garantizar su impunidad. Un análisis del Informe de la CNDH sobre desaparecidos y de las medidas presidenciales adoptadas al respecto, constituyen la segunda y tercera parte de este libro.

No es un panorama sombrío el que pretende esbozar este escrito. En los últimos 6 meses se ha difundido y reflexionado en los medios de comunicación, sobre desaparecidos e impunidad gubernamental, mil veces más que en los últimos 30 años, eso no es gratuito. Ha sido el ascenso en la conciencia y determinación de la sociedad la que ha logrado derrotar a un régimen delincuencial, como primer requisito para acabar con la impunidad y esclarecer la verdad. No sabemos si el nuevo régimen de Fox será capaz de cumplir las promesas que hizo al respecto de la impunidad, lo que si podemos afirmar es que esta lucha por la verdad y contra la impunidad ya no la para (detiene) nadie.

Carpizo y la guerra sucia

El 2 y 3 de agosto del 2001, el diario Reforma publicó declaraciones del señor Jorge Carpizo Mac Gregor relacionadas con la denuncia penal que presenté en su contra y en contra de funcionarios gubernamentales que en su momento fueron participes o responsables de la detención, secuestro, y desaparición de 13 ciudadanos mexicanos.

El día 1° de octubre de 2001, Jorge Carpizo presentó denuncia en la PGJDF en mi contra por difamación, "delito que se debe castigar, hasta con dos años de prisión". La nota, publicada el 2 de octubre en Reforma, no señala que Carpizo Mac Gregor me acusa también de los delitos de calumnias y falsedad de declaraciones, por lo que la sanción penal aumentaría hasta dos años en el primer caso y hasta 10 años en el segundo. Según esto me esperaría una condena acumulada de hasta de 14 años de prisión.

No es esta amenaza lo que me lleva a escribir este documento, sino el dejar constancia de cómo fueron los hechos que denuncié el 24 de julio de 2001 y la responsabilidad de Jorge Carpizo Mac Gregor en el encubrimiento de funcionarios de gobierno que ejecutaron la detención, incomunicación, tortura y desaparición de 13 militantes de una de las organizaciones políticas que fue más brutal, ilegal y sanguinariamente perseguida por el gobierno mexicano.

No me atemorizan los 14 años de cárcel que pretende obsequiarme el distinguido señor Carpizo, por dos razones: En este país todavía no podemos decir que haya justicia, ni una vida democrática, los ciudadanos no somos iguales ante las leyes, y más que la verdad y la justicia, son los medios de comunicación, como ya lo vimos en el caso Stanley-Bezares, los determinantes para definir la cárcel o la libertad de las personas.

Independientemente de las leyes, la verdad y la justicia, Carpizo logrará o no su propósito dependiendo de otros factores que en última instancia puedo reducir a la correlación de las fuerzas de la sociedad que luchamos por el fin de la impunidad gubernamental, por el esclarecimiento de los crímenes gubernamentales del 68 en adelante, y las fuerzas de los criminales de la guerra sucia en nuestro país.

Es evidente que cuando el discurso, el manejo de la sociedad a través de los medios masivos de comunicación o las maniobras legales como la contra demanda de Carpizo, no les salen bien a los hombres de la guerra sucia, o no son suficientes para impedir que sus crímenes salgan a la luz, entonces actúan como están acostumbrados, como en los viejos tiempos, sacan la pistola y aprietan el gatillo. Y esto es peor que 14 años de cárcel, desde cualquier punto de vista.

Por otro lado, el reciente asesinato de Digna Ochoa, nos hace ver que en realidad esos viejos tiempos, los tiempos de la guerra sucia en México, no resultan ser tan lejanos. Esta es la segunda razón por la que no me preocupan los hasta 14 años de cárcel que tiene a bien proponer para mi el distinguidísimo señor Carpizo.

Los integrantes de varias generaciones de los 60´s para acá, estuvimos en una guerra que no inventamos, que no pedimos, que no buscamos, y que no tuvimos otra alternativa más que enfrentarla.

A la salvaje guerra del gobierno contra el pueblo del cual formamos parte, al encarcelamiento, asesinato, tortura que el gobierno sometía lo mismo a los cañeros de Veracruz, que a los obreros ferrocarrileros, lo mismo a los campesinos zapatistas de Morelos, que al movimiento de médicos y maestros, lo mismo a los indígenas, que a los hombres de ciencia y a los artistas, a todo ello, un buen día respondimos con la rebelión. Los campos, montañas, calles, fábricas y casas de nuestro país fueron salpicadas por la sangre de nuestros mejores camaradas. Las cárceles se llenaron de gente digna, muchos ahí mismo fueron desaparecidos o asesinados alevosa, cobarde y hasta la fecha impunemente.

Podemos decir muy a pesar de los "análisis" hechos por encargo por "nuestros intelectuales" y políticos: esa guerra no la perdimos. Y esto, tan es así, que por eso hoy, el presidente del PAN acusa a la sociedad de que ha convertido la crítica al presidente de la República en un "deporte nacional". Esto no sería posible en los tiempos de Diaz Ordaz. Y eso no nos lo regaló Fox o Zedillo, eso es fruto directo de la lucha que dieron nuestros compañeros desde la década de los 60 para acá.

¿Qué puede importar si uno de los precios que tenemos que pagar por esclarecer la verdad y los crímenes de funcionarios gubernamentales de la guerra sucia son 14 años de cárcel? ¿Qué son estos contra 1200 desaparecidos políticos, contra cientos de ejecutados extra-judicialmente, contra centenas de prisioneros políticos injustamente recluidos, contra decenas de pueblos y colonias arrasadas? Comparados con los crímenes que cometió el régimen político del que el señor Carpizo formó parte, 14 años no son nada.

El 24 de julio del 2001 presenté ante la PGR una denuncia penal en contra de Carpizo y otros, la cual señalo que:

"En el mes de septiembre de 1990 y el 28 de enero de 1991 entregué a la CNDH una denuncia sobre la desaparición de los ciudadanos mexicanos, en la cual se señalaban los nombres, apellidos y cargos de funcionarios gubernamentales involucrados en su secuestro y posterior desaparición.

"Con motivo de mi denuncia fui visitado por el señor Ignacio Cabrera, Coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, el Lic. Francisco Saínz Hernández, el Lic. Carlos de la Concha, el Lic. Leonard Tames y el señor Carlos Reyes Domínguez, como miembros de esa Comisión gubernamental, el 20 de febrero, y principios de marzo de 1991, en el Reclusorio Norte de esta ciudad, lugar en el que me encontraba prisionero. A ellos entregué datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro de las personas desaparecidas mencionadas, para que la CNDH iniciara la investigación correspondiente y se pudiera identificar el paradero de mis compañeros. Lamentablemente el Programa de Presuntos Desaparecido no sólo no contestó a mi escrito y denuncia, sino que ha mantenido oficialmente oculta la declaración del Mayor Sergio Villanueva, quién sí reconoció haber participado en el secuestro-detención que posteriormente derivó en la desaparición de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés, en la casa en la que se reunían Teresa Gutiérrez Hernández, "Angela" y Román Barrón Gurrola. También ha mantenida oculta la indagación que se hiciera acerca del Comandante Dámaso Tostado y todos los demás datos relevantes que les proporcioné de buena fe para indagar el paradero de mis compañeros desaparecidos, sin darme en absoluto respuesta, ni informar a los familiares, quienes lejos de recibir apoyo de esa Comisión y de ese programa, fueron interrogados de forma policiaca, tratando de hacerlos testigos o responsables de los datos que yo, no ellos, había proporcionado. En ese proceso me enteré que un miembro del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH quien dijo llamarse Fabián Reyes Domínguez, y que particularmente era el que dirigía la "entrevista" que se me hacía y que más parecía interrogatorio policiaco, era un comandante de la DFS, apodado "comandante Pato", que había participado en numerosos actos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Esta persona, cuyo nombre completo es Carlos Fabián Reyes Domínguez fue identificado posteriormente como uno de los participantes en el secuestro de 3 familiares de Teresa Gutiérrez Hernández y en el secuestro y desaparición de esta compañera.

"Considero que de todo lo anterior se desprenden responsabilidades penales no únicamente de los participantes directos en los hechos, sino también de quienes los encargaron de hacer indagaciones. Señalo específicamente la presunta responsabilidad de Jorge Carpizo Mac Gregor, quien era presidente de la CNDH en el momento en que un torturador actuaba como "defensor de los derechos humanos" en ese organismo. Me refiero concretamente al "comandante Pato" Carlos Fabián Reyes Domínguez. Expresamente solicito que se llame a declara a ese funcionario, para que explique las razones por las que contrató como derechohumanista a un cruel y despiadado represor."¹

Frente a esta denuncia, el señor Jorge Carpizo atribuye a "rencillas personales" las acusaciones en su contra. Según lo que publica Reforma el 3 de agosto^²:

"Jorge Carpizo dijo que la policía no infiltró a la CNDH durante su gestión y que el caso del ex agente de la Dirección Federal de Seguridad que estuvo en el Programa de Desaparecidos, Fabián Reyes, fue producto de que él ingresó al programa con el grupo de la PGR".

"He preguntado a personas que estuvieron colaborando conmigo, y el comandante Carlos Reyes estuvo en el programa de presuntos desaparecidos. No hay la más mínima duda que estuvo. No se precisa, pero eso tendrá que estar en los archivos de la CNDH, que él ingresó dentro de este grupo de 14 elementos de la PGR, que como he dicho eran dos agentes del Ministerio Público y 12 policías judiciales federales, además de cinco miembros de la CNDH".

A la pregunta del periodista Roberto Zamarripa ¿Puede dar los nombres de los cinco de la CNDH?, Carpizo contesta:

"No, no recuerdo. Pero no creo que la CNDH lo haya contratado. Hay que checar los expedientes de la CNDH. Ahí debe estar en un oficio quiénes fueron los comisionados de la PGR. Eso tiene que estar. Pero aquí hay algo importantísimo. Este grupo interdisciplinario no fue ningún secreto. En 1990 yo no conocí alguna crítica, bueno a lo mejor alguna cosa pequeña, pero no hubo un cuestionamiento público a este grupo. Si lo hubiera habido lo hubiéramos discutido con las asociaciones. El sentir de la CNDH fue que funcionó bastante bien. Sobre este señor Reyes, nunca me llegó una queja."

Hay que hacer notar esta primera respuesta del señor Carpizo, "no hay la más mínima duda que estuvo" (Fabián Carlos Reyes Domínguez, agente de la DFS) porque menos de un mes después en su demanda, Carpizo Mac Gregor afirmaría:

"En su denuncia penal que (David Cilia) realizó ante la Procuraduría General de la República, consistente en que sabiendo que el señor Fabián Carlos Reyes Domínguez no perteneció al programa de Desaparecidos de la CNDH, en la época en que estuvo de Presidente de dicha Institución el Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor, me imputó dicha contratación."

Por un lado, Carpizo dice: "He preguntado a personas que estuvieron colaborando conmigo" y como resultado de esta indagación, "el comandante Carlos Reyes estuvo en el programa de presuntos desaparecidos. No hay la más mínima duda que estuvo". Y por el otro lado, me acusa públicamente de cometer del delito de falsedad de declaraciones por decir exactamente lo mismo que él afirma y que hasta la fecha no ha refutado, corregido o rectificado a pesar de haberse publicado en un diario nacional.

Luego de confirmar que el "comandante Pato" efectivamente trabajo durante su gestión en el Programa de Desaparecidos de la CNDH, Carpizo trata de reducir a rencillas personales la denuncia penal en su contra y acusa al licenciado José Enrique González Ruiz, abogado de familiares de desaparecidos de "cobrar afrentas personales" y de ser el verdadero autor. Dice en entrevista con Roberto Zamarripa:

"Voy a decir algo que nunca he referido. Cuando me enteré por primera vez, en el periódico REFORMA, de lo que dijo el señor Cilia, de quien no recuerdo haber oído su nombre, pero a quien sí identifico muy bien es a su abogado, el licenciado Enrique González Ruiz. Este episodio se le debe a él. Somos viejos conocidos. El licenciado González Ruiz trabajó conmigo cuando yo fui abogado general de la Universidad, y en uno de los puestos más importante de mi área, era el coordinador de la comisión técnica de estudios y proyectos legislativos. En la época de los problemas laborales en la UNAM, en 1976, se comenzaron a filtrar documentos. No sabíamos quién era, estábamos desconcertados. Hasta que se pudo tener la certeza que quien filtraba los documentos era el licenciado González Ruiz. Se le cesó. Yo directamente le dije que quedaba cesado por falta de lealtad institucional. Al verse descubierto, no hizo ni el intento de defenderse. Solo limpió su escritorio... Esto tiene décadas y a partir de entonces, cada vez que ha podido, me ha criticado y atacado. Nunca le he contestado, ni nunca me había referido a él, a pesar de que éste episodio tiene aproximadamente 25 años."

"Pero creo, que ahora sí, se le paso la mano y he de estudiar jurídicamente también el caso del señor ¿cómo se llama?, Cilia, y del licenciado González Ruiz, porque si no pueden comprobar sus dichos, y es obvio que no van a poder, tienen responsabilidad jurídica. Envío un mensaje a las organizaciones y sus líderes: examinen con cuidado sus actuaciones, porque (González Ruiz) no está en los mejores intereses de la causa de los desaparecidos y no dejen que por sus intereses personales y resentimientos la ensucie o la deteriore."

Lastima la frivolidad del señor Carpizo. Estamos hablando de 13 ciudadanos que se encuentran aún ahora desaparecidos en alguna cárcel clandestina, de los cuales el señor Carpizo tuvo datos hace más de 10 años para ubicar su paradero. Estos datos se desprenden del documento que el recibió la CNDH el 28 de enero de 1991, a las 13 horas con 11 minutos, en sus oficinas, como consta en el acuse que se anexa y del cual hasta la fecha no ha dado respuesta, ni él ni sus sucesores en la presidencia de la CNDH

Estamos hablando de que tanto la línea de investigación para la ubicación de dos estudiantes normalistas desaparecidos, Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés, contenida en este documento así como las actuaciones realizadas por el personal a su cargo, particularmente las entrevistas con el mayor Sergio Villanueva, comandante en su momento del grupo Jaguar, no obran de manera oficial en los expedientes correspondientes y nunca fueron dadas a conocer.

Estamos hablando de la responsabilidad de Carpizo, quien sabiendo los nombres de las personas que cometieron el secuestro o detención de estos dos estudiantes, el momento, y el lugar, no realizó el menor esfuerzo por esclarecer el hecho, y con ello su paradero, o en su defecto, ocultó los resultados de la investigación.

De eso trata la denuncia a la que no ha contestado el señor Carpizo, no de los problemas personales que él pueda tener con el licenciado Enrique González Ruiz.

El señor Carpizo llama a no permitir que se ensucie la causa de los desaparecidos, cuando él mismo, sin el menor respeto por las madres de los desaparecidos permitió u ordenó, que por lo menos un comandante de la DFS colaborara con la CNDH para "encontrar" a los mismos ciudadanos que había contribuido a desaparecer.

Si la desaparición de personas es un acto bárbaro, de extrema crueldad, ¿qué se puede decir del acto de burlarse de esta manera del dolor de las madres que durante años han buscado a sus hijos e hijas desaparecidos?

Carpizo Mac Gregor incurre en uno de los delitos por los que pretende encausarme penalmente. Acusa públicamente a Enrique González Ruiz de robo o sustracción de documentos oficiales, de dar un uso distinto a de los recursos públicos que estaban bajo su cargo, de falta de lealtad institucional, de falsedad de declaraciones, y por último, de ensuciar o deteriorar la causa de los desaparecidos, por intereses personales o de revancha, por lo que él mismo cae en los supuestos delictivos de los que se dice víctima:

"La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, (en este caso a Roberto Zamarripa), la imputación que se hace a otra persona física (Enrique González Ruiz) o persona moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado (sustracción o uso distinto de documentos oficiales), que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien".

Cabe preguntarse además, ¿por qué un abogado que dice creer "en el valor de la ley y el Estado de Derecho", que cree que "uno de los más grandes problemas que México padece es el de la impunidad"^³, cuando fue abogado general de la Universidad en 1976, luego de tener, según él, la certeza que quien filtraba los documentos era el licenciado González Ruiz, lo cual como abogado sabe constituye un delito de los servidores públicos, no presentó demanda penal en su contra, cuando él (Carpizo) era el funcionario público por ley obligado a hacerlo? ¿Por qué hasta ahora esgrime: "Voy a decir algo que algo que nunca he referido... a pesar de que este episodio tiene aproximadamente 25 años".

¿Qué pasa señor Carpizo? No que la impunidad es uno de los más grandes problemas de México?

A pesar de incurrir, según su propio decir, en la denuncia tardía de la supuesta filtración de documentos, cuando era su obligación actuar, Carpizo, critica que sea hasta ahora cuando se reclame su actuación frente a la CNDH, particularmente en el asunto de los desaparecidos, dice que él no conoció alguna crítica en su momento.

"Y yo, le digo ahora a los que impugnan, lo siguiente: Que muestren un documento en que en nueve años me haya llegado. Si lo llegan a impugnar, hubiéramos hecho una investigación y si resultaba lo que decía, hubiéramos actuado en consecuencia".

Pues bien, tengo evidencias de que el señor Carpizo miente, él tuvo en sus manos una carta escrita de mi puño y letra, que le dio a conocer la defensora de derechos humanos Teresa Jardí Alonso en la que yo expreso una serie de dudas y critico la actuación del personal del programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH que me había interrogado en el Reclusorio Norte el 20 de febrero de 1991.

Pocos días después de que yo enviara esta carta a Teresa Jardí Alonso, llegaron las mismas personas de la CNDH, a las que yo estaba criticando por sus actitudes policiacas, con una copia de mi manuscrito en sus manos, y con una actitud muchísimo más agresiva, precisamente por haber cometido yo el "delito" de externar mi crítica, misma que Tere Jardí, entregó al señor Carpizo, para que pusiera un remedio.

Carpizo (como ya es clásico en la CNDH), según dijeron los mismos entregó copia mi carta de queja directamente a los funcionarios de los cuales me estaba quejando y estos regresaron no para cambiar su actitud policiaca, sino para confirmarla, motivo por el cual exigí que esta nueva entrevista, dada la agresividad de los miembros de la comisión, dejara de darse en el área de vigilancia del penal y se hiciera en el área de visita familiar, a la vista de todas las personas.

Días después de este incidente fui secuestrado dentro del mismo penal, a las dos de la mañana. Fui arrancado de mi celda, para ser llevado al área de Dirección del Reclusorio Norte, por personal de custodia, quien me entregó en manos de los presos Alberto Estrella y Juventino Prado, quienes habían sido comandantes de la DFS (al igual que Fabián Carlos Reyes Domínguez de la CNDH) y se encontraban "presos" debido al asesinato del periodista Manuel Buendía. Ellos, junto con otras personas de traje que no pude identificar pero que evidentemente venían de fuera del reclusorio, intentaron trasladarme a un lugar distinto, según esto para fotografiarme, aduciendo algún trámite administrativo (a las 2 de la mañana), a lo cual me resistí a pesar de la fuerza a la que me estaban sometiendo y fue la intervención de uno de los Jefes de Vigilancia, dada la magnitud y violencia de los hechos, lo que impidió que estas personas cumplieran con su cometido, cualquiera que éste haya sido.

Y esto sucedió exactamente después de la segunda entrevista con la CNDH en el Reclusorio Norte y cuando yo había ratificado ante ésta la existencia del testimonio de un testigo presencial de la desaparición del estudiante de medicina, profesor de la Preparatoria Popular Tacuba y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre Rubén Hernández Padrón, en el que se señalaba a Alberto Estrella, con otros agentes de la DFS, como el comandante de esa corporación que personalmente detuvo a Rubén Hernández Padrón.

En estas circunstancias, ¿Ante quien se quejaba uno de las violaciones a los derechos humanos cometida por la Comisión de Derechos Humanos, violación consistente en pasar directamente a los funcionarios acusados los pormenores de mi queja? ¿Ante Carpizo para que les diera mi queja a sus policías y estos a los asesinos de la DFS presos en el Reclusorio Norte?, ¿Ante el director de la cárcel que era ni más ni menos que Adrián Carrera Fuentes, y quien había ocupado antes de ese cargo, el de Comandante del Grupo Jaguar?, ¿Ante el entonces Procurador General de la República quien era la persona que había ordenado sin sustento legal alguno, como más tarde se demostraría, la detención, secuestro, tortura en cárceles clandestinas, amenazas de muerte, contra mi familia, mis compañeros, más de 260 personas en los terribles sucesos del 4 de abril de 1990, a raíz de los cuales posteriormente yo sería detenido? ¿Ante el presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, quien como lo confesaría más tarde, ni veía ni oía los reclamos de la sociedad? ¿Ante quién habría sugerido el señor Carpizo, que por lo que se observa es muy poco perceptivo de la realidad, o finge muy bien?

No obstante el riesgo hice esta denuncia por escrito. El periódico Reforma y la sección en México de Amnistía Internacional tienen copia de las dos cartas enviadas y el acuse de recibo del grupo 342 de Amnistía Internacional, no de hoy, sino de hace 8 y 9 años, esto es en la época en que Carpizo dice que no hubo ninguna queja. En la primera carta a Amnistía Internacional, fechada el 3 de octubre de 1991 afirmo que:

"Si los familiares de Jesús Abel y Eduardo Echeverría en últimas fechas, ante una comisión visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (gubernamental, dependiente como la DFS de la Secretaría de Gobernación) que los visitó en su domicilio, no quisieron responder o confirmar la desaparición de estos camaradas es porque dicha comisión encargada del esclarecimiento del paradero de los Desaparecidos Políticos, estaba integrada por el conocido en el medio del hampa oficial como "comandante Pato", Javier^⁴ Fabián Reyes, quien antes de ocupar este puesto en la CNDH se distinguió por su crueldad como comandante de la DFS, organismo que tiene en su haber el mayor número de desaparecidos en las corporaciones policiacas del gobierno mexicano."

"El llamado "comandante Pato" dirigió numerosos operativos de secuestro-desaparición y participó personalmente en el interrogatorio-tortura en contra de Irineo García Valenzuela, en el edificio de la DFS situado en Plaza de la República esquina con Ponciano Arriaga en el centro de la Ciudad de México."

"Solicito a Amnistía Internacional su intervención para que el señor Carlos Salinas de Gortari deponga su cínica actitud de burla hacia las madres de los desaparecidos políticos. No es posible que ponga en puestos claves de la CNDH para la investigación de los desaparecidos políticos precisamente a los que se distinguieron secuestrando, torturando y desapareciendo oponentes políticos del gobierno...

"Solicito a Amnistía Internacional su intervención a fin de que la CNDH siga todas las pistas que existen para esclarecer el paradero de los desaparecidos políticos en México y no sólo "las que no involucren a jefes policiacos y altos funcionarios" del gobierno mexicano, tal y como me lo expresó personalmente el Sr. Ignacio Cabrera, encargado de la CNDH de este asunto. Es ridículo que la CNDH pretenda que va a encontrar a los desaparecidos chocando con ellos en la calle y no como debe ser, empezando la investigación POR QUIÉN LOS CAPTURÓ." ⁵

Previa a esta carta, la denuncia se había hecho pública ante los medios de comunicación, con motivo de la realización de la primera conferencia de prensa que se realizó por prisioneros dentro de un reclusorio y que organizó el colectivo de presos de la Liga Comunista 23 de Septiembre y sus familiares el 16 de abril de 1991. Expresamos en el "Boletín de prensa de los presos políticos de la Liga Comunista 23 de Septiembre sobre las irregularidades de la comisión investigadora de los desaparecidos políticos dependiente de la CNDH"

"Protestamos enérgicamente por lo que consideramos una de las más sucias maniobras que se ha visto en los últimos años en torno al asunto de los desaparecidos políticos... A raíz de la denuncia que presentamos en septiembre de 1990 a la CNDH, donde aportamos datos que permiten ubicación del paradero de 14 desaparecidos políticos en el régimen de Miguel de la Madrid, hemos recibido la visita de una comisión encabezada por el comandante Reyes (Javier Fabián Reyes) mejor conocido en el seno de la DFS como "comandante Pato", temido hasta por sus propios compañeros por la crueldad mostrada en los operativos de secuestro desaparición en los que ha participado y por la suma impiedad mostrada en las torturas a militantes de la Liga, la mayoría de los cuales siguen desaparecidos."

"La DFS, es sin lugar a dudas la corporación que más sistemáticamente instrumentó la desaparición de ciudadanos por motivos políticos, el "comandante Pato" ha sido uno de los más "eficientes" de sus comandantes, el "comandante Pato" participó directamente en el secuestro-desaparición de varios militantes de la Liga particularmente en los casos que denunciamos en 1982, él mismo debería ser objeto de investigación y no encabezar "La Comisión Investigadora" que nos ha visitado por parte de la CNDH."

"Ahora entendemos por que la comisión de la CNDH trata a toda costa de no seguir las pistas (datos) que con certeza pueden permitir ubicar el paradero de los siguientes desaparecidos.

Marco Antonio Arana Murillo

Jesús Abel Uriarte Borboa

Eduardo Echeverría Valdez

Roque Reyes García

Rubén Hernández Padrón

Román Barrón Gurrola

Irineo García Valenzuela

Armida Miranda

Teresa Gutierrez Hernández

Víctor Acosta Ramos

Juan Mendivil

Gonzalo Esquer Corral

Juan Barreras Valenzuela

Y un camarada que sólo conocimos como "Salvador"

"Consideramos una burla que a una queja tan seria como la que presentamos en torno a nuestros camaradas desaparecidos haya sido atendida de esta manera por el Doctor Jorge Carpizo, es lamentable que cosas así sigan sucediendo en este país"^⁶.

Contrariamente a lo que supondría la mayoría de la gente que le tocó vivir la guerra sucia en México sí hubo un medio de comunicación, "El Universal" del 17 de abril del 91, que aunque de manera sumamente "discreta" publicó lo siguiente:

"Dijo (David Cilia) que tiene 12 casos de desaparecidos políticos que han sido denunciados a la CNDH con nombres, datos y fechas, pero que el organismo que dirige Jorge Carpizo no les ha dado seriedad.^⁷"

Y el periódico "La Jornada" consigna lo siguiente:

"David Cilia Olmos manifestó que en septiembre pasado (1990) entregaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un paquete de 12 militantes de la LC-23 "secuestrados" por el grupo Jaguar entre 1981 y 1982, sin que hasta ahora haya habido respuesta"^⁸.

En el mes de agosto de 1992, el grupo 342 de Amnistía Internacional, con sede en Francia, recibió una segunda carta en donde se denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en septiembre informa que:

"... Los informes que usted (David Cilia) nos da parecen importantes. Lo hemos enviado de seguido a nuestra oficina central de AMNESTY INTERNATIONAL a Londres... "

"Como usted lo sabrá, hacemos por obtener informes muy precisos sobre la desaparición de personas y quisiéramos conocer las señas de varias cárceles y prisiones de MEXICO. En efecto hace varios meses que intentamos obtener estas mismas señas sin resultado.... Esperando su próxima carta, le aseguramos Señor Cilia OLMOS, de nuestro cordial saludo." ⁹

El testimonio de Rosario Ibarra, ilustra con creces la percepción que de la CNDH se tenía por parte de los familiares:

"Rosario Ibarra de Piedra, lideresa nacional del Comité Eureka, señaló que el paso de Reyes Domínguez en la CNDH fundamenta la desconfianza que las familias de los desaparecidos manifestaban a este organismo, y agregó que este no es el único caso que evidencia la complicidad de la Comisión con el gobierno... Nosotros decidimos no asistir a la Comisión al ver la manera tan burda de cómo nos trataban y porque tenían de nosotros datos que no tenían nada que ver con los desaparecidos; llenaban los expedientes con frases nuestras distorsionadas...Siempre nos pareció una organización encubridora del Gobierno, que sacaba información de nosotros y la entregaba al Ejército..."¹⁰

Así que, ¿por qué hasta ahorita? Es una pregunta que la sociedad debe hacerle a Carpizo ¿por qué 9 años después se da cuenta de que no fue tan paradisiaca su estancia en la CNDH? ¿Qué de plano es tan ignorante de la realidad del país? ¿Por qué hasta ahora se da cuenta que si hubo quejas y muy graves en su contra, que el mismo régimen político criminal del que formaba parte se encargó de reprimir y ocultar? Si 9 años después Carpizo no puede seguir ocultando su actuación, no es porque alguna mente perversa y malévola quiera causarle un daño a su honor ni a su reputación, ni a su fama pública, sino porque 9 años después, por fin se ha dado un cambio de régimen político en México, en el que puedo decir con certeza que el presidente de la República (a diferencia del régimen del que Carpizo formó parte), NO ES el comandante de la banda de criminales que se encargan de reprimir, asesinar, torturar y desaparecer a los ciudadanos mexicanos con posiciones políticas distintas a las suyas, ni es, el actual presidente, el beneficiario de las actuaciones de esta banda de criminales, y supongo que no lo permitiría si supiera como hacerlo.

Mentiría si dijera que ya vivimos en un régimen democrático y en un estado de derecho, aún nos falta mucho, pero al menos hoy por decir las cosas verdaderas no tenemos necesariamente que morir, al menos no por ordenes del presidente, e incluso, algunos medios de comunicación han dejado su papel de complicidad con la guerra sucia y publican otras voces y opiniones, que buscan el esclarecimiento de la verdad y el fin de la impunidad gubernamental.

Pareciera ser que el caso del reciente asesinato de la abogada Digna Ochoa contradice mi anterior afirmación, pero estoy convencido que este hecho ha sido posible debido a que precisamente no se ha ajustado cuentas con los criminales gubernamentales del pasado y estos siguen actuando en la total impunidad y son tratados como blancas palomas por los nuevos funcionarios del régimen actual. Fox no es beneficiario de esta lamentable muerte, pero sí es responsable de no cumplir con su promesa de acabar con la impunidad y ajustar cuentas a los que han lastimado a la sociedad con crímenes de Estado como la masacre del 2 de octubre y el caso de los desaparecidos.

Ya que estamos hablando de tardanzas, yo pregunto al señor Carpizo: ¿En qué momento informó a la sociedad que el grupo que iba a indagar el paradero de los desaparecidos políticos estaba conformado por 14 agentes de la PGR y 5 de la CNDH? ¿Qué prueba puede presentar de que lo hizo en su oportunidad? ¿Por qué se tardó 9 años en dar a conocer este hecho que incluso para mí es sorpresivo? ¿Quiénes son los otros 13 agentes de la PGR, aparte del comandante Pato?, ¿En qué habían trabajado antes? ¿En el grupo Jaguar? ¿En la Brigada Blanca? ¿En la DIPD? ¿En la DFS?

No es necesario que se acuerde o nos recuerde quiénes eran los 5 de la CNDH, yo por lo menos le puedo recordar a Ignacio Cabrera, Francisco Saínz Hernández, Carlos de la Concha, y Leonard Tamés, pero ahora me pregunto, ¿cuáles de éstos vendrían de la Secretaría de Gobernación, esto es, de la dependencia que dirigía las labores de guerra sucia de la Dirección Federal de Seguridad?

Con la mayor falta de sentido común o de honradez el señor Carpizo, abusó de la buena fe de la sociedad en un tema tan delicado y doloroso como lo es el de cientos de ciudadanos que han sido desaparecidos, porque es un hecho que ninguna persona en su sano juicio iba a contribuir con una comisión de policías para esclarecer los secuestros cometidos por los mismos policías, SÍ ACASO LO HUBIERAMOS SABIDO. ¿Por qué tardó Carpizo nueve años en acordarse de este pequeño detalle?

Jorge Carpizo, aseguró que las investigaciones sobre presuntos desaparecidos realizadas durante su gestión fueron públicas y de ello no guardó ningún secreto, que todos conocieron de los expedientes e incluso los familiares de los desaparecidos tuvieron acceso a las indagaciones.

Sin embargo, es documentalmente demostrable que esto falso. En el año de 1991 ante la falta de respuestas por parte de la CNDH a las quejas interpuestas sobre desaparición forzada en septiembre de 1990 y el 28 de enero de 1991, mis familiares (yo me encontraba en prisión) se entrevistaron con el personal de la CNDH en repetidas ocasiones para saber la respuesta, hasta que después de muchas vueltas, les contestaron que ni siquiera encontraban mi oficio de queja. Así que al menos en mi caso, no sólo no tuve acceso al expediente, sino que mi expediente de queja, fue sustraído del acerbo documental de la CNDH, por lo que puedo presumir se cometió un delito de servidores públicos especialmente delicado por el encubrimiento en que resulta de crímenes de desaparición forzada de personas.

El 19 de julio del 2001, expuse por escrito al señor José Luis Soberanes, presidente actual de la CNDH:

"Cuando solicité a la CNDH respuesta al documento ... me informaron que en los archivos de la CNDH no se encontraba ningún expediente, a pesar de que yo tenía y tengo la copia con el acuse de recibo correspondiente y que éste fue entregado personalmente a Jorge Carpizo Mac Gregor... Por lo anterior expuesto, comparezco de nueva cuenta ante el presidente de la CNDH para solicitar, con base en el artículo 8° constitucional, que la CNDH dé respuesta cabal y por escrito a la denuncia que hice el 28 de enero de 1991 a las 13:11 horas."¹¹

Hasta la fecha no he tenido, luego de más de 10 años, ninguna respuesta al documento de queja que entregue a la CNDH, ni ese documento fue localizado por esa comisión cuando lo solicitaron mis familiares en 1991, ni lo he podido encontrar en los expedientes de las personas desaparecidas que yo he señalado que obran en la CNDH, y es un hecho que las copias del mismo que me han mostrado funcionarios del Programa de Presuntos Desaparecidos durante mi visita a la CNDH de agosto de 2001, son copia de la copia que anexé al señor Soberanes en mi entrega del 19 de julio del 2001.

Por tanto, si ese documento fue entregado a la CNDH, y eso es verificable con el sello de recibo que tengo, y no obra en los archivos de la misma, quiere decir que se perdió, se ocultó o fue destruido por la misma Comisión y por las fechas esto sucedió en los tiempos en que Carpizo era responsable de la CNDH, porque si este documento hubiera sido sustraído después, habría un registro en las actas de entrega recepción correspondientes al fin de su periodo en los que ese documento se mencionaría, y debió ser así, porque ese documento abrió el expediente ante la CNDH de por lo menos 13 personas desaparecidas.

Así las cosas Es una vergüenza para la nación, para la UNAM y para la figura de ombudsman a nivel mundial, que quien en su momento ocupara los cargos de Abogado General de la UNAM, Defensor del Pueblo (Presidente de la CNDH), Abogado de la Nación (procurador de la República) tenga que recurrir a maniobras para eludir la aplicación de la justicia.

En efecto, tanto en su respuesta en los medios de comunicación, como en su demanda penal en mi contra Carpizo usa el viejo precepto: la mejor defensa es el ataque, una estrategia que nada tiene que ver con la justicia, y sí mucho con la ciencia militar que busca la aniquilación del oponente.

A una acusación por errores y omisiones en su actuación en la CNDH, que contribuyeron a que persistieran las violaciones a los derechos humanos de 13 personas desaparecidas y sus familiares, en lugar de tratar de aclarar su participación y sus responsabilidades en esos casos o de deslindar, entre las funciones y responsabilidades de los funcionarios que colaboraron con él, pasa al ataque, a colocarse en el papel de víctima, sintiéndose seriamente dañado en su "honor" y su "reputación pública".

Por supuesto que ni por asomo estamos hablando de las mismas cosas. No es lo mismo que a un joven estudiante se le secuestre violentamente, se le apliquen toque eléctricos, se le sumerja hasta la casi asfixia en agua con excrementos humanos, se le mantenga colgado o amarrado con alambres de sus extremidades o de sus testículos, que se le desaparezca, que el funcionario al que le corresponde defender sus derechos humanos, "pierda" la queja correspondiente y teniendo el dato no investigue su paradero; a que un abogado del sistema sea atacado en su "honor " y "reputación".

Carpizo juró al momento de su toma de posesión como titular de la CNDH, cumplir y hacer cumplir la las leyes del país, así como las funciones de su cargo, si no lo hiciera así, se le advirtió que la sociedad se lo demandaría. Hoy se siente gravemente ofendido porque por motivo del incumplimiento de su promesa, un ciudadano lo demanda; y en lugar de responder se apresta a usar, del arsenal de maniobras legaloides que tanto ha torcido la aplicación de la ley en México, la táctica: "Contrademanda, preséntate en los juzgados como víctima, no como victimario, no esclarezcas las cosas, ataca."

No es de extrañar el por qué tanta desconfianza de la sociedad en el aparato de justicia en México, desconfianza que se extiende en muchos casos hasta los mismos abogados. Si estos son los maestros, y este su "modelo" de conducta, ¿cómo andará lo demás?

Carpizo, más receptivo a las tácticas y estrategias que tienen por fin aniquilar al oponente que a la Justicia, ha considerado que la mejor defensa es el ataque. Cabe preguntar ¿Por qué requeriría un abogado como él la mejor defensa? ¿Acaso se siente en grave peligro? ¿Acaso su situación es difícil? ¿Acaso la simple denuncia de un simple ciudadano, de millones que tiene el país, puede poner en riesgo su "honor" y su "reputación". Desde mi punto de vista NO.

Esta respuesta de Jorge Carpizo, demuestra precisamente lo contrario, que el asunto ha trascendido --para él-- el plano estrictamente personal y se convierte en un asunto de seguridad del grupo de poder que hasta hace pocos años hizo y deshizo, con el país, con su economía, con las leyes y con la vida de los ciudadanos.

Su respuesta, así como el asesinato de Digna Ochoa, la temporal desaparición y el encarcelamiento de los hermanos Cerezo Contreras y los recientes ataque de paramilitares a las bases zapatistas en Chiapas, entre muchos otros indicadores, demuestran que en este país aún no acaba la guerra sucia y que el grupo compacto que antaño formó parte del núcleo del régimen delincuencial al que todo el país estaba sometido, está dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias para impedir que se conozca la verdad y se acabe con la impunidad. Para ellos, todas las formas de lucha son válidas, desde el asesinato con guantes de hule, hasta las contra-demandas judiciales, pasando por las amenazas de muerte y la eliminación de testigos.

Precisamente por eso es necesario que nos olvidemos un poco del afán protagónico del señor Carpizo, de sus aires de grandeza, de su síndrome de héroe de la película, de su mal aplicada academicidad, y pongamos a análisis, el motivo real, en última instancia del affair Carpizo.

La complicidad de Carpizo en la desaparición de personas

Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés, dos jóvenes estudiantes de 18 años de edad llegaron a la casa situada en el número 232 de la calle Marina Nacional en el fraccionamiento Villa de las Flores, Ecatepec Estado de México. Iban con la tarea de recoger documentación que se encontraba ahí y que comprometía la seguridad de la estructura de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Esa casa era el domicilio de una persona que entre otros seudónimos se conocía como "Angela", quién en ese momento era miembro de la Dirección Nacional de dicha organización; a ella fueron enviados los dos estudiantes, ya que se tenían sospechas de que otro miembro de la Dirección Nacional de la Liga Comunista, conocido como "Salvador" podía haber sido detenido, ya que no había llegado a sus citas un día antes.

En previsión de esta posibilidad, el organismo de Dirección de la Liga Comunista consideró necesario, retirar del domicilio --que "Salvador" conocía-- documentación que sería riesgoso cayera en manos de la policía. Previamente "Angela" se comunicó telefónicamente con la dueña de la casa para de una manera indirecta explorar si había el riesgo de que la policía ya estuviera en la zona o llegado a la casa.

La respuesta tranquilizadora de la dueña de la casa, quien por su plática aparentaba que todo estaba en calma y de manera normal, llevó a que se tomara la determinación de recuperar de inmediato dicha documentación interna. Se hablo con Jesús Abel y Eduardo, quienes eran militantes de la Liga Comunista y se les planteó la situación, aceptando estos la misión, trasladándose, luego de ultimar los detalles, rumbo a dicho domicilio.

Todo esto fue relatado el 11 ó 12 de noviembre de 1981 a quien esto escribe, de manera personal y directa por "Angela" y "S" ( "Silvia", otra integrante de la Dirección Nacional de la Liga Comunista cuyo nombre legal luego supe era Teresa Gutiérrez Hernández), durante una reunión en la que participamos los tres y que se efectuó en un restauran ubicado sobre la calzada de Tlalpan.

Ahora bien, cuando los jóvenes estudiantes llegaron al domicilio, la policía ya tenía conocimiento del mismo y había establecido un operativo de gran envergadura para detener a quien ahí llegara. Como se confirmó a partir de ese momento, "Salvador" sí había sido detenido y había señalado durante los interrogatorios el lugar. Desde ese momento los dos jóvenes estudiantes se encuentran desaparecidos.

El Diario de México del 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 1981 da cuenta de la magnitud del operativo, los nombres de los policías que comandaron la operación de secuestro aparecen en sus páginas. Se trata del mayor Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar, así como el Comandante Dámaso Tostado, de la Policía Judicial del Estado de México.

En septiembre de 1990, cuando se creó por primera vez la figura de OMBUDSMAN en México, me dirigí a la CNDH y denuncié estas y otras desapariciones. En mi documento de queja señalo que: "los nombres de los que comandaron la operación de secuestro aparecen en este diario, (Diario de México), sin embargo los compañeros siguen desaparecidos". Declaro en el mismo documento que:

"Todas estas detenciones que se inician con el asesinato en Ciudad Universitaria de Jesús Manuel Arana Murillo y Miguel Angel Barraza García, no son sucesos aislados sino producto de una política de aniquilamiento contra mi partido por el Estado. De ellas son responsables directos Arturo Durazo Moreno, (Francisco) Sahagún Baca y Nazar Haro. Declaro que los nombres y apellidos de todos los que han ejecutado estos operativos represivos son datos conocidos y fáciles de precisar por una comisión que en verdad esté interesada en esclarecer el asunto de los desaparecidos políticos... Exijo que los crímenes que denuncio sean seria y verdaderamente investigados, los responsable que señalo deben esclarecer el paradero de las personas capturadas por ellos y presentarlos vivos.¹²

Dada las condiciones de persecución en las que en ese momento yo me movía, no fue posible recabar el sello de acuse de recibo por parte de la CNDH, situación agravada por mi captura en días posteriores (13 de octubre de 1990). Por ese motivo, dicho documento fue entregado de nueva cuenta a la CNDH, el 28 de enero de 1991, a las 1:11 de la tarde, como consta en el sello de recibo correspondiente. Este documento también fue entregado a la abogada Teresa Jardí, el 29 de enero del mismo año, para su entrega personal al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Carpizo Mac Gregor, dado lo delicado del tema.

Con motivo de esta denuncia hubo una primera entrevista el 20 de febrero de 1991 en la que entregué a la CNDH datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro de Jesús Abel y Eduardo Echeverría, para que iniciara la investigación correspondiente y se pudiera identificar el paradero de mis compañeros.

Esa entrevista que se llevó a cabo, contrario a mis deseos en la oficina del Jefe de Vigilancia del Reclusorio Norte, fue grabada en su totalidad en audio cassettes. Durante esa entrevista los miembros de la comisión me tomaron fotografías, aduciendo que eran para comprobar a sus superiores que en verdad habían venido al Reclusorio a cumplir con sus tareas. Las fotografías incluyeron a los miembros de la comisión en algunas tomas.

La mala impresión que me quedó de la primera entrevista con personal de la CNDH me llevó a escribir a la abogada María Teresa Jardí una carta con mis críticas acerca de la actuación de los mismos. En esa carta señalo que se me interrogaba más sobre los militantes que aún no estaban presos o desaparecidos de una manera policíaca, que sobre los datos que pudieran esclarecer el paradero de los desaparecidos.

Durante la segunda entrevista (marzo de 1991), que finalmente se dio en el área de visita familiar, la comisión visitadora de la CNDH no había comprobado aún el nombre de Sergio Villanueva y Dámaso Tostado, de donde yo les había señalado se encontraba (Diario de México). Tampoco habían orientado legalmente, como yo les había sugerido, a la familia de Jesús Abel y Eduardo Echeverría a fin de que éstos pudieran iniciar una demanda penal en contra de Sergio Villanueva y Dámaso Tostado, con motivo de su secuestro; y tampoco habían cumplido su compromiso de informar a la madre de Teresa Gutiérrez Hernández mi deseo de hablar personalmente con ella, a fin de abundar en los datos que ella tenía sobre la desaparición de su hija.

En esa ocasión insistí ante la comisión visitadora de la CNDH, particularmente ante el señor Ignacio Cabrera en la necesidad de que la CNDH interrogara a Sergio Villanueva y Dámaso Tostado y de que orientara a los familiares para encausarlos penalmente como copartícipes en los secuestros de Jesús y Eduardo y, a partir de ahí, desenmarañar las responsabilidades directas y el paradero de ambos estudiantes.

Le señalé que esta línea de investigación era muy importante, porque la desaparición de 13 personas en 1981-82 no era una suma de sucesos aislados, sino una serie de hechos secuenciales, hilvanados, cometidos por un mismo cuerpo policiaco y que la clave para desentrañar los trece casos era la declaración de los dos comandantes que habían sido ubicados ya como participantes en el operativo de secuestro-desaparición de Villa de la Flores.

Ignacio Cabrera y los demás miembros de la comisión visitadora me explicaron que por instrucciones del titular, la comisión buscaría a los desaparecidos más bien en los reclusorios, manicomios o asilos, ya que no podían ellos inculpar a funcionarios públicos. Señaló que los 10 casos hasta esa fecha "encontrados" por la CNDH "son prácticamente por casualidad, es muy difícil ".

Afortunadamente el Lic. Ignacio Cabrera sí cumplió su compromiso de poner en contacto a la mamá de Teresa Gutiérrez Hernández conmigo y en su tercera visita, la comisión visitadora llegó en compañía de ésta, de nombre Elvira Hernández. Durante esta entrevista fui informado por el personal de la CNDH que el mayor Sergio Villanueva ya había sido interrogado por la CNDH y que había reconocido su participación en el operativo de Villa de las Flores, pero "sólo cercando el área". También me informaron que el otro comandante identificado, Dámaso Tostado, había muerto en un accidente de aviación y que al parecer estaba vinculado al narcotráfico.

La señora Elvira Hernández acompañaría más tarde a los visitadores de la CNDH al domicilio de la maestra Borboa y del señor Efrén Uriarte, padres de Jesús Abel Uriarte Borboa, en la colonia Agrícola México, en Culiacán, Sinaloa y al poblado del Guayabo, municipio de Ahome, Sinaloa, al domicilio de Evelia Echeverría Valdez hermana de Eduardo Echeverría. En estas entrevistas la CNDH pretendía que los familiares de los dos estudiantes desaparecidos se hicieran cargo de la denuncia que yo había hecho, como si a ellos les constaran los hechos que yo relato, y que no podían constarles por haber sucedido los hechos en Villa de la Flores y en la Ciudad de México, a más de mil kilómetros de distancia, y cuando de sus actividades al interior de la Liga Comunista ningún militante mantenía informados a sus familiares, por su propia seguridad.

El 14 de agosto de 1991 recibí la carta de una persona de toda mi confianza quién señala:

"David: fuimos con la Sra Elvira y dice que fue con los de la CNDH a Sinaloa... Y del comandante Sergio Villanueva, según se habló con él, dice que únicamente cooperó a circular (cercar) las calles para el enfrentamiento de la casa de Villa de la Flores. (manifiesta que únicamente cooperó a cerrar la calle pero él no estuvo en los hechos y en lo demás se lava las manos)."Por investigaciones que hizo (la CNDH) un comandante que si tuvo que ver, murió en una avioneta con otros dos, parece que eran narcos, de lo demás son puras evasivas, todo es una incógnita, no se sabe nada al respecto de su hija."¹³

La CNDH tenía en sus manos el hilo de la madeja para esclarecer el paradero de 13 desaparecidos, puesto que Sergio Villanueva había declarado su participación en el operativo de secuestro de los dos estudiantes, se podría identificar a partir de sus declaraciones quiénes fueron los otros partícipes y dónde habían dejado a Jesús y a Eduardo. Sin embargo, jamás volvió a tocar esta línea de investigación, ni informó a los familiares de manera oficial de estas indagaciones, ni Carpizo las incluyó en sus famosos 4 informes, ni están contempladas en acta de entrega recepción alguna.

No nos resultó ilógica esta actuación de la CNDH, cuando descubrimos que al menos uno de los integrantes de la Comisión Visitadora de la misma era el llamado "comandante Pato", de la DFS, quién era por cierto el que mostraba mayor iniciativa al seno de esa comisión. Posteriormente el "comandante Pato" fue identificado como uno de los participantes en el secuestro y desaparición temporal de 3 familiares de Teresa Gutiérrez Hernández, cuando bajo las órdenes del General Sosa, intentó la captura de esta dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Desde ese entonces la CNDH-Programa de Presuntos Desaparecido no sólo no contestó a mi escrito y denuncia, sino que ha mantenido oficialmente oculta la declaración del Mayor Sergio Villanueva, la indagación que se hiciera acerca del Comandante Dámaso Tostado, así como todos los demás datos relevantes que les proporcioné de buena fe para indagar el paradero de mis compañeros desaparecidos, entre otros, la testimonial que demuestra la participación directa del entonces comandante de la DFS Alberto Estrella en la desaparición de Rubén Hernández Padrón.

Sin embargo, estas indagaciones se hicieron por la CNDH en la época que relato y eso mismo se demuestra consultando la foja 276 del expediente de Teresa Gutiérrez Hernández ante la CNDH se asientan, en borrador, los apuntes sobre la declaración de Sergio Villanueva, --si acaso todavía no lo desaparecen también— en la que este señala que:

"Al mando del grupo Jaguar que asaltó la casa de Villa de las Flores, fue uno de los hombres de confianza de Sahagún Vaca, le decían (a) "Rudi", Rodolfo Reséndiz, (quien) estuvo en la Brigada Blanca entre 1978-1976 (sic), fue (del grupo) Jaguar y pasó después a la DIPD, era del grupo de Durazo, Sahagún Baca, Cisneros, Acosta Chaparro, Rudi era coronel.

"En esa época en Tlalnepantla (el primer comandante) era el comandante Zendejas, licenciado que vive en Satélite, actualmente litiga en penales."

"El jefe de grupos políticos era Roberto Lara y otro que le decían "El Gordo"... "El comandante Silva Macedo estuvo en Tultitlán (estado de México) 15 años... El Director General de la Policía Judicial del Estado de México era el General Andrés Puentes Vargas, el Subdirector Juan José Hernández Castillo, el comandante que dirigió fue Marcelino Espinoza (es) actualmente delegado de policía y tránsito en Naucalpan, El subprocurador Regional Marcial Flores Reyes, Dámaso Tostado tenía un mes de tomado el puesto. Puentes Vargas falleció en (ilegible)"

Dicha foja, al parecer hasta la fecha ilegible para los actuales funcionarios de la CNDH, refleja los datos que aportó Sergio Villanueva el 14 de marzo de 1991. A pesar de lo certero del deslinde, por lo demás interesado de Sergio Villanueva, la CNDH no siguió con las indagaciones con los funcionarios mencionados, y si continuó, ni siquiera los apuntes de las entrevistas se conservan en los expedientes, ni vertió ante la sociedad los respectivos informes.

Y aún así, el señor Jorge Carpizo Mac Gregor quiere sorprender a la sociedad con su auto elogio con el que se pinta como un funcionario consecuente.

"No creo en los funcionarios que cuando toman una responsabilidad, se asustan de la responsabilidad y tratan de quedar bien con todo mundo y de no actuar. Si yo tomé la responsabilidad había que actuar."¹⁴

La CNDH se creó el 6 de junio de 1990 como el órgano responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional de respeto y defensa de los derechos humanos, de instrumentar los mecanismos necesarios de prevención, atención y coordinación que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos de los mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. Carpizo Mac Gregor fue su titular desde el principio. En septiembre de 1990 se comenzó en la CNDH el Programa de Presuntos Desaparecidos.

En septiembre también, envíe a la CNDH el oficio en el que denuncio la desaparición de 18 ciudadanos mexicanos, la ejecución extrajudicial de otros tres, la detención arbitraria y secuestro de 23 de mis familiares, incluidos mi esposa, mis hijos y más de 30 amigos y compañeros de trabajo, así como el secuestro y tortura en contra de Sergio Martínez González, Arturo Becerril Rodríguez y José Emigdio Berrocal y sus familiares, en total denuncio más de 74 violaciones a los derechos humanos. Lejos de salvaguardar, como marcaba su función, los derechos humanos de estas personas, durante toda su gestión no dio respuesta oficial alguna, por el contrario, dicho documento se "perdió" y hasta la fecha no aparece, a pesar de que hay indicios de que Carpizo lo tuvo personalmente en sus manos, y pese a que ese documento motivó que al menos en 3 ocasiones personal de la CNDH me visitara en prisión.

Carpizo ahora pretende no tener ninguna responsabilidad en este hecho, el sólo era el titular de la CNDH, nada más, qué iba a saber el de lo que hiciera la CNDH o de lo que se hiciera en nombre de la CNDH, qué iba a saber a quién le había encargado la delicada tarea de contribuir a la solución del problema de los desaparecidos políticos, qué se iba él a preocupar por los que éstos hicieran o a quien contrataban, él estaba para que le tomaran la foto, para hablar de los derechos humanos en abstracto. Hablar de ellos en concreto, más aún hacer algo en concreto no estaba a la altura de altísima investidura.

Carpizo ahora pretende que toda la denuncia que se hace en su contra es falsa porque él no contrató personalmente al terrible "comandante Pato"; es más, ni siquiera se acuerda de él. Sin embargo, esta maniobra no necesariamente le va a dar buenos resultados.

Pongamos que es cierta su segunda versión al respecto del torturador Fabián Carlos Reyes Domínguez, en el sentido de cómo dice él: "Pude comprobar que dicha persona no había laborado en la CNDH durante mi presidencia".^¹⁵ Entonces señor Carpizo ¿si no laboraba ahí, en calidad de qué asistía a las actuaciones oficiales de la comisión visitadora del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH?, ¿En calidad de qué dirigía en los hechos los interrogatorios que esta comisión de la CNDH hacía? ¿Acaso era un tipo de "madrina" derechohumanista? ¿Acaso las actuaciones oficiales de la CNDH sobre los desaparecidos las hacía bajo la supervisión directa de la DFS con la presencia in situ de sus agentes? ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que está afirmando, de resultar cierto lo que dice?

Carpizo, en una nueva maniobra legal cita una nota del periódico Reforma de fecha 4 de agosto de 2001. En esta se encuentra que:

"CONFIRMAN QUE EX AGENTE TRABAJÓ EN LA CNDH.

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó oficialmente que Fabián Carlos Reyes Domínguez, un ex agente de la Dirección Federal de Seguridad, trabajó en el Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH entre 1° de noviembre de 1993 y el 31 de enero de 1997"

"El señor Reyes ingresó a la CNDH en la época del licenciado Jorge Madrazo Cuellar y cuando el Programa de Presuntos Desaparecidos era encabezado por Enrique Sánchez Bringas...."¹⁶

De lo anterior Carpizo pretende deducir que esto significa que no trabajó durante su período. Sin embargo, la confirmación del doctor Soberanes citada, no certifica, en términos lógicos y legales, que no haya trabajado en el período de Carpizo, cuando éste era el titular de la CNDH.

Cuando el doctor en derecho Jorge Carpizo Mac Gregor, deduce que luego entonces, "dicha persona no había laborado en la CNDH", precisa que "durante mi presidencia", quiza lo hace pensando en que en efecto, él fue presidente de la CNDH a partir de la ratificación del Senado de la República, la cual se dio en el año 1992, después de todos los hechos que yo denuncio, y que en el periodo anterior, del 6 de junio del 90, hasta el 92, oficialmente él sólo fue el titular.

Preventivamente el doctor en derecho Jorge Carpizo precisa también que la CNDH fue creada como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que puede decirse que la relación laboral, profesional y de prestación de servicios, de todos los que laboraban en la CNDH, incluido el "comandante Pato" era, en estricto derecho, con la Secretaría de Gobernación, por lo menos hasta el año de 1992, fecha en que al ser modificado el artículo 102 constitucional se precisó otro régimen. De esta manera, si se descubre que en efecto el comandante Pato tuvo una relación de trabajo con la CNDH en el periodo que yo señalo, Carpizo nos dirá que "en términos del derecho" el contrato era con la Secretaría de Gobernación.

Independientemente de la connotación estrictamente jurídica de la palabra "contratación" que uso en mi denuncia, Fabián Carlos Reyes Domínguez, trabajó durante la gestión de Jorge Carpizo Mac Gregor como titular de la CNDH, en apoyo, colaboración, asistencia y operación con la Comisión de Presuntos Desaparecidos. Si fue la CNDH, o administrativamente la Secretaría de Gobernación, quien lo contrató como personal de base, de honorarios, de confianza, por obra determinada, o si lo hacía de manera oficiosa, como un "madrina" derechohumanista, eso no niega los hechos que denuncio en mi demanda ante la PGR.

Es fácil demostrarlo, basta que el Ministerio Público tome declaración al señor Ignacio Cabrera, En su momento Coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, al Lic. Francisco Saínz Hernández, al Lic. Carlos de la Concha, al Lic. Leonard Tames y a la señora Elvira Hernández de Gutiérrez, madre de Teresa Gutiérrez Hernández, que el Ministerio Publico solicite a la Dirección General de Reclusorios del D.F., el registro de ingresos al área de oficinas del Reclusorio Norte, de febrero y marzo de 1991, donde deben aparecer los nombres de los 4 funcionarios que mencioné renglones antes, junto con el de Fabián Carlos Reyes Domínguez. O bien, que la CNDH exhiba los informes, minutas, acta circunstanciada, audio cassettes y fotografías, de que debieron resultar de las actuaciones que la comisión visitadora realizó durante nuestras entrevistas en el Reclusorio Norte y toda la documentación relativa al señor Fabián Carlos Reyes Domínguez.

También están los archivos del ISSSTE, para identificar y comprobar la adscripción de Fabián Carlos Reyes Domínguez durante los años 1990-1993, o las nóminas correspondientes a las partidas de honorarios, salarios y pago por servicios personales, durante el año 91, así como las ordenes de comisión con pago de viáticos del mismo año y los documentos de resguardo de vehículos de la CNDH.

Luego de verificar estos datos, Carpizo podrá "recordar" que durante su periodo si laboró el multicitado "comandante Pato". Pero aún cuando no lograra "!acordarse", su responsabilidad, por acciones y omisiones, no disminuye para nada su complicidad con el silencio oficial, la inactividad o incompetencia en la búsqueda de Jesús Abel y Eduardo Echeverría, cuando estaba mandatado expresamente para lo contrario.

Ignacio Cabrera en defensa de Carpizo

En defensa de Carpizo interviene el señor Ignacio Cabrera, quien fuera el coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, quien precisa:

"Esa persona (David Cilia Olmos) señala que en una entrevista que hace 9 años sostuvimos, yo le dije que no se investigaría a funcionarios ni a una persona apellidada Villanueva. Lo anterior es totalmente falso; al contrario, fue norma de los que participamos en dicho programa realizar todas nuestras investigaciones sin excluir a nadie, ni a nada, sólo las propias evidencias que se fueron encontrando señalaban el desarrollo de nuestro trabajo, así quedó asentado en todas las actuaciones que realizamos y que se incorporaron a los expedientes correspondientes. Todas las solicitudes de información, respuestas, declaraciones y en general todas fueron dejados en el programa a mi salida del mismo.

No queda más que agradecer que al menos nuestra entrevista no haya "desaparecido" de la memoria del señor Cabrera. A partir de este reconocimiento es más fácil saber quién hace afirmaciones falsas. Bastaría que el señor Ignacio Cabrera exhiba o identifique el paradero de "las actuaciones que se realizaron en torno "a una persona apellidada Villanueva", o en su defecto los documentos e informes, "así hubieran sido borradores", o los audio cassettes grabados en la entrevista que el reconoce tuvo conmigo hace 9 años, del informe, acta circunstanciada o minuta derivada de la misma. Dice que el nunca dijo que no se investigaría a funcionarios, pues bien que exhiba o identifique el paradero de la investigación oficial que realizó, o debió haber realizado, en torno a Sergio Villanueva y los demás funcionarios mencionados.

Tan sencillo como eso, a cada actuación de la CNDH corresponde algún registro documental. ¿Dónde están los que él realizó en torno a mi denuncia?

En entrevista con la reportera Marcela Turatti, realizada a principios de julio del 2001 en su hogar, la señora Elvira Hernández relata que luego de darse cuenta de que Fabián Carlos Reyes Domínguez había sido agente de la DFS y partícipe en eventos de secuestro y desaparición de personas, se presentó ante Ignacio Cabrera y lo cuestionó al respecto, disculpándose este, diciendo que no había sido cosa de él decidir su ingreso al Programa de Presuntos Desaparecidos, sino que a él se lo habían impuesto, y que en efecto había sido de la DFS y que el también tenía problemas al respecto, porque había algunas informaciones que se habían perdido. En esa ocasión también relató que recientemente habían descubierto que personal de la comisión estaba siendo espiado mediante micrófonos colocados de manera oculta en sus oficinas.

Así que Cabrera no ignoraba el pasado de Fabián Carlos Reyes Domínguez, si no lo denunció ante sus superiores, fue entonces cómplice de esta situación, si lo hizo y lo puede probar, su jefe inmediato debió haber tomado las medidas pertinentes o en su defecto, ser cómplice de la situación. De lo dicho por Jorge Carpizo en su demanda, queda claro que el jefe inmediato de Ignacio Cabrera no era otro que Jorge Carpizo Mac Gregor.

El señor Carpizo pretende distraer la atención reflexionando en voz alta:

"...Ahora acusan lo hecho en mi gestión. Sin embargo a los demás Ombudsman ni los han mencionado. Qué raro"¹⁷

En efecto, la responsabilidad oficial de la participación de un desaparecedor de personas en el programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH alcanza a otros titulares de la misma, quienes lo tuvieron ahí hasta el 31 de enero de 1997, hace apenas 4 años. Pero eso no exime, ni disminuye la responsabilidad de Carpizo Mac Gregor.

El Centro de Derechos Humanos Yaxkin, A.C. organismo no gubernamental que investigaba el secuestro-desaparición y posterior ejecución extrajudicial del campesino chiapaneco Reyes Penagos Martínez en diciembre de 1995, documentó la presencia de Fabián Carlos Reyes Domínguez, como integrante de la Comisión Para los Altos de Chiapas y logró filmar una entrevista en video, en el que este reconoce su adscripción a la CNDH. Posteriormente, el periódico "La Jornada" publica una carta de denuncia al hostigamiento policiaco que realiza personal de la CNDH a mujeres indígenas víctimas de violación por elementos gubernamentales, en esta se responsabiliza directamente a Fabián Carlos Reyes Domínguez, todo esto en la época en que otro Jorge, Madrazo, era presidente de la CNDH.

Ciertamente se mantienen en México muchas injusticias e impunidad, eso señor Carpizo no quiere decir que usted pueda disculpar o reducir con esto, sus propias responsabilidades.

No obstante, para su información, y para comprobar que no hay nada personal en nuestra crítica, le comento que en su momento denunciamos también la responsabilidad de la CNDH en el secuestro-desaparición que derivo en el asesinato extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, secuestrado el 18 de diciembre de 1995, secuestro que el mismo día fue reportado a la Comisión de los Altos de Chiapas por un servidor y otros miembros del Centro de Derechos Humanos Yaxkin, A.C. En este caso, el personal de la CNDH no actuó hasta que el campesino ya había sido ejecutado extrajudicialmente varios días después. Así lo denunciamos en los diarios de circulación nacional y personalmente ante el Presidente de la CNDH, Jorge Madrazo, quién al menos ante nosotros pidió a sus subalternos que se deslindaran las responsabilidades, prometiendo investigar a fondo, promesa que se reflejó en la recomendación 61/96. No nos hemos desdicho de nuestra afirmación. Si la CNDH hubiera cumplido su papel, Reyes Penagos Martínez habría aparecido con vida. Esta es su responsabilidad, y así lo hemos hecho del conocimiento público.

Pero en algo tiene razón el señor Carpizo: no sólo él sino todo el proceso de 10 años de la CNDH debe ser auditado a profundidad, para saber cuanto ha gastado el pueblo en sostenerla, los trabajos realizados, los resultados obtenidos, así como la congruencia entre la misión que se le había encomendado y las acciones, estrategias y líneas de investigación aplicadas. Ciertamente Carpizo no es el único, pero eso, no lo exime de responsabilidad. En asuntos de crímenes de lesa humanidad no es posible que proceder con la simpleza que lo hace el doctor Carpizo.

No obstante su demanda penal en mi contra, el señor Carpizo señala que "debe haber un acuerdo entre todos los sectores interesados que permitan jurídica y moralmente cerrar esas cicatrices". Esa frase de "debe haber un acuerdo", más me recuerda la actitud de un agente de tránsito corrupto, que la de un hombre de leyes. ¿Si debe haber un acuerdo señor Carpizo, entonces para qué sirven las leyes?, ¿No acaso las Leyes reflejan el acuerdo al que ha llegado la sociedad para regir su vida y la relación entre las partes? ¿Qué acuerdo está proponiendo entre las partes, una de las cuales, le guste o no le guste es usted mismo? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Que nos demos todos un abrazo como si no hubiera pasado nada? ¿Y los jóvenes que siguen desaparecidos aún ahora, qué?

Es claro que teniendo como misión el respeto a los derechos humanos, y particularmente resolver la peor forma de violación a éstos, que es la desaparición forzada de personas, el señor Carpizo en su momento no tomó las decisiones que tenía que tomar, usó una metodología de trabajo que tenía por fin encontrar a los desaparecidos si y sólo si este encuentro se realizaba sin pasar por los funcionarios del Estado que ordenaron y ejecutaron la desaparición.

Por último, en referencia a los 64 casos aclarados durante su gestión en la CNDH, me permito preguntarle al señor Carpizo si entre éstos está el de Roque Reyes García, el cual fue incluido dentro de un paquete de casos "resueltos" por la CNDH hace algunos años. Si esto es así, permítame que afirme que nuevamente está faltando a la verdad. No sé si en realidad haya resuelto los otros 63, pero al menos éste, con toda certeza le digo: no ha sido resuelto, Roque Reyes sigue desaparecido.

Quiero expresar que estos comentarios que hago, son parte del debate que se está dando por esclarecer la verdad de un periodo tan doloroso para nuestro país, se refieren únicamente a las acciones y omisiones de un funcionario publico, sin ninguna intencionalidad con respecto a su reputación.

El Informe de la CNDH sobre los Desaparecidos

Durante 11 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación sobre el paradero de más de 500 ciudadanos desaparecidos. El 27 de noviembre de 2001 la CNDH presentó ante la sociedad el informe correspondiente.

En este desataca que conforme a los datos obtenidos existen 275 casos de personas que se puede concluir fueron víctimas de detención, interrogatorio, y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos. La CNDH confirma lo que hemos venido diciendo (dicho) por décadas: "la respuesta gubernamental ... no se basó en atribuciones conferidas a esos servidores públicos por el marco". Y destaca también que en otros 257 casos no se pude concluir, jurídicamente hablando, la existencia de desaparición forzada, pero tampoco puede descartarse esta posibilidad.

De la lectura del informe se identifican con claridad dos periodos distintos de trabajo de la CNDH, el que va de septiembre de 1990 al 5 de agosto de 2001, y el que va del 6 de agosto de 2001 al 27 de noviembre del 2001, fecha del informe. El primer periodo se caracteriza por que el principal "trabajo" de "investigación" de la CNDH consistió en dirigir entre 18 mil y 29 mil oficios/desaparecido a diversas autoridades federales, locales y privadas para encontrar "elementos de convicción que permitiera establecer la intervención de alguna autoridad en la desaparición de las personas buscadas". La respuesta de las más de 30 instituciones interrogadas de esta manera, a las que la CNDH prácticamente preguntaba si no de casualidad tenían por ahí a algún desaparecido, determinó que el principal descubrimiento de la CNDH fue que en este país existen varias personas que se llaman de la misma manera, esto es que son homónimos. De ahí, que el principal trabajo de campo de la CNDH hasta mediados del año 2001 fuera buscar a los homónimos solo para comprobar que no eran las personas que buscaban.

De esto se desprende una responsabilidad ya que tanto el programa de Presuntos Desaparecidos como los titulares de la CNDH lejos de cumplir con la misión que se les había conferido realizaron una serie de acciones aparentemente idiotas pero que tenían como fin dar largas al asunto de los desaparecidos e impedir que se conociera la verdad.

Por eso es necesario conocer un deslinde preciso de los resultados obtenidos en la búsqueda de los desaparecidos por cada uno de los titulares de la CNDH a fin de que la sociedad pueda valorar que hizo cada cual y cuanto dinero del pueblo se gastó en esos resultados.

Toda esta "investigación" se hacía mientras la práctica de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial seguían cometiéndose por el gobierno durante los regímenes de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, sin que la CNDH pusiera remedio. Más grave este hecho, aún cuando su participación pudo ser determinante para detener casos concretos de desaparición de personas, pero no intervino como en el caso de Reyes Penagos Martínez, miembro de la Unión Campesina Popular Francisco Villa frente al cual la CNDH, conociendo el caso, no realizó ninguna acción sino hasta que después de que esta persona fue ejecutada extrajudicialmente por sus captores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Por este motivo, si bien la CNDH tardó más de 11 años en presentar un informe, la parte sustancial y relevante de la información recabada fue obtenida durante el segundo periodo, del 6 de agosto de 2001, al 21 de septiembre del mismo año, en sólo 46 días naturales. Durante 4 mil 29 días, la CNDH no buscó donde debería buscar.

Durante el segundo periodo, entre el 6 de agosto al 12 de septiembre del año 2001, visitadores de la CNDH consultaron 532 fichas individuales de un total de 80 millones de tarjetas personales que se encontraban en el CISEN, esto es, se dejaron de consultar 79 millones, 999 mil, 468 fichas y se consultaron 150 expedientes de la DFS que suman 41 mil 200 páginas. En el Archivo General de la Nación en el periodo del 7 al 21 de septiembre, 14 días naturales, se analizó un catálogo de 3 mil 308 cajas de las cuales fueron consultadas 182 cajas y quedaron sin consultar 3 mil 126 cajas, esto es, el 94.5%

Que aún en estas circunstancias el equipo recopilador de información de la CNDH no haya escamoteado los datos existentes que demuestran la responsabilidad del Estado en la desaparición de 275 personas, como lo han hecho mediante formulismos legales y de procedimientos institucionales las autoridades a lo largo de 30 años, es un hecho inédito en la vida política nacional.

Con el informe aparecen las evidencias documentales de la responsabilidad de funcionarios públicos en la desaparición de personas y abre el camino para llegar a establecer su paradero. Esto implica necesariamente una responsabilidad criminal de los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que ellos mantuvieron ocultos estos expedientes y toda la información gubernamental referida a los desaparecidos, lo cual los convierte automáticamente en cómplices y encubridores de los autores materiales de las atrocidades que el informe de la CNDH ha documentado.

Contra ellos se tiene que iniciar una acción penal por los delitos de desaparición forzada de personas en su papel de copartícipes de esta guerra sucia. Porque aunque estos -en su momento presidentes- protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y las demás leyes por el bien y prosperidad de la nación, no lo hicieron y dejaron que millares de ciudadanos siguieran, bajo su mandato, en calidad de desaparecidos al no ordenar en su momento, se abrieran estos expedientes para que terminara este suplicio para la nación. Esto, además de la responsabilidad penal que resulte por las desapariciones que ordenaron o toleraron durante su periodo.

Igualmente el informe de Soberanes documenta la complicidad y encubrimiento en delitos de lesa humanidad de los Secretarios de Gobernación, en el mismo periodo, porque estando esta información bajo su resguardo en última instancia, no hicieron nada por otorgarla para la solución de un problema político nacional del que ellos hacían un seguimiento diario y meticuloso y el cual la ley les facultaba y ordenaba resolver. Esto, además de la responsabilidad penal que resulte por las desapariciones que ordenaron o toleraron directamente durante su periodo.

Seguramente, sin querer, la CNDH documenta con su informe la responsabilidad de sus anteriores titulares, ya que los archivos del CISEN siempre han estado ahí, y ellos nunca solicitaron su apertura para avanzar en el esclarecimiento de la verdad en los casos de desaparición que tenían encomendados. Podrán, con esa desfachatez que caracteriza a los funcionarios en México, decir que ellos nunca tuvieron acceso a los mismos, sin embargo es un hecho que en ese supuesto, nunca emitieron una recomendación al ejecutivo federal correspondiente, o a los secretarios de gobernación o a los directores de la DFS, DSN, CISEN, DIPD, SEDENA que esta información se les entregara para proseguir con sus investigaciones, y en caso de que lo hubieran hecho y, como era de esperarse, su recomendación fuera incumplida, nunca la hicieron pública ante la sociedad, tal y como lo marca su normatividad.

Sin embargo, el trabajo que presenta la CNDH como producto de la revisión de los archivos del CISEN y del Archivo General de la Nación, no puede en estricto sentido llamarse "investigación" metodológicamente hablando, ya que se limitó a transcribir de estos archivos las partes en que aparece el nombre de algún desaparecido, sin realizar propiamente una conexión y relación en términos lógicos de los mismos datos obtenidos y de estos, con otros datos aportados por la sociedad, esto provocó que por diversos casos de desaparición forzada no fueran acreditados por la CNDH, como por ejemplo, en el caso de Hortensia García Zavala, de quien teniendo la CNDH la evidencia documental de que dos personas fueron detenidas en una misma casa, como había sido denunciado durante años por los familiares, sólo acredita la desaparición de una, Ramón Cardona Medel, por que de la otra, la CNDH no se tropezó con algún documento que dijera que se llamaba Hortensia, a pesar de haberse hecho la denuncia juntos, de ser esposos, y ser detenidos en el mismo lugar y fecha.

<<foto de hortensia>>

Pero lo más relevantes del informe no se encuentra en lo que este contiene, sino en lo que deja de contener. En México no hay 275 desaparecidos que acredita la CNDH, ni 532 que deja en duda, organizaciones como AFADEM han documentado la existencia de 600 tan sólo en el Estado de Guerrero.

Otro faltante que destaca el informe de la CNDH es que al citar archivos del CISEN, los mutila rotundamente sobre todo en las partes que involucra a otros detenidos desaparecidos que no han sido denunciados ante la CNDH, pareciera ser que la lógica es no encontrar más desaparecidos de los reportados, aún cuando de los archivos del CISEN se desprendan evidentemente otros casos relevantes.

Y si de por sí es grave la mutilación de la verdad por este motivo, más grave es aún cuando se realizó con la declarada intención por parte de la CNDH de que la sociedad no pudiera conocer los nombres y cargos de los autores materiales de la desaparición de personas, ni las sedes institucionales en las que se realizaron estas detenciones ilegales.

Si esta mutilación no se hubiera dado y se hubiera citado el documento fuente de manera completa, a estas alturas los familiares y compañeros de lucha de los desaparecidos ya habrían aumentado significativamente el número de 275 desapariciones oficialmente acreditadas por la CNDH.

Es precisamente lo que falta lo que más resalta en el informe de la CNDH, el cual no incluye los casos de desaparecidos del año 1982 en adelante, dejando perfectamente a salvo los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Del neoliberalismo para atrás se reconoce que hubo guerra sucia. Del neoliberalismo para acá, "lo vamos a investigar" dice Raúl Plasencia, segundo visitador y responsable operativo del Informe de la CNDH.

Esta limitación arbitraria nos recuerda que la desaparición de personas no es un fenómeno en el que estén exclusivamente involucrados los personeros del PRI, en el caso del Profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, es el ex procurador Lozano Gracia, militante prominente del Partido Acción Nacional, uno de los actores que se investigarían si el informe de la CNDH no se hubiera arbitrariamente detenido en el año de 1982.

No hay que olvidar que el actual régimen de Fox esta construido sobre los cimientos de los regímenes neoliberales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Así como el PRI le debe a estos tres personajes la perdida del poder, Fox les debe lo contrario.

El fino equilibrio político sobre el cual el presidente Fox se mantiene en los Pinos tiene como referentes los mismos puntales del régimen anterior, cuyos principales exponentes son Diego Fernandez de Cevallos y Manuel Bartllet Diaz, ambos fueron determinantes para qué Carlos Salinas de Gortari llegara y se mantuviera en el poder.

Es de suponer que por eso el informe no se mete con los presidentes y operadores políticos que entre otras cosas instrumentaron en 1988 la muerte de Ovando y Gil Heraldes, la caída del sistema de computo de los resultados electorales, la quema las boletas electorales que demostrarían documentalmente el fraude electoral y el accidente de Cloutier que permitiría el paso libre a la serie de concertacesiónes que llevarían a Diego Fernandez de Cevallos al poder real que actualmente detenta, por encima del presidente de la república y, desde el cual se ha convertido en custodio de la impunidad de los regímenes que lo formaron y le nombraron "jefe" para amarrar de manos, junto con Barlett, a un presidente que no termina de entender quienes son los malos y quienes son los buenos, si acaso los hubiera.

Pero además de la intencionalidad política de encubrir el periodo más reciente de la guerra sucia, en sí mismo el informe de la CNDH, es metodológicamente sesgado en lo referido los criterios de acreditación de la desaparición de personas específicas durante el periodo que si reconoce hubo guerra sucia, las desapariciones que acredita la CNDH se basan casi exclusivamente en documentos explícitos del CISEN. Parece que para que la CNDH acreditara una desaparición debería tropezarse con un documento que gritara "aquí hay un desaparecido".

Además de que a la CNDH le faltó por indagar el 99.99% de las fichas del CISEN, el 94.5% de las Cajas vinculadas a la guerra sucia del Archivo General de la Nación, a la CNDH le faltó vincular los datos entre sí, y no descartar dos fuentes principales: los datos aportados por testigos, señalando responsables directos, y lugares de reclusión, los cuales no fueron tomados en cuenta, y las declaraciones de agentes involucrados, como el caso de la declaración verbal de Sergio Villanueva, comandante del grupo Jaguar de la DIPD, cuyos apuntes no sólo no fueron tomadas en cuenta en la "investigación", sino que ni siquiera se transcriben en el expediente que se entrega a la sociedad, a pesar de que están contenidos en la foja 276 del expediente completo de Teresa Gutiérrez Hernández y que es determinante para esclarecer el paradero de 13 ciudadanos secuestrados en 1981 y 1982.

Llama la atención como la CNDH se deshace de datos aportados por testigos e investigaciones independientes, en uno de los 13 casos que he señalado, logramos saber la fecha, la hora y la circunstancia en que fue detenido Rubén Hernández Padrón, se pudo establecer quien había comandado el operativo de su secuestro y estos datos fueron aportados a la CNDH, sin que ninguno de ellos se reflejen en el informe que presentan y sin que durante 11 años se hubiera seguido esta línea de investigación. Especialmente trágico este caso, porque una vez que se precisaron en su momento estos datos y la familia de Rubén hizo una denuncia pública, el testigo de los hechos fue a su vez desaparecido por la DFS.

Sobre la desaparición de Rubén Hernández Padrón, la CNDH tenía información que el que esto escribe le había proporcionado en el Reclusorio Norte y que a continuación reproduzco.

"Los primeros días de diciembre de 1981, me entrevisté con el profesor Fernando Chong Santiago, en un local de alimentos de la calle Mar Mediterráneo cercana al metro Cuitlahuac, quién me platicó los sucesos del el día 6 de noviembre de 1981, en el que desapareciera Rubén Hernández Padrón.

"La entrevista no fue casual sino que se realizó por instrucciones de Teresa Gutiérrez Hernández, quien me había encomendado que investigara que había pasado con este compañero ya que no se había presentado a las citas de la organización. Para tal efecto, me proporcionó un llamado, al interior de la Liga, "mecanismo de recontacto", que era un papel con datos que permitían localizar en caso de caída, las relaciones que a nivel de la organización tenía con otros militantes o simpatizantes.

"Al investigar encontré a una de las últimas personas que habían visto a Rubén en libertad, esa persona me refirió que luego de comunicarse telefónicamente Rubén y el profesor Fernando Chong Santiago, habían quedado de acuerdo en verse en las afueras del metro Villa de Cortés. Antes de dirigirse a la cita, Rubén le había entregado un recado que debía de entregar, en caso de que sucediera algo, a una persona determinada de la Preparatoria Popular Tacuba,

"Esta persona refirió que entregó el papel a la persona indicada en la Preparatoria Popular Tacuba, luego de buscarla, por lo que me entreviste con ella, informándome que había recibido un recado que decía que si algo le sucedía informara a los "compas" que él había ido a una reunión con Chano, sobrenombre que usábamos cuando nos referíamos con anterioridad al profesor Fernando Chong Santiago.

"Por este motivo me entreviste con Fernando Chong quien me relató lo siguiente:

"El día 6 de noviembre de 1981, pasaban de las 10 de la noche, y estabamos sentados en una banca del Jardín del metro Villa de Cortés platicando el Chicano (Rubén Hernández Padrón) y yo (Fernando Chong Santiago). No llevábamos mucho tiempo cuando frenó un Grand Marquís, de color claro, de el bajaron tres hombres armados.

--Súbanse al carro cabrones -gritó uno de ellos.

--Órale hijos de su pinche madre, ¡arriba! -dijo otro que traía una metralleta.

--No se quieran pasar de vergas porque se los lleva su chingada madre -dijo el primero.

Yo levanté las manos, pensé que eran judiciales que se dedican a asaltar. El parque estaba solo nada más había una pareja de novios que se espantó, a mi me metieron al carro, pero Chicano se resistió y se echó a correr. Yo no había pensado en resistirme, no traía nada que me pudiera comprometer, ni siquiera dinero, así que se imaginaba que todo se reduciría a la extorsión de rigor, así que me dejé meter al carro y alcancé a ver como el Chicano (Rubén) escapaba.

Rubén se echo a correr alejarse de la zona, pero no tuvo tiempo, por todas las calles había agentes.

--Mira ahí va corriendo -dijo un agente policiaco en la patrulla que me llevaban.

--Si, si es él --contestó el otro.

El coche aceleró hasta alcanzar a Chicano y frenó

--Párate ahí hijo de tu pinche madre -dijo un agente.

Chicano sacó una pistola y parece que hirió a un agente. De inmediato la calle se llenó de carros de agentes y lo detienen.

Chicano había tirado el arma al suelo y tenía las manos levantadas, de inmediato es metido a un auto, luego de eso, uno de los agentes pregunta: ¿Y ahora que hacemos con este otro? En referencia a mí. "Espérate a ver que dice el comandante Estrella" dijo otro. El que le decían "Comandante Estrella" luego de mucho tiempo de hacerme preguntas y comunicarse por radio ordenó: "déjenlo ir". Uno de los agentes me dijo: "Te carga tu chingada madre si hablas una sola palabra de esto, te bajas del carro y caminas para atrás, si volteas desde aquí te voy a meter un plomazo".

"Le hice una serie de preguntas a las que Fernando Chong Santiago contestó. En esas fechas informé a Teresa Gutiérrez Hernández lo que había sucedido y corroboró que precisamente en esas fechas había dejado de asistir Rubén a sus citas y permas con su órgano de dirección de la Liga. Por lo que instrumenté la denuncia al interior de la Preparatoria Popular Tacuba (PPT).

"La familia de Rubén se enteró de la detención de este por medio de la campaña de denuncia que los estudiantes de la Preparatoria Popular Tacuba desplegaron para lograr su libertad y se presentaron en dicha escuela y más tarde entraron en contacto con quien esto escribe. A ellos entregué toda la información recabada y reuní a la madre de Rubén con las personas que había entrevistado para esclarecer los hechos, para que tuviera de viva voz la información que yo había recabado. Con esta información la familia inició la denuncia correspondiente, y cuando esta se hizo publica mediante un desplegado en el periódico unomasuno, el profesor Fernando Chong fue desaparecido a su vez por la DFS y seguramente por el mismo comandante policiaco, siendo este, como ya dije, Alberto Estrella".

Le informé a la Comisión de la CNDH que en 1983, con motivo de la desaparición de otra profesora de la PPT y un alumno, hubo entrevistas de los integrantes de la Preparatoria Popular Tacuba, directamente con el señor Zorrilla Pérez, en ese entonces director de la DFS, todas ellas en plena avenida México Tacuba, donde este personaje se presentó para tratar de evitar que se prendiera fuego a una gran cantidad de autobuses que la Preparatoria Popular Tacuba había tomado y que incendiaría si no eran liberados los dos desaparecidos. Junto con él se presentó, entre otros funcionarios, el llamado "Comandante Estrella", quien coincidió plenamente con la descripción que de él me había hecho personalmente Fernando Chong Santiago.

Le informé que durante mi estancia en el Reclusorio Norte había podido observar con detenimiento al comandante Estrella, ya que este acostumbraba a recibir sus visitas en una determinada sala de visita familiar y que era el mismo que yo había visto junto con Zorrilla Pérez durante los sucesos de 1983 y que había coincidido plenamente con la descripción que de él hiciera Fernando Chong Santiago.

Les informé también que el papá de Fernando Chong Santiago, con el cual Fernando no vivía, era, a la fecha de detención de Rubén Hernández, un alto funcionario del Gobierno del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca y que tenía, porque así se lo había referido a su hijo Fernando Chong, contactos con los cuerpos policiacos de la DFS, motivo por el cual le había advertido a su hijo que se retirara de las actividades de la Preparatoria Popular Tacuba, porque sino, él mismo, (el padre) iba a ordenar que lo vigilaran y le dieran una "calentada", a lo que Fernando Chong Santiago había contestado "pero que sean (los agentes policiacos) buenos (eficientes), porque si no, me los voy a chingar yo". Por lo que no descartaba que la captura de Rubén Hernández Padrón estuviera relacionada con está "vigilancia" que el funcionario del Estado de Hidalgo, había ordenado o pedido a la DFS según sus propias palabras.

Comenté que las palabras que Fernando Chong refería de su padre podían tener veracidad, y debían ser consideradas en la investigación, ya que, Fernando Chong había sido en otra ocasión detenido cerca de la estación Cuitlahuac o Popotla del metro de la ciudad de México, por agentes policiacos, los cuales lo habían dejado en libertad, a pesar de que le habían detectado una pistola semiautomática, marca Star, calibre 22, la cual le decomisaron, lo cual solo podría ser explicado con la intervención a su favor en niveles jerárquicos altos, de una persona interesada, y que la misma liberación durante la noche de la captura de Rubén, podía obedecer a la intervención de su padre.

Lejos de seguir esta línea de investigación, la CNDH por medio de Luis Raúl González Pérez "convoca" --con dos años de retraso-- al "distinguido" comandante Alberto Estrella para que se "entreviste" y brinde la información que tiene al respecto de las desapariciones en general.

En efecto, como parte de sus funciones Luis Raúl González Pérez se dirige en estos términos a uno de los mayores desaparecedores de personas en México:

"Distinguido Comandante (Alberto Estrella):

"En virtud de su desempeño dentro de las fuerzas de Seguridad Pública (DFS) del país, que le permitió conocer sobre operativos y acciones que el gobierno aplicó frente a las actividades de grupos armados que se produjeron durante la década de los años 70´s y parte de los 80´s, su colaboración resulta de especial importancia para el cumplimiento de las metas que en esta materia (desaparecidos) tiene la Comisión (CNDH).

"Por lo anterior se le convoca para que se sirva entrevistar con personal de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de poder recabar la información que usted dispone sobre los hechos mencionados"

"Atentamente

El Segundo Visitador

Luis Raúl González Pérez".¹⁸

Dirigirse a un asesino gubernamental, en los términos de "distinguido comandante", cuando esto, en virtud de las leyes del país, aunque lo hubiera sido antes, al tener una sentencia definitiva emitida por un juez que lo reconocía penalmente como culpable del homicidio del periodista Manuel Buendía, había dejado de serlo, para "convocarlo a efecto de recabar información" sobre acciones "que el gobierno aplicó" --así, en general y en abstracto-- en la desaparición de personas, es todo, menos lo necesario para esclarecer los casos de desaparición forzada en México.

Nada más elocuente que la respuesta del tan "distinguido" como los demás comandantes desaparecedores y asesinos de la DFS Alberto Estrella:

"Que no entiende las causas de la entrevista, que se considera una víctima política del sistema, que no está dispuesto ha hacer declaración alguna, que la CNDH puede averiguar (el paradero de los desaparecidos) si lo desea, entrevistando a quienes fueron Secretarios de Gobernación, y que en todo caso, esa comisión debe consultar los expedientes de la entonces DFS, que ahora obran dentro de los archivos de Seguridad Nacional. Que sirvió durante 25 años al sistema y que ahora que se encuentra en desgracia con una sentencia de 30 años de privación de su libertad, no cambia sus principios, que él piensa que ha sido leal al sistema y que seguirá siéndolo, que por tales motivos no está dispuesto a declarar en absoluto."¹⁹

Sorprende el nivel de perspicacia, inteligencia, audacia y metodología de investigación de la CNDH y en particular del licenciado Luis Raúl González Pérez, si funcionarios como él se van a encargar en la llamada Fiscalía Especial de la PGR de esclarecer la verdad de los crímenes de Estado en este país, ya podemos irnos despidiendo en definitiva de esta.

De ahí que al respecto de Rubén Hernández Padrón, la CNDH haya concluido que no se acredita la desaparición forzada, a pesar de los datos aportados y el costo que tuvieron en la desaparición de Fernando Chong Santiago, ya que en ambos casos los desaparecedores de la DFS, estando a unos cuantos meses del relevo sexenal y habiendo atravesado posteriormente por el escándalo de los muertos del Río Tula, el asesinato de Manuel Buendía y la desaparición y ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena, seguramente tuvieron la precaución de ocultar los archivos.

Sigamos, el informe de la CNDH, deja ver que a partir del año 1980 los archivos operativos de la DFS no le fueron mostrados. Era fundamental que la CNDH hiciera esta denuncia, porque de esto se desprende que las autoridades correspondientes no acataron la orden presidencial de abrir todos los archivos de los órganos de "seguridad" del Estado que tuvieron que ver con la guerra sucia y por que demuestra, que por encima de la autoridad del presidente de la república y las instituciones, subsiste un sindicato de torturadores y desaparecedores de personas que siguen ocupando puestos claves y siguen actuando de manera organizada en perjuicio de la sociedad.

Es necesario exigir a las autoridades correspondientes inicie acción penal en contra de los funcionarios públicos que además de desaparecer personas, desaparecieron los archivos de las operaciones de seguimiento, secuestro, interrogatorio, cerco, aniquilación, y confinamiento de luchadores sociales, particularmente los archivos del Ejército, la DFS, PJF, DSN, DIPD, Grupo Jaguar, a partir de 1980.

Hay que reconocer que el informe señala, además de la responsabilidad de servidores públicos, la responsabilidad de instituciones del Estado en la desaparición de personas. Soberanes mismo declara: "Es irrefutable que muchas de las respuestas por parte de las fuerzas públicas fueron realizadas fuera del marco jurídico", "La respuesta gubernamental ... no se basó en atribuciones conferidas a esos servidores públicos..." etc., por lo que no dejamos de notar una incongruencia entre lo que concluye el informe de la CNDH y lo planteado por Fox en su discurso y en acuerdo presidencial del 27 de noviembre, en el sentido de deslindar a las "instituciones" de toda responsabilidad, sin sustento alguno en el conocimiento de los hechos y prejuzgando de antemano.

Todavía no se ha iniciado una investigación penal, es más, todavía ni siquiera se define quien es Fiscal Especial que habrá de iniciar las averiguaciones previas y ya Fox exime a las instituciones de toda responsabilidad. De esta manera el presidente, sin conocer en realidad los hechos, los valora de manera definitiva e impone su criterio de lo que si y lo que no se puede investigar y juzgar.

Independientemente de que él presidente crea que estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos sin excepción por individuos que actuaban a titulo personal, no es su credo, sino una investigación objetiva lo que lo puede definir.

Lamentablemente esta actitud no es solo un tropiezo de un hombre que antes del 2 de julio del año 2000 prometió poner fin al presidencialismo y ahora resulta con verdades imperiales bajo la manga y criterios supremos que hay que acatar "por el bien de las instituciones de la república".

Seguramente al tratar de imponer este criterio, Fox pretende eludir la confrontación con la casta de militares que luego de la llamada revolución mexicana fueron el núcleo de formación de la nueva clase gobernante. De la nomenclatura en la que está depositado el poder real que prevalece en la nación.

Entre el cambio que lo llevó a la silla presidencial y la continuidad de un sistema de mutuas complicidades que le puede permitir mantenerse en esa silla, Fox esta optando por lo segundo.

Y es que además históricamente estamos ante un proceso muy complicado, no fácil de entender por un ranchero enamorado, si se acepta que en algún momento se rompió el Estado de derecho, lo que de este Estado resulte no va necesariamente acompañado de legitimidad, y eso --según entiendo-- Fox no puede aceptarlo. Pero es exactamente al contrario, el 2 de julio del 2000 el régimen ilegitimo perdió su continuidad por determinación de la sociedad, se abrió la posibilidad de un cambio, pero este cambio no se consuma con quitar a un político o partido y poner a otro, eso apenas sería su comienzo.

Fox cree que él en la presidencia es ese cambio, por eso para mantenerse, prefiere conciliar con las fuerzas realmente existentes, en este caso, los corporativos de la guerra sucia, con lo que automáticamente convierte el pretendido cambio en lo contrario. Es su interés político personal y de clase lo que lo lleva a tirar por el caño el jugo del cambio que anhela la sociedad y a quedarse con la cascara, con las apariencias. Pero una lectura atenta del informe, no nos permite llegar a las conclusiones que llega Fox sin haberlo leído.

Por todo lo anterior, el informe del segundo periodo de investigación de la CNDH, si bien marca un hito por el reconocimiento que se hace de una parte de los crímenes del Estado, resulta incompleto y demuestra que el esclarecimiento de la verdad es una asignatura que todavía tenemos pendiente.

El acuerdo presidencial sobre los desaparecidos

Al término de la lectura del Informe de la CNDH sobre los desaparecidos, el secretario de Gobernación leyó el acuerdo presidencial que da respuesta a las recomendaciones del mismo. Destaca entre estas medidas la creación de una "fiscalía especial" para el esclarecimiento de los crímenes del pasado.

La historia se repite, se crea una instancia de gobierno para averiguar los crímenes del mismo contra la sociedad. En este caso la fiscalía especial será designada por el general Macedo de la Concha, titular de la PGR señalado por violar los derechos humanos de al menos un prisionero político, el General Gallardo, cuando ocupó el cargo de Procurador Militar. La fiscalía será parte de una dependencia --la PGR-- que ha sido señalada reiteradamente por la violación a los derechos humanos y la desaparición de personas.

Se crea también por decreto un Comité de Apoyo cuyo objeto sea aportar al fiscal especial los elementos históricos, sociales, jurídicos y demás necesarios y será el procurador Macedo de la Concha quien conforme --por invitación-- este comité. ¿Sobre qué criterios el señor Macedo de la Concha va a realizar estas invitaciones? El decreto no lo dice.

Se conformará un Comité interdisciplinario para la reparación administrativa de los agravios de la guerra sucia, el comité será conformado sólo por funcionarios gubernamentales y será el Secretario de Gobernación Santiago Creel quién previa invitación, lo conforme.

La lógica del acuerdo presidencial es que la sociedad deberá sentarse a observar como el gobierno acuerda y decide resolver "el problema" de los desaparecidos, Nuevamente el estado por encima de la sociedad. ¿En dónde entra la participación de la sociedad en la búsqueda de la verdad en los hechos que la han agraviado? ¿En donde entran los familiares de los desaparecidos y de los asesinados por las fuerzas gubernamentales? ¿tendrán que esperar pacientemente otros 11 años a que se esclarezca la verdad y se sancione a los responsables?

El acuerdo presidencial es limitado también en cuanto a la búsqueda de la verdad en los casos de los miembros del Ejército Mexicano que participaron en la desaparición de personas y las ejecuciones extrajudiciales, ya que sólo se pone a disposición de la fiscalía especial los archivos y documentos de la Procuraduría General de Justicia Militar, cuando no era esta dependencia del Ejército la que se dedicaba de manera principal a las labores de guerra sucia (sin decir con esto que no incurría en ella), sino la llamada "Sección Segunda" del Estado Mayor Presidencial, dependencia en la que se formó la Brigada Blanca, y los más altos mandos del Ejercito incluyendo su comandante en jefe, el presidente en turno de la República. Por tal motivo, no sólo los archivos de la Procuraduría General de Justicia Militar deberían estar al alcance de una comisión investigadora de la verdad y fiscalizadora de delitos cometidos contra participantes en movimientos políticos y sociales, sino TODOS LOS ARCHIVOS de la Secretaría de la Defensa Nacional, y incluyendo la Fuerza Aérea que incurrió en el traslado de desaparecidos y la Secretaría de Marina que en noviembre de 1981 participó en el Puerto de Guaymas, Sonora en la campaña de cerco en contra de militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que posteriormente serían desaparecidos.

Pero la parte más grave de la nueva disposición presidencial, es que acota en términos operacionales las indagaciones sobre el pasado al año de 1985, cuando es un hecho que la guerra sucia se extendió a los regímenes de Salinas de Gortari, y Ernesto Zedillo, y así lo demuestran el asesinato de más de 500 perredistas, las ejecuciones extrajudiciales de zapatistas a partir de 1994 y el secuestro, desaparición y posterior ejecución de campesinos de la Unión Campesina Popular Francisco Villa en Nueva Palestina Chiapas, las masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y Acteal.

Esta acotación operacional de las indagaciones sobre la guerra sucia se expresa en que hasta antes del año 1985 la documentación estará en el Archivo General de la Nación, al alcance de "cualquier interesado", del 85 para acá sólo estarán a disposición de la PGR, CNDH y otras dependencias "competentes".

Esta disposición presidencial deja en estado de total indefensión los casos de decenas de desaparecidos, entre ellos el del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido en 1996, a pesar de que existe toda la información y pruebas del acoso que sufrió desde antes de su desaparición por parte de la PGR. En este caso, por cierto, es la PGR la que tendría que ser investigada y no investigar.

El acuerdo presidencial del 27 de noviembre, es sólo una parte de una serie de medidas adoptadas por el Estado en las últimas fechas, entre las cuales están el decreto publicado el pasado 1° de junio en el Diario Oficial de la Federación en el que se adiciona al Código Federal Penal y de Procedimientos Penales, tipificando el delito de desaparición forzada de personas, también llamada Ley sobre Desaparición Forzada, la reciente adhesión de México a la Convención para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, las modificaciones constitucionales propuestas por el Ejecutivo para que México firme el Estatuto de Roma y la adhesión de México a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, ratificada por el Senado el 7 de diciembre de 2001.

Ya habíamos expresado nuestra desconfianza a la primera de estas medidas, la llamada Ley Sobre la Desaparición Forzada del primero de junio, ya que si bien por primera vez a nivel federal se reconoce jurídicamente la categoría de desaparición forzada, encontramos, entre otras omisiones, que no se señala explícitamente la imprescriptibilidad del delito. Se dijo por los defensores de esa ley que no había tal deficiencia, ya que la legislación internacional es explícita en cuanto a la no caducidad del delito

Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón, la firma con reservas de la Convención para la Imprescriptibilidad hace que esta imprescriptibilidad --no es trabalenguas-- sólo sea válida a partir de la fecha de la firma, esto es, del 10 de diciembre de 2001 en adelante, dejando 3 décadas de guerra sucia en la imposibilidad legal de ser sancionadas. Como si la guerra sucia fuera un fenómeno del futuro y no una dolorosa etapa de la historia reciente de nuestro país.

Días antes, el 7 de diciembre de 2001, se ratificó la adhesión a la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada, lo cual representaría un gran avance en la lucha contra la impunidad, si no fuera porque mientras por un lado la Convención se pronuncia por que los crímenes de desaparición forzada se aborden en tribunales comunes y no en tribunales especiales y menos en el fuero militar, el estado mexicano se adhiere con la única reserva de que los miembros del Ejército serán juzgados en tribunales militares, ya que --según dan a entender-- hacían el trabajo de desaparecer personas, como parte de sus funciones.

Con estas medidas el régimen de FOX pretende "resolver" la problemática de cuatro décadas de desaparición forzosa contra ciudadanos mexicanos ordenadas desde los aparatos de represión del Estado, sin embargo, es claro que, vistas en su conjunto, tanto las modificaciones al código penal del 1° de junio, como las medidas presidenciales del 27 de noviembre y las adhesiones a los tratados y convenciones internacionales en la materia, tienen como fin establecer en términos funcionales, la versión mexicana de la Ley del Punto Final con la que en otros países se pretendió ocultar, justificar, encubrir y soslayar los crímenes de Estado cometidos durante la llamada guerra sucia.

Vistas de conjunto estas medidas sirven para lo contrario a lo que durante muchas décadas se ha planteado por la sociedad: la necesidad de que aparezcan con vida los detenidos desaparecidos y que se castigue a los culpables de estos crímenes de lesa humanidad.

Por todo lo anterior sigue vigente en México la exigencia del establecimiento de una Comisión de la Verdad, cuyo titular sea un ciudadano independiente del Ejecutivo en lo que se refiere a la investigación, y autónomo en cuanto a su operación, elegido por el Congreso de la Unión, con todas las facultades legales otorgadas a la Fiscalía Especial señalada en el acuerdo presidencial del 27 de noviembre, mas otras que le son necesarias, en la que también participe en sus distintas instancias ejecutivas, consultivas, asesoras, operativas, la sociedad civil y particularmente la parte de la sociedad que ha sido agraviada por la guerra sucia, que son los familiares de los desaparecidos y ejecutados extra-judicialmente.

Acerca de la Comisión de la Verdad

Hay que repetirlo, para poder esclarecer lo que fue --y en muchos aspectos sigue siendo-- la guerra sucia en México es necesario que se establezca una comisión de la verdad. Contra esta posibilidad se han pronunciado en la madrugada del sexenio desde el Secretario de Gobernación Santiago Creel y el Procurador General de Justicia Macedo de la Concha, hasta Rosario Ibarra y Teresa Jardí.

Una de las primeras objeciones a esta comisión de la verdad es que podría prestarse a un "ajuste de cuentas", aunque cuando lo dice Tere Jardí es claro que se refiere a la connotación mafiosa del "ajuste de cuentas" entre los grupos de poder dentro del mismo sistema, es la misma propuesta política de Santiago Creel, que por el contrario teme que al ajustar cuentas la sociedad con los criminales que nos gobernaron durante las últimas décadas, se rompa el equilibrio basado en complicidades recíprocas sobre el cual se sustenta el régimen del "milagro Fox".

Seguramente hay sectores del poder, y grupos oligárquicos, que resultarían beneficiados si el grupo de los Hank-Barllett-Salinas-Diego Cervantes de Ceballos, fuera golpeado, política o jurídicamente, y qué mejor para ellos que fueran sectores de la sociedad civil, los que se encargarán de ello, sin tener que desembolsar un quinto.

Por ese motivo ¿habría que callar sus crímenes?

Otros personajes, más vinculados a los cuerpos represivos, chantajean a la sociedad advirtiendo que una Comisión de la Verdad debería analizar no sólo las "desapariciones y ejecuciones del Ejército, la DFS, la DIPD, la Brigada, el Grupo Jaguar, el CISEN y la PGR, sino también los crímenes realizadas por los guerrilleros".

Nada más infundado que esa afirmación. Durante décadas todo el peso del Estado se ha dedicado a investigar y perseguir estos supuestos crímenes, y no sólo los que se cometieron, sino también los que probablemente se cometerían, se ha sancionado por ellos, no sólo a los guerrilleros, sino también a sus padres, hermanos, hijos, amigos, conocidos, no sólo se les ha aplicado la pena máxima, sino penas que superan con creces cualquiera de las planteadas por el código penal, la pena más benévola para cualquier militante de una organización guerrillera es --desde el punto de vista de ellos mismos-- el fusilamiento, porque las demás penas que han sufrido en manos del Estado, van desde los toques eléctricos, la violación, la mutilación, la castración, la sumersión en líquidos hasta casi la asfixia, el precipitarlos vivos desde aviones a gran altura, hasta el extremo de hacer esto mismo pero con los bebés, las esposas o los padres en presencia del prisionero guerrillero.

Una revisión sucinta del monto de lo robado en asaltos bancarios e instituciones de otro tipo por los grupos guerrilleros de 1965 a l990, no llegaría a ser ni la millonésima parte del botín de una sola de las cuentas, encontradas en Suiza a uno sólo de los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, a nombre, pero si por supuesto, de su hermano mayor.

La pandilla de delincuentes que tenía en sus manos el Estado mexicano, desde Díaz Ordaz, hasta Zedillo ha robado a manos llenas, ha tomado los bienes del país por asalto y los ha rematado al mejor postor, desde los bancos, hasta las siderúrgicas, pasando por las emisoras de televisión y la empresa de telefonía que un día fue de la nación. Con el FOBAPROA ha saqueado las arcas del Estado para entregársela a los banqueros en premio a su incompetencia empresarial y en estímulo a los ilícitos que cometieron y que llevaron a la quiebra a sus bancos, empresas y socios. Todos ellos se encuentran libres y son considerados como los actuales pro-hombres de la patria. Por eso, nosotros decimos, si tener una Comisión de la Verdad en México implica necesariamente analizar los asaltos bancarios, los robos a empresas, las expropiaciones "revolucionarias" institucionales o no, etc. ¡Adelante!

Y no sólo estamos hablando de robos, también entran en esta situación los asesinatos. Contemos las lamentables muertes de los policías y soldados caídos en enfrentamiento con la guerrilla y, si no han sido juzgadas penalmente y sancionados los culpables, hagámoslo ahora. Junto con esto, revisemos los homicidios cometidos por el gobierno mexicano, desde la masacre de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus 3 hijos, pasando por las matanzas de copreros, la de Iguala de 1962, la de Atoyac de 1965, el asesinato de estudiantes en Morelia, Culiacán, y más tarde en el DF en 1968, 10 de junio del 71, y así hasta Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y el reciente homicidio de Digna Ochoa. Contemos los años de cárcel o desaparición que se han dado a los guerrilleros, a sus familiares o a gente que no tenía nada que ver y comparemos esta cifra con los años de cárcel que han compurgado los actores materiales, intelectuales de los crímenes gubernamentales, la proporción es mayor de un millón a cero.

Porque en México, por los crímenes adjudicados a la guerrilla, por lo menos mil personas han purgado condenas en prisión que van de 4 a 20 años, por lo menos mil 200 personas han estado desaparecidas entre 20 y 30 años, y al menos mil personas han sido asesinadas estando presas o indefensas, sin juicio alguno. Tenemos entonces como resultado respectivamente 8 mil años de cárcel, 30 mil años de desaparición forzada y mil condenas de muerte ejecutadas. Mientras hoy, los asesinos identificados de Aguas Blancas, y Acteal, dos de las últimas masacres gubernamentales, ya pasean por las calles, o han sido reinstalados en sus puestos con todos los honores, luego de ser "juzgados".

Por ese motivo, seguimos insistiendo en el establecimiento de la Comisión de la Verdad.

Ciertamente el 2 de julio hubo un cambio de régimen en este país. Ya el 23 de septiembre del año 2000 expresé en la Universidad Lassalle que hay una serie de pruebas fehacientes "para presentar ante una Comisión de la Verdad que llegue a formarse, ante Amnistía Internacional o ante el Presidente de la República".

"No sé si él presidente Fox va a contribuir o a obstaculizar el esclarecimiento de las desapariciones forzadas en nuestro país, no sé si con él va a llegar el inicio de un verdadero cambio democrático, o si por el contrario quedará ante la historia como un solapador o encubridor más, desde la cúspide del poder. Lo que sí sé, es que para mí, en cuanto al asunto de los desaparecidos, debe tener el beneficio de la duda, hasta en cuanto no demuestre lo contrario."^²⁰

Cada día es más claro que Fox se perfila más como un encubridor y solapador de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que como el promotor del cambio que prometió y que forma parte de los cambios que requiere México.

A pesar de las señales ambiguas, tibias y contradictorias, la dialéctica foxiana, (hoy digo una cosa, mañana digo lo contrario, cambio es igual a que todo sigue igual) no ha logrado esconder la alianza de Fox, con los grupos asociados a la Guerra Sucia en México. El tema de la Comisión de la Verdad es una muestra de ello, por un lados Fox coqueteó con la propuesta, y por otro se congració con los funcionarios y grupos de poder que se oponen a ella. Por un lado, ni ve ni oye las graves injusticias que conlleva la prisión de Erika Zamora, general Gallardo, y otros prisioneros políticos, mientras por el otro da el pésame por la ejecución de Digna Ochoa y apresuradamente libera a los dos campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, para que no se asocie este cobarde asesinato con un crimen de Estado cometido durante su gestión. El cambio prometido por Fox se limita entonces a la esfera de las apariencias y el maquillaje y en los hechos se establece una nueva alianza con los grupos asociados a la guerra sucia e incluso con sus operadores.

Se nos ha dicho por una gama de personas vinculadas a la política, que "las instituciones de la República" (que bonito se oye) son bastas y suficientes para esclarecer los crímenes del pasado, del Estado y de lesa humanidad, nosotros preguntamos luego de conocer la actuación de la CNDH en el esclarecimiento de los casos de desaparecidos políticos: ¿Será?

Y por supuesto, no sólo conociendo el encubrimiento a los torturadores y la burla soez que hizo Carpizo a las madres de los desaparecidos, sino sabiendo del refrendo de esta que hicieron sus sucesores, al mantener bajo la nómina a policías y al no abordar las líneas de investigación planteadas y los datos proporcionados. Es un hecho que por donde sea que se le quiera ver, la CNDH no reúne las mínimas características de confianza de la sociedad para realizar las indagaciones correspondientes y plantear opciones de justicia.

Y de las otras "instituciones de la República" solo nos queda, como lo plantea el acuerdo presidencial, la Procuraduría de General Justicia de la República, la PGR, debido a su competencia legal para analizar estos delitos. Aún descartando el hecho irrefutable que la PGR está directamente involucrada en la desaparición de personas, esta institución no es apta para el esclarecimiento de la desaparición de personas, por varios motivos.

El primero, que el cambio de gobierno de Zedillo a Fox ciertamente implicó un cambio de titular, pero más del 90% del personal de la PGR, sigue siendo personal que viene desde el antiguo régimen. La antigüedad de comandantes y mandos medios, ubica su ingreso durante el apogeo de la guerra sucia y por tanto no son ajenos a esta.

El segundo es que el mismo titular de la PGR ha sido involucrado en el caso de militantes del EPR que se encuentran actualmente desaparecidos, cuando ocupaba el cargo de Procurador Militar.

El tercero es que mandos medios que actualmente ocupan, o hasta hace poco ocupaban, posiciones relevantes en la PGR tales como la titularidad del "Centro para la Recuperación de la Confianza", están directamente involucrados con la queja que se ha presentado contra los desaparecedores de personas, contra la CNDH y contra Jorge Carpizo Mac Gregor. Uno de ellos es Ignacio Cabrera, a quien ya he mencionado en capítulos anteriores, y otro es Luis Raúl González Pérez.

Las cualidades investigadoras de Luis Raúl González Pérez ya fueron conocidas por gran parte de la sociedad, cuando cerro el caso del homicidio de Colosio con la tesis del asesino "solitario", con la que exculpaba a cualquier grupo de poder o personaje, tales como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Recientemente Luis Raúl González Pérez fue nombrado titular del Centro para la recuperación de la Confianza de la PGR en sustitución de nada menos que Ignacio Cabrera. Pero ¿cómo va uno a recuperar la confianza en la PGR, cuando el encargado de esta misión, es una persona que cuando le tocó investigar el paradero de los desaparecidos se dirigía a los desaparecedores y torturadores en los términos de "distinguido señor comandante" como ya vimos en el capitulo anterior?

Con este tipo de funcionarios en la PGR resulta imposible creer que esta institución sea apta para esclarecer los crímenes del Estado mexicano. Además de en sus filas subsisten viejos comandantes relacionados con desaparición de personas, importantes mandos intermedios son ocupados por la herencia que dejo Carpizo de su equipo, ex funcionarios de la CNDH que ya antes han tenido la misma tarea con resultados pésimos.

Independientemente de la formalidad jurídica, y del nombre, se requiere una entidad independiente del ejecutivo y desligada operacionalmente de las actuales "instituciones" que han tenido parte de la guerra sucia.

El principal argumento en contra de esta entidad, que nosotros llamamos Comisión de la Verdad, es que el presidente Fox no tiene facultades para formarla, bueno, pues hay que recordar que el Estado mexicano está conformado por tres poderes, no por uno, y que la formación de una comisión de esta naturaleza si es una facultad del poder legislativo.

Durante décadas el gobierno mexicano violó la ley de manera salvaje en detrimento de la sociedad, hoy se pretende que estos crímenes queden en la impunidad amparados en la ley, que puede ser violada para desaparecer, torturar y asesinar, pero no para llamar a cuentas a los criminales de guerra. Pues bien, las leyes no son dadas de una vez y para siempre, sino que corresponde a la soberanía del pueblo, por medio del poder legislativo su confección y adecuamiento. No se pueden seguir poniendo estos burdos pretextos. Sobre todo, cuando sin el menor rubor se modifican constantemente las leyes para poner a la venta el patrimonio de la nación o hacer de todo el pueblo las deudas de banqueros inescrupulosos.

Pero lejos estamos de plantear que estamos en un callejón sin salida. Tanto el informe de la CNDH, como las medidas presidenciales del 27 de noviembre y las recientes adhesiones a tratados internacionales, son el nuevo piso, el nuevo escalón sobre el cual la sociedad debe seguir la lucha contra la impunidad. Si para el régimen de Fox este es el techo político al que aspiran, para la sociedad apenas es el inicio de una nueva fase de lucha, que terminará transformando verdaderamente a nuestro país.

En cuanto esto sucede, es necesario exigir la información de las violaciones a los derechos humanos cometidos contra participantes en movimientos sociales o políticos de 1968 al 2001, y no hasta 1985 como se plantea en el acuerdo presidencial, y que se incluya en esta información los casos de ejecución extrajudicial y matanzas colectivas, pues no es esta institución la que puede decidir arbitrariamente y de manera previa qué es y donde termina la Guerra Sucia. Los familiares y las organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes que estos señalen, deben tener acceso directo de manera inmediata a los legajos que la CNDH cita en su informe de los archivos del CISEN y del Archivo General de la Nación, completos, sin obstáculo alguno.

También es necesario que la CNDH informe de inmediato de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, o uso excesivo de fuerza que redundó en muerte de algún ciudadano, encontrados en los archivos que consultó y que no incluyó en su informe por no existir la denuncia de los familiares, como el caso de "Juana" relacionada con el caso de Ramón Cardona Medel, o el hijo de Margarita Andrade Vallejo y Alfonso Pérez Rayón, quién resultó temporalmente desaparecido sin que la CNDH reportara este descubrimiento que hizo en los archivos del CISEN. Por su parte, los familiares de personas que hayan sido desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente, en aparentes enfrentamientos con la policía o el Ejército, en matanzas cometidas por fuerzas del gobierno o paramilitares, deben hacer o renovar ante la PGR o ante la sociedad, la denuncia correspondiente.

Sobre todo, es necesario desmentir al presidente de México Vicente Fox Quezada en su afirmación de que del informe de la CNDH se desprende que fueron exclusivamente individuos y no instituciones los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se documentan, cuando propiamente las investigaciones penales ni siquiera se han iniciado, ni el informe de la CNDH puede fundar una afirmación de esa naturaleza.

Durante más de 30 años el gobierno mexicano negó haber ordenado desapariciones de personas y ejecuciones extrajudiciales. El que a partir del informe de la CNDH lo reconozca no es una dádiva, sino producto de la determinación y la lucha democrática de la sociedad y la misma fuerza de los hechos. Además de la responsabilidad de los operadores de la Guerra Sucia, está la responsabilidad criminal de los que la ordenaron.

La desaparición forzada fue una política impuesta, planeada y supervisada desde la cúspide del aparato de Estado, tenía como fin eliminar a los disidentes y garantizar la "seguridad" del régimen. Los principales responsables de los hechos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial son en su momento presidentes de la República Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. No es por tanto un asunto que el actual presidente de la República pueda seguir delegando en funcionarios de segundo y tercer nivel. El cordón umbilical que une a este país con la impunidad, debe ser cortado, el presidente Fox no puede seguir eludiendo su responsabilidad, este es uno de los cambios por el cual fue comisionado por la sociedad el 2 de julio del 2000. La sociedad no eligió para esto ni a Soberanes, ni a Macedo de la Concha, ni a alguien que este último nombrara. Sin entender esto Fox, será un complice más de la guerra sucia.

La burla que el gobierno ha realizado durante más de 10 años durante su supuesta búsqueda de los desaparecidos, es un estigma que jamás desaparecerá. Es el interés superior de encontrar a los desaparecidos lo que lleva a los familiares a continuar esta lucha aún ante instituciones que por su felonía y criminalidad repudia la sociedad.

Lo ideal para nosotros, el sueño al que aspiramos es que en México existiera un Estado de derecho y las autoridades actuaran con lógica, probidad y determinación para esclarecer el paradero de los desaparecidos. Si el actual gobierno escucha y atiende estas demandas, que bueno, si no lo puede hacer, de cualquier forma lucha continuará, sabemos que finalmente las voces que intentaron apagar al desaparecer a los luchadores sociales serán tan potentes que terminarán de tirar las barreras de ignominia que subsisten en nuestro país.

Hay elementos para pensar que en el actual periodo estamos muy lejos de encontrar la justicia. Por ejemplo, mientras el día 24 de julio de 2001 la PGR dio entrada a mi denuncia contra Carpizo Mac Gregor y ni una sola actuación ha realizado al respecto en 5 meses, Carpizo, 100 días después, interpuso una contra mi, y antes de 15 días ya se me había hecho la procuraduría dos citatorios y no descartaría que de un momento a otro la eficiente policía judicial pudiera detenerme.

Es de entenderse que los mexicanos no somos iguales ante la ley. Por supuesto que no es lo mismo que un simple ciudadano acuse a un ex alto funcionario de delitos graves, a que un alto personaje de la política y del sistema mexicano, como Carpizo, acuse a un ciudadano de atentar contra su "honor". En el primer caso, muy seguramente la denuncia se descartará argumentando cualquier resquicio jurídico, o se archivará luego de no hacer nada al respecto, en el segundo caso, muy seguramente "se aplicará la ley con todo rigor" y "no se permitirá ninguna impunidad" para que quede el ejemplo ante la sociedad.

Por eso la pregunta: ¿Habrá justicia en México para los desaparecidos y sus familias? Es posible contestarla con toda seguridad: Si la habrá, los desaparecidos marcharán de nuevo por las alamedas de la libertad, y serán reconocidos por sus justas aportaciones a la democratización de nuestro país. Si esto no se logra con la participación del actual gobierno, se logrará a pesar de sus omisiones, ambigüedades y contradicciones y de la resistencia furiosa de la casta maldita de torturadores.

La feliz localización de Aleida Gallangos Vargas, quien luego de 26 años pudo reunificarse con su familia biológica, y los datos que con su aparición han surgido, que nos dan razones fundadas para afirmar que seguramente a corto plazo encontraremos a un hijo de desaparecidos^²¹, me permiten concluir que esta batalla por los desaparecidos también la ganaremos.

Finalmente, la estrella de la esperanza continua siendo nuestra.

David Cilia Olmos, 23 de diciembre de 2001

huasipungodc@hotmail.com

desaparecidosmexico@hotmail.com

Indice de siglas y nombres:

Acosta Chaparro (Arturo): Uno de los principales encargados de la represión salvaje en el Estado de Guerrero, torturador nato, y uno de los mayores desaparecedores de personas en México. Por sus servicios prestados, el Estado lo ascendió a General y le otorgó numerosos puestos que ocupó para el tráfico de estupefacientes, actividad secundaria por la cual es actualmente juzgado.

AFADEM Asociación de Familiares de Desaparecidos en México

Aleida Gallangos Vargas: Hija de Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas destacados militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, una de 5 desaparecidos que la Familia Gallangos buscaba desde 1975.

Carpizo: Jorge Carpizo Mac Gregor, político campechano que ha ocupado entre otros puestos el de rector de la UNAM, presidente de la CNDH, Procurador General de la República, Secretario de Gobernación, embajador de México en Francia.

CISEN. Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo del Estado fundado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortarí, que debería cumplir el papel de Ombudsman.

Comandante Estrella: Comandante de la DFS encontrado culpable de la muerte del periodista Manuel Buendía, responsable directo de la desparición de Rubén Hernández Padrón.

Comandante Pato: agente de la DIPD y de la DFS, miembro del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH y de la Comisión Para los Altos de Chiapas de la misma institución desde 1990 hasta 1997.

Dámaso Tostado: Comandante de la Policía Judicial del Estado de México, participante en el operativo de cerco y captura de Jesús Abel uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdéz en Villa de las Flores, Coacalco Estado de México.

DFS Dirección Federal de Seguridad, organismo creado en 1942, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que cumplía las funciones de policía política, formó parte de la Brigada Especial Anti-guerrillas, también conocida como Brigada Blanca.

Diego Fernández de Cevallos: Dirigente del PAN, uno de los principales enemigos políticos del presidente Fox, al que gusta ridiculizar permanentemente. Enemigo de los indios, de los descalzonados, y muy amigo de banqueros y otro tipo de delincuentes de quién ha sido abogado defensor.

Digna Ochoa: Abogada democrática asesinada en su despacho el 19 de septiembre del año 2001.

DIPD Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, ex servicio secreto dependiente de la Dirección general de Policía y Tránsito, formo parte de la Brigada Especial Anti-guerrillas, también conocida como Brigada Blanca

DSN Cuando el gobierno "descubrió" que la DFS era en realidad una institución dedicada al secuestro, homicidio, la transformó en Dirección de Seguridad Nacional y mas tarde en Dirección de Investigaciones para la Seguridad Nacional, antecesora directa del actual Centro de Investigaciones para Seguridad Nacional, CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Durazo: Arturo Durazo Moreno. Drogadicto titular de la Dirección General de Policía y Transito (DGPT) durante el régimen de López Portillo, arquetipo de la corrrupción policiaca, estuvo preso por diversos delitos, aunque no por los crímenes de lesa humanidad por los cuales, por el contrario, fue premiado por el gobierno en turno.

Eduardo Echeverría Valdez: Militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecido en 1981

Erika Zamora

Fabian Carlos Reyes Domínguez: "Comandante Pato"

Fernándo Chong Santiago

Fox: Vicente Fox Quezada, actual presidente constitucional de México, miembro del PAN.

Gil Heráldez

Gustavo Díaz Ordaz: Presidente de México entre 1964 y 1970, se jactó de ser el responsable directo de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Ignacio Cabrera: Primer Coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, fundado en septiembre de 1990.

Jesús Abel Uriarte Borboa Militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecido en 1981

Jesús Manuel Arana Murillo: Militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre asesinado en 1981.

José Enrique González Ruiz: Abogado de familiares de desaparecidos, exrector de la Universidad de Guerrero, escritor y periodists.

Manuel Barllet Diaz: Principal enemigo declarado del PAN al que tacha de reaccionario y principal amigo y aliado de Diego Fernández de Cevallos del PAN.

Miguel Angel Barraza García: El último de los dirigentes históricos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, asesinado en 1981, luego de 8 años de la más rigurosa persecución policiaca.

Ovando

PAN Partido Acción Nacional, de filiación conservadora, actualmenteen el poder a partir de diciembre del año 2000, luego de más de 70 años de dominación del PRI

PGR Procuraduría General de la República.

PJF Policía Judicial Federal, dependencia de la PGR

PPT Preparatoria Popular Tacuba, escuela alternativa creada a partir del movimiento estudiantil de 1968.

Reyes Penágos Martínez: Miembro de la Unión Campesina Popular Francisco Villa en Nueva Palestina, estado de Chiapas, desaparecido y ejecutado extra judicialemente por la Policía Judicial del Estado de Chiapas en diciembre de 1995.

Roberto Zamarripa: Jefe de Información del Periódico Reforma

Rodolfo Reséndiz: Comandante del Grupo Jaguar, de la DIPD, participante en el operativo de cerco y captura de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdéz en Villa de las Flores, Coacalco Estado de México, uno de los principales torturadores y desaparecedores de personas de la DIPD.

Roque Reyes García: Militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecido en 1981

Rubén Hernández Padrón: Militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecido en 1981

Sahagún Vaca: (Francisco) Cocainómano lugarteniente de Durazo Moreno y titular de la DIPD y del Grupo Jaguar. Fue desaparecido a raíz del descubrimiento de numerosos cadáveres en las márgenes del río Tula, que correspondían a personas detenidas por el grupo Jaguar de la DIPD.

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

Sergio Villanueva: Comandante del Grupo Jaguar, participante en el operativo de cerco y captura de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdéz en Villa de las Flores, Coacalco Estado de México.

Soberanes. José Luis Soberanes: Presidente de la CNDH del año 2000 a la fecha Responsable del "Informe de la CNDH sobre desaparecidos"

Teresa Gutiérrez Hernández: (María) Militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecido en 1981

Zedillo: Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México durante el periodo 1994-2000

1 David Cilia Olmos, Querella por desaparición forzada ante la PGR, 24 de julio del 2001. Mecanoescrito, pp 4 y 5.

2 Roberto Zamarripa, periódico Reforma 3 de Agosto de 2001.

3 Jorge Carpizo, denuncia contra David Cilia Olmos, sin fecha, mecanoescrito, pp 28

4 Javier fue el primer nombre con el que Carlos Fabián Reyes Domínguez se presentó. Su nombre verdadero lo indagamos años después en Nueva Palestina Chiapas.

5 David Cilia Olmos, Carta a Amnistía Internacional, Reclusorio Norte, 3 de octubre de 1991, página 2.

6 Arturo Becerril Rodríguez, David Cilia Olmos, José G. Emigdio Berrocal, Sergio Martínez González, "La CNDH jamás encontrará a los desaparecidos políticos", Boletín de prensa de los presos políticos de la Liga Comunista 23 de septiembre sobre las irregularidades de la comisión investigadora de los desaparecidos políticos dependiente de la CNDH, Reclusorio Norte, abril de 1991, páginas 1 y 2

7 El Universal, "Los Extremistas", México, DF, 17 de abril de 1991.

8 La Jornada, miércoles 17 de abril de 1991

9 Nadin Martineau y Dominique Vouillat, Grupo 342 de Amnistía Internacional, Carta a Cilia Olmos, 26 de septiembre de 1992, Baigorri, Francia.

10 Rosario Ibarra de Piedra, declaraciones a Reforma, publicadas el 8 de julio del 2001, página 8ª.

11 David Cilia Olmos, Carta al Señor José Luis Soberanes, 18, 19 de julio del 2001, página 2

12 David Cilia Olmos, Carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 11 de septiembre de 1990, páginas 4, 6 y 7

13 Angela Montiel Ollivier, carta a David Cilia Olmos, 14 de agosto de 1991, manuscrito.

14 Roberto Zamarripa, Entrevista con Jorge Carpizo, en Reforma, 2 y 3 de agosto de 2201

15 Jorge Carpizo Mac Gregor, denuncia contra David Cilia Olmos, México, Octubre del 2001, página 9

16 Ibid, página 8

17 Roberto Zamarripa, Entrevista con Jorge Carpizo, en Reforma de 1 de agosto de 2001.

18 Luis Raúl González Pérez, oficio 300/93, 30 de agosto de 1993.

19 CNDH, Acta circunstanciada de la actuación con Alberto Estrella, foja 305, expediente de Teresa Gutiérrez Hernández

20 David Cilia Olmos, "Un Acercamiento a la Guerrilla que no Existió", ponencia ante el Encuentro de la guerrilla con la sociedad civil, Universidad Lasalle, 23 de Septiembre del 2000, página 5.

21 Se trata de Lucio Antonio Gallangos Vargas, hermano de Aleida que a los 4 (cuatro) años de edad fue herido y secuestrado por el gobierno y quien desde hace 26 años se encuentra desaparecido.

David Cilia Olmos

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jueves, 11 de junio de 2020

Carpizo y la CNDH. La Otra Cara de la Guerra Sucia

David Cilia Olmos

Ignacio Cabrera en defensa de Carpizo

Soberanes. José Luis Soberanes: Presidente de la CNDH del año 2000 a la fecha Responsable del "Informe de la CNDH sobre desaparecidos"

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