La redada de 4 de abril (Parte 2 Introducción)

LA INCONGRUENCIA DE LA VERSION OFICIAL

En 1992, a dos años de la redada del 4 de abril, realizamos el balance de lo que jurídicamente manejó el Procurador Ignacio Morales Lechuga en representación del Estado mexicano:

Primero: ¿Que motivó legalmente la detención de los que finalmente quedaron presos? ¿que demanda penal existió en la que se señale a los detenidos ANTES de su detención?, ¿en que averiguación previa hay un señalamiento contra ellos antes del 4 de abril? ¿quién los señaló como presuntos implicados en el asesinato de la Jornada, o en los otros delitos que el procurador les endilgó?

Esto podría parecer el gran misterio del procurador Ignacio Morales Lechuga, pero en realidad el secreto es que no hay secreto, NO HAY NINGUNA BASE LEGAL NI ORDENAMIENTO JURIDICO QUE MOTIVARA LA DETENCION DE LOS PRESOS DE 4 DE ABRIL. El procurador no podía tener ordenes de aprehensión contra ellos, porque ni siquiera sabía que los buscaba, los capturó circunstanciadamente mientras buscaba a Cilia Olmos, y al no capturarlo les adjudicó los delitos preparados para él, o los que pudo. El procurador esta en la oportunidad de desmentirme.

Una vez que fueron capturados los detenidos el 4 de abril, ante la obvia imposibilidad de relacionarlos con las muertes de la Jornada, se les implica en delitos para no tener que dejarlos en libertad y hacer el gran ridículo.

Que sólo después de presos se les relaciona con delitos, lo podemos demostrar documentalmente con las fechas de los oficios que Federico Ponce Rojas envió a las distintas agencias del Ministerio Publico en las diferentes delegaciones del D.F. para que le enviaran los expedientes de los delitos con que DESPUES acusarían a los detenidos el 4 de abril.

Es decir, el procedimiento es el siguiente: primero se captura a un ciudadano y después -ya que la acusación original no pudo prosperar- se busca de qué se le puede acusar. Por eso de las redadas para capturar a los asesinos de la Jornada salen consignados ¡por cualquier otro delito!, menos por el que supuestamente se les buscaba. Muy lógico ¿no?

Durante las redadas del 4 de abril se giraron 16 órdenes de cateo; todas las personas relacionadas con ellas salieron libres luego de rendir su declaración. En cambio, en otras 20 casas, que corresponden a ciudadanos que permanecieron en prisión y que fueron saqueadas, no existe ninguna orden de cateo, como lo reconoció en enero de 1991 el doctor Jaime Muñoz Domínguez, director de Control de Procesos de la PGJDF. Ninguno de los presos del 4 de abril tenía orden de aprehensión en su contra, sino que fueron secuestrados y sometidos a tortura e incomunicación sin saber ni siquiera el delito de que se les acusaba; ninguno de sus nombres aparece en alguna averiguación previa antes del 4 de abril. Primero fueron capturados y días después su nombre fue incluido en las averiguaciones previas que más tarde se presentarían para su consignación.

La primera, y única, orden de aprehensión contra el que la oficina del procurador afirmaba era el principal implicado —David Cilia Olmos—, fue solicitada al juez por el agente del Ministerio Público, Arturo Rodríguez Mejía, el 9 de abril, es decir cinco días después de la redada para capturarlo. Una semana después de allanar y saquear decenas de casas, de vejar a cientos de capitalinos, de aplicar brutales torturas contra los detenidos.

Pero no sólo eso. Cinco días más tarde, el 9 de abril, la policía presenta a los detenidos a la opinión pública con propaganda del PROCUP, que según la oficina del procurador tenían en su poder; pero eso es un absurdo, pues se trataba de la misma propaganda que quedó en el vestíbulo de La Jornada el 2 de abril, 7 días antes, el día del asesinato de los dos guardias de seguridad de La Jornada. Asimismo, la oficina del procurador de Justicia del DF presenta armas que se adjudican a los detenidos, incluyendo una pistola marca Llama calibre .45, con la que, según las autoridades, “pericialmente se ha demostrado” que es el arma que dio muerte los dos vigilantes. Nueva mentira, pues más tarde cuando se detiene a David Cabañas Barrientos —dirigente del PROCUP, capturado dos meses más tarde— se presentaría otra pistola .45, en esa ocasión una Colt, con la que también según la Procuraduría “se demuestra pericialmente” que es el arma que privó la vida a los dos vigilantes.

Igualmente se les acusa de intento de asalto al periódico El Financiero y se parte del hecho de que uno de los detenidos (Luis Fernando Roldán Quiñonez) ha entregado algunas colaboraciones en el tema de antropología y ese diario las ha publicado. Junto con estos ilícitos se agrega un largo rosario de delitos a la declaración que se les obliga a firmar en cinco días de tortura.

Se trataba de tener pretextos legales para mantenerlos en prisión hasta que pudiera ser capturado el “principal cabecilla”, según la policía. Las autoridades tenían que justificar la redada del 4 de abril, los excesos y brutalidades de las policías del Distrito Federal y evitar la eventual solidaridad con los detenidos.

Estas, en síntesis, son las bases legales sobre las que descansa el proceso penal que mantuvo durante más de 3 años en la cárcel a los siete ciudadanos que quedaron presos de los más de 166 capturados.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO MEXICANO

A más de dos años de estos hechos, las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos no fueron escuchadas. Se les mantuvo en la cárcel para no tener que reconocer que su confinamiento era una tremenda injusticia. Todas las demandas contra los funcionarios responsables de estas violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos han sido ignoradas hasta la fecha por las autoridades correspondientes.

La primera demanda penal que se levantó en la Delegación Iztapala en contra de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, desapareció sin dejar rastro. La agente del Ministerio Público que se atrevió a levantarla fue removida de su puesto de inmediato. Más tarde se presentó una denuncia a la recién formada Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha guardado silencio durante 26 años.

Posteriormente, la misma demanda se envió a la Asamblea de Representantes del DF el 8 de enero, en ocasión de la comparecencia del procurador Morales Lechuga. Aunque los asambleístas, especialmente Alfredo de la Rosa Hoguín pusieron en aprietos al procurador Ignacio Morales Lechuga, el resultado fue el mismo: nada.

Incluso, al presidente de la República Carlos Salinas de Gortari se le envió una misiva, 31 de enero de 1992, la cual fue publicada en un diario de circulación nacional (Uno más Uno) donde se anotan puntualmente todos los hechos y las denuncias. Nunca hubo una respuesta de su parte.

VOCES QUE DEBEN SER ESCUCHADAS

Este libro ofrece dos hechos importantes. Uno, que se trata de la primera prueba documental, pública, fehaciente —con datos irrefutables, nombres y lugares— de gravísimas violaciones a los derechos humanos, que desnuda las prácticas policiacas que utiliza el Estado que alienta conductas criminales de las policías para enfrentar a los disidentes. Estas prácticas deben cesar, México debe desterrarlas.

El segundo, es que muestra por primera vez en la historia moderna de este país lo que es la guerra sucia y sus secuelas. A manera de ejemplo diremos que en sólo dos familias fueron vejadas por la policía 22 personas; de ellas 15 eran niños de entre seis meses y once años de edad. Son parte de los niños de la guerra sucia, que sufrieron severos traumas sicológicos por lo vivido la madrugada del 4 de abril. Ellos son la punta del iceberg. Si en sólo cinco días de brutalidad policiaca más de 166 ciudadanos fueron presa de la violencia, ¿cuántos miles de compatriotas padecen las secuelas de la guerra que se libró entre 1970 y 1980 en este país?

Este libro contiene 13 testimonios, redactados — muchos contados—, los días siguientes a la redada del 4 de abril, a excepción del de David Cilia Olmos que finalmente fue capturado 6 meses después. En todos los casos se respetó la sintaxis y si no se incluyeron otros testimonios, distintos de familiares o miembros o exmiembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como los vecinos de la unidad habitacional Tlatelolco y otros, que no son menos graves o dramáticos, se debió a que ellos prefieren olvidar; intentan borrar de su mente el 4 de abril y no quieren recordar nada de ese negro día.

Y eso es justamente lo que no pretende este libro. No podemos, no debemos olvidar el 4 de abril de 1990. El futuro de nuestros hijos, del país, depende de ello. El respeto a la vida humana, a la integridad de las personas y, sobre todo, a la justicia, nos grita que no debemos hacerlo. Sólo el recuerdo de ello puede impedir que se repita de nuevo. Sólo una sociedad con memoria y conciencia histórica puede garantizar que no ocurran otra vez este tipo de injusticias. Tener presente hechos como la redada del 4 de abril es la mejor manera de hacernos más libres. Y ese es un buen principio para construir un México más justo.

Estos son los hechos, estos los actores.