La redada del 4 de abril (Revista Proceso)

LOS PRINCIPALES ACUSADOS EN EL CASO DE “LA JORNADA” ELUDIERON LAS REDADAS DE LA PROCURADURIA
Homero Campa y Manuel Robles
Montadas principalmente para detener a los asesinos de los vigilantes de La Jornada, las redadas ordenadas por el procurador de Justicia del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, no cumplieron con su objetivo: de los 166 detenidos en el operativo, que provocó denuncias sobre arbitrariedades, ninguno dijo pertenecer ni al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) ni al Partido de los Pobres (PP), organizaciones ligadas al doble homicidio 
Más todavía: de los ocho consignados por las autoridades, ninguno lo fue por el crimen de los empleados de ese diario, sino por otra serie de ilícitos del fuero común Dos de ellos fueron exonerados por el juez IV del fuero común, Estuardo Mario Bermúdez Molina

Por si fuera poco, los directamente implicados por la PGJDF en el caso, David Cilia Olmos y Felipe Martínez Soriano, que se encontraban prófugos hasta el cierre de esta edición, estuvieron prácticamente a la vista de las autoridades judiciales el mismo día de los hechos, el lunes 2 El primero de ellos estuvo en las afueras del edificio donde están las instalaciones de la revista La Trilla, donde colaboraba y, posteriormente, en la Secretaría de Gobernación, donde denunció una serie de ilícitos relacionados con el operativo

Martínez Soriano hizo ese día declaraciones a la prensa, en la ciudad de Oaxaca, donde se desligó de toda responsabilidad

En los hechos, ninguno de los detenidos o buscados por la policía acepta ser miembro del PROCUP-PP Y esta organización —que sigue enviando comunicados a los periódicos— niega también que lo sean La única que afirma que sí lo son es la PGJDF

“El punto era detener a David Cilia Como no lo lograron, detuvieron a todo el que tuviera relación con él Y a raíz de eso les fabricaron delitos y declaraciones, como la de pertenecer a organizaciones a las que no pertenecen”, dice José Alfredo Andrade, uno de los abogados defensores de los consignados, quien considera que la Procuraduría “montó un show” para hacer declarar a los detenidos, “bajo presiones y amenazas”

Afirma que, de esta manera, los detenidos aceptaron, en sus primeras declaraciones, haber participado en asesinatos y robos a mano armada, para allegarse recursos y revivir las actividades subversivas

No obstante, el viernes 6, el procurador Morales Lechuga había rechazado que existiera la guerrilla urbana o cualquier otro tipo de actividad violenta con fines políticos “No hay subversión, son delitos del fuero común Ya no existe la Liga 23 de Septiembre”, dijo

Resultado de las redadas efectuadas a raíz del doble asesinato de los vigilantes de La Jornada, la PGJDF detuvo a 166 personas, que denunciaron arbitrariedades al momento de ser aprehendidos Dijeron que nunca fue presentada orden de aprehensión ni de cateo Denunciaron, también, el robo de dinero y propiedades y la intimidación, el secuestro y los golpes de que fueron objeto

El director de averiguaciones previas de la PGJDF, Federico Ponce Rojas, rechazó, el domingo 8, que esto último haya sucedido Explicó que “se actuó conforme a derecho y con absoluto respeto a las garantías individuales”

“Es temerario e infundado pretender confundir circunstancias naturales de estas acciones investigatorias con supuestas violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales Dichas afirmaciones son producto de la mala fe, de la ignorancia jurídica o malintencionadas”

Sin embargo, en la tarde del jueves 12 fueron consignados tres elementos de la Policía Judicial capitalina por abuso de autoridad cometido en cuatro de 18 cateos efectuados durantes las redadas

Al día siguiente de las detenciones, a las 20:30 horas, fueron liberadas 69 personas de las 166 detenidas El jueves 5, el número de liberados ascendió a 141 y quedaron sujetos a investigación 25 más Luego fueron liberados poco a poco hasta que quedaron ocho, dos de ellos finalmente exonerados por el juez Al resto se le consignó y el miércoles 11 se le dictó el auto de formal prisión, por los delitos de tentativa de robo calificado, robo calificado diverso, daño en propiedad ajena intencional y homicidio con todos los agravantes Delitos todos ellos ajenos al doble asesinato de La Jornada

Según la PGJDF, Arturo Becerril Rodríguez y Alfredo Rivera González, asaltaron la tienda “Deportes América”, el 4 de noviembre de 1989, donde fue asesinado el policía auxiliar Epifanio Bautista Merino Ambos participaron también, junto con Sergio Martínez González, Rocío Berena Ocampo, Luis Fernando Roldán Quiñones y José Guadalupe Emigdio Berrocal, en el asalto al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, el 3 de noviembre de ese año, así como en los robos al motel “Esperanza”, de la colonia Narvarte, a una editorial, a la empresa de pinturas “Procolor”, a una constructora, al hospital “La Purísima”, de Ciudad Obregón, Sonora, a un banco de la población La Esperanza, a la fábrica “Gamesa” y el intento de robo al periódico El Financiero

La PGJDF informó, el domingo 8, que solicitará la pena máxima, que es de 50 años de prisión

Por falta de pruebas, el juez Bermúdez Molina dejó en libertad a Genaro Martínez Aguirre, quien había sido acusado de los mismos delitos Y fue absuelto Jorge Santos Ramírez, consignado por encubrimiento, quien era el único que alcanzaba libertad bajo fianza

De todos los acusados por estos ilícitos, el único que no está detenido es David Cilia Olmos, quien es señalado por la PGJDF como el jefe de todos ellos y autor material e intelectual del doble homicidio de La Jornada, quien supuestamente escapó en un Atlantic blanco, placas 351-AKK, encontrado posteriormente en Tehuacán, Puebla

El otro autor intelectual de los homicidios, según las autoridades, es el exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano, supuesto dirigente del PROCUP, quien huyó —de acuerdo con la Procuraduría— en un Volkswagen rojo, placas 920-BBZ, con los autores materiales, Alberto Alejandro Rodríguez Sámano y Andrés García Valle Todos ellos fueron consignados, el miércoles 11, y hasta el cierre de esta edición continuaban prófugos

En sus primeras declaraciones ante la Policía Judicial y ante los reporteros, efectuadas el lunes 9 bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los ahora consignados aceptaron los ilícitos que la Procuraduría les imputó Hablaron de su pertenencia a un movimiento subversivo Dijeron que el dinero obtenido de los robos era para “financiar su propaganda, comprar armas y mantener a los militantes” Afirmaron que recibieron instrucción militar en el manejo de armas y en guerrilla urbana E informaron sobre la existencia de ocho células en el país, dos de ellas en el Distrito Federal

Uno de ellos, José Guadalupe Emigdio Berrocal, negó que fuera del PROCUP, pero reconoció que, junto con sus compañeros, pugnaba por “revivir” la Liga Comunista 23 de Septiembre o formar un grupo similar Dijo que su jefe era David Cilia, a quien apodaban “El Marín”, encargado de los contactos con el PROCUP y con otras organizaciones políticas, incluido el PRT y su dirigente, Rosario Ibarra de Piedra Afirmó que alguno de ellos había proporcionado a Rosario Ibarra dinero producto de sus acciones y que ella misma estaba al tanto de sus actividades

Sin embargo, ante el juez, los consignados negaron sus declaraciones previas, que, dijeron, firmaron “bajo presión” Rocío Berena Ocampo sostuvo que los funcionarios de la Procuraduría les dieron un papel, que contenía la versión de lo que deberían declarar El propio Emigdio Berrocal declaró que la Liga Comunista 23 de Septiembre “ya no existe” Y todos se deslindaron del PROCUP y de cualquier organización armada

José Alfredo Andrade, uno de los abogados defensores de los consignados, declaró que la Procuraduría “confunde dolorosamente a Cilia y a sus compañeros con el PROCUP, cuando ninguno de ellos pertenece a esta organización”, que los consignados son inocentes de los robos y homicidios que se les imputan y que su “único pecado es conocer a David Cilia”

“Estuvieron siete días si comer —agregó— Sólo tomaban agua y pan, estaban incomunicados, los golpearon y los amenazaron con sus familias, de quienes no sabían nada Ante esta situación y para evitar que fueran torturados, recomendamos que en esas primeras declaraciones dijeran que sí a todo lo que se les achacaba y que, ante el juez, donde se tienen garantías, declarasen la verdad”

Aseguró que Morales Lechuga se comprometió a respetar un acuerdo con la Procuraduría, donde se establece que si los inculpados declaraban de buena fe, los cargos serán con atenuantes y la pena irá de la mínima a la media “Pero luego, de mala fe, les hicieron una declaración ampliada, donde se les imputaron ilícitos que no cometieron y les quieren aplicar la pena máxima: 50 años de prisión”

El PRT y Rosario Ibarra, rechazaron las imputaciones hechas el lunes 9 por los detenidos En un desplegado de prensa publicado el miércoles 11, afirman que “es completamente falso que hayan tenido relación alguna con la supuesta organización que conforman estas personas Nadie jamás pidió relación, refugio o apoyo o, por el contrario, ofreció apoyo, dinero o recursos a nombre de esta organización ni al PRT ni a Rosario Ibarra

“Es especialmente falso, además de absolutamente increíble para cualquiera que tenga el menor conocimiento político, que pudiera haber una relación solidaria, de simpatía o comunicación entre Rosario Ibarra, el PRT o el Frente Nacional Contra la Represión con el PROCUP o alguno de los agrupamientos que impulsa públicamente

“Cualquiera sabe que, por el contrario, el PROCUP se ha caracterizado por atacarnos permanentemente Más aún, algunos de los miembros del FNCR han sido amenazados de muerte por el PROCUP y familiares de activistas ya asesinados por el PROCUP son actualmente parte del FNCR

“La afirmación —concluye el desplegado— de que miembros de grupos clandestinos hayan pedido su afiliación al PRT puede justificar una represión al derecho de asociación y organización partidista en un momento precisamente en que el PRT está en una campaña de afiliación y celebración de asambleas públicas, con el objetivo de recuperar su registro legal”

En declaraciones a la prensa, Rosario Ibarra agregó que conoció superficialmente a David Cilia, quien se presentaba con el nombre de Demetrio Dijo que la primera vez que Cilia habló al FNCR lo hizo como experseguido político y compañero de los presos de la Preparatoria Popular Tacuba Luego, a raíz de los hechos de La Jornada, habló con ella por teléfono varias veces para denunciar las arbitrariedades de las redadas y pedir que interviniera para que a los detenidos se les tratara conforme a la ley

De hecho, David Cilia y Martínez Soriano, los hombres más buscados por la PGJDF, estuvieron a la vista de todos, incluso de las autoridades

Ercilia Feria Ortiz, directora general de la revista La Trilla —cuyas oficinas fueron cateadas y parte de su personal detenido— relata que al llegar al local de la revista fue informada sobre las detenciones de cuatro de sus compañeros y la ocupación de sus oficinas por agentes judiciales Dijo que ya no entró y decidió ir a denunciar el hecho Abajo del edificio se encontró a Cilia y, sin suponer que era a él a quien buscaban, le informó lo sucedido

—¿Qué vas a hacer? —le preguntó Cilia

—Voy a La Jornada a denunciar los hechos y a pedir que me acompañe un reportero y un fotógrafo para ver el estado de la oficina ¿Y tú qué vas a hacer?

—Yo voy a ver a Rosario Ibarra

Y sí, según relata Rosario Ibarra en su editorial del 10 de abril en El Universal, Cilia le habló varias veces por teléfono para denunciar primero la detención de Roberto Fernández Olvera, su madre inválida y su hija de siete años; luego, la del personal de La Trilla; después, la de Rocío Berena Ocampo y sus hijos pequeños y, más tarde, a toda la familia Ocampo Rabadán

Cilia también le habló a Edgar Sánchez, dirigente del PRT Acordaron verse en la Secretaría de Gobernación unas horas después Entraron a la dependencia y buscaron al director de Derechos Humanos, Luis Ortiz Monasterio Hablaron con su secretario particular Se presentaron con sus nombres Cilia le explicó las detenciones y los cateos El funcionario tomó nota y afirmó que iba a investigar y los despidió diciendo que les informaría en cuanto tuviera noticias

Paralelamente, cuando ya se buscaba a todo integrante del PROCUP por el doble asesinato, Felipe Martínez Soriano despachaba en su oficina Ese mismo día fue entrevistado por El Universal en el local del Frente Nacional Democrático Popular —ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza—, supuesta organización filial del PROCUP

Mientras tanto, la policía capitalina buscaba a ambos y detenía a sus amigos y familiares

Cilia envió una carta el jueves 5 al director de La Jornada, Carlos Payán Velver En ella relata las detenciones de amigos y parientes Afirma que no tiene nada que ver con los homicidios y que nunca ha militado ni tiene algo que ver con el Partido de los Pobres, el PROCUP o el FNDP Asegura incluso que difiere de sus concepciones, objetivos, tácticas y estrategias Reconoce, sin embargo, que “he sido militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre”, pero aclara que “el militar o el haber militado en el partido que me da la gana no constituye ningún delito, aun cuando este haya sido la Liga Comunista 23 de Septiembre”

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA), Cilia procede de la Brigada Roja de la Liga 23 de Septiembre, que fue el grupo hegemónico de la organización hasta que se fraccionó en más de ocho agrupaciones Cilia fue uno de los miembros que nunca estuvieron presos y por lo tanto no alcanzó la amnistía decretada en 1980, situación que, en los hechos, lo mantuvo en la semiclandestinidad durante diez años “Su actitud era la de un guerrillero, pero sin actividad armada”, comentan Miguel Anzando Jiménez, José Filemón Cruz y Alfredo de la Rosa, coordinadores del CIHMA

Y mientras la PGJDF dice haber ya identificado a los culpables y que sólo falta detenerlos, el PROCUP-PP sigue enviando sus comunicados sin problema alguno La semana pasada envió por lo menos dos mensajes a los medios de información

El martes 10 y el jueves 12, reporteros de este semanario recogieron esos comunicados, tras de recibirse instrucciones telefónicas El primero, en calle Sur 69 y Churubusco, reprueba “el gigantesco operativo”, en que “miles de ciudadanos indefensos, entre los que se encontraban niños de meses, adolescentes, mujeres, ancianos e inválidos, en su gran mayoría trabajadores humildes, fueron víctimas de la barbarie represiva ordenada por los altos manos del estado”

Afirma que “este golpe instrumentado por el Estado significa el inicio de una nueva etapa del desarrollo de la estrategia de contrainsurgencia, con el objetivo de reducir los espacios políticos para la lucha de masas” A ello, dice, “se agregan las actividades irresponsables y carentes de ética profesional de individuos escudados por la labor periodística, realmente se revelan como plumas mercenarias de la guerra sucia contra el pueblo y sus organizaciones de vanguardia, fungiendo en la práctica como asesores de la contrainsurgencia”

Luego, se refirió a lo dicho por el colaborador de La Jornada, Miguel Angel Granados Chapa, en su columna “Plaza Pública” En cinco puntos, el comunicado criticó a éste por dar “publicidad a infundios y tergiversaciones, que sólo favorecen a la estrategia del Departamento Contraguerrillero de la Dirección Federal de Seguridad”

Expresa: “Los hechos lamentables del 2 de abril, no son parte de una estrategia ni una táctica, que fue un hecho circunstancial” Y afirma: “La violencia no es creada por nosotros, es un fenómeno objetivo inherente a toda la sociedad dividida en clases y es el Estado encargado de instrumentarla”

El día siguiente, en su columna, Granados Chapa respondió que “manos oligarcas y funcionarios no vamos a transformar la sociedad mexicana Pero, por mi parte, estoy seguro que tampoco vamos a conseguir ese resultado matando conserjes desarmados, ni antiguos militantes de organizaciones armadas, ni miembros del Partido Comunista, ni amenazando a periódicos ni a periodistas” Y se mostró preocupado “por la soltura y el desembozo con que, a pesar de la persecución en su contra, continúan actuando estos grupos”

En la misma edición de ese diario apareció, en primera plana, un editorial titulado: “No al terror” Y un desplegado de apoyo a Granados Chapa de los trabajadores y colaboradores de esa editorial

En el segundo mensaje, recogido en una caseta telefónica ubicada frente a la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del IPN, en el Casco de Santo Tomás, el PROCUP afirmó que no está contra la libertad de expresión, “y mucho menos hemos insultado o amenazado a ningún periodista” Y pregunta: “Se presentarían acaso a una entrevista con nosotros, para aclarar nuestros puntos de vista?” Luego, por medio de preguntas, el comunicado se refiere a las afirmaciones del PRT y del FNCR: “¿Qué miembro del FNCR ha sido amenazado de muerte por el partido? ¿Quiénes fueron los activistas asesinados y qué compromiso tenían con nosotros? ¿Por qué se obstina el PRT en señalar que el PROCUP impulsa organizaciones abiertas?” Por último, aclara: “Ninguno de los detenidos ni de los consignados es miembro de nuestros partidos”

Tomado de: http://www.proceso.com.mx/154806/los-principales-acusados-en-el-caso-de-la-jornada-eludieron-las-redadas-de-la-procuraduria